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02/05/2026
La política fueguina ingresó en un terreno de confrontación total durante las primeras horas de este 1° de mayo. En una sesión que terminó pasadas las 4 de la mañana, una mayoría de 11 legisladores sobre un total de 15 decidió derogar la ley que convocaba a reformar la Constitución provincial. Esta maniobra intenta desactivar el llamado a las urnas previsto para el próximo 9 de agosto, una iniciativa que el gobernador Gustavo Melella sostiene a pesar del revés parlamentario.
La votación dejó al descubierto un mapa de coincidencias que hasta ayer parecía imposible. El bloque de La Cámpora, referenciado en el intendente de Ushuaia Walter Vuoto, sumó sus votos a los de La Libertad Avanza y el Movimiento Popular Fueguino para bloquear el decreto del Ejecutivo.
Desde la gobernación interpretan este movimiento como una defensa corporativa de la Legislatura, ya que la reforma propone eliminar los cargos vitalicios y poner fin a las reelecciones indefinidas de los diputados provinciales.
En el entorno de Melella fueron tajantes al asegurar que el proceso electoral no se detiene y que el mandatario hará uso del derecho al veto de forma inmediata. El argumento oficial es que la reforma busca modernizar la estructura del Estado, incluyendo la digitalización de expedientes y un tope salarial donde nadie gane más que el gobernador.
En este punto, el oficialismo apunta contra figuras que ocupan bancas desde hace más de un cuarto de siglo, señalando que la resistencia es a perder "privilegios para pocos". La Libertad Avanza, a través del senador Augusto Coto, celebró la derogación asegurando que "primó la cordura" y acusó al gobernador de especulación electoral. Sin embargo, este frente opositor no solo enfrenta a Melella en lo político, sino que ahora se encamina a una batalla legal de final incierto.
El Ejecutivo analiza realizar denuncias por la naturaleza de la sesión nocturna, mientras que expertos como el constitucionalista Daniel Sabsay advierten que, una vez iniciado, el proceso de reforma constitucional es difícil de interrumpir.
La ruptura con el camporismo, antiguo aliado de Melella en su reelección, profundiza una crisis que trasciende lo administrativo para convertirse en una pelea por el control territorial de la isla. El bloque Somos Fueguinos, que ya había logrado frenar el proceso en la justicia anteriormente, fue quien lideró la propuesta de derogación en el recinto.
Los legisladores que cambiaron su voto respecto al año pasado, como Laura Colazo, justificaron su postura en que los contextos actuales son diferentes a los de finales de 2023. El escenario judicial previo le otorgaba a Melella un respaldo importante, dado que el Superior Tribunal de Justicia había declarado legítima la convocatoria tras un fallo de 81 páginas.
En esa resolución, el máximo tribunal provincial incluso emplazó al gobernador a fijar la nueva fecha de elecciones, mandato que el Ejecutivo cumplió el último miércoles. Ahora, la derogación de la ley 1529 por parte de la Legislatura plantea un conflicto de jerarquías normativas que probablemente regrese a los despachos judiciales.
"El 9 de agosto, cada fueguino y fueguina va a poder elegir quiénes van a escribir la constitución que nos merecemos", publicó Melella en sus redes sociales, ratificando su voluntad de sostener el calendario electoral.
El gobernador, cuyo mandato vence en 2027 y no tiene posibilidad de reelección según el texto vigente, niega que la reforma busque habilitar un nuevo periodo personal. No obstante, la desconfianza de la oposición y los intendentes de Ushuaia y Río Grande dinamitó cualquier posibilidad de consenso político.
Solo cuatro votos intentaron sostener la ley de reforma en el recinto: los tres representantes del bloque Forja y una legisladora de Tolhuin. El resto de la cámara, incluyendo monobloques y partidos provinciales, coincidió en que la urgencia de Melella por reformar más de 70 artículos de la Constitución no representa hoy una prioridad social.
La velocidad con la que se trató el asunto 74 del orden del día, en plena madrugada del Día del Trabajador, marca la temperatura de un conflicto que está lejos de resolverse. La incertidumbre ahora se traslada al terreno de las presentaciones legales que cada bando prepara para las próximas horas.
En medio del conflicto institucional, el espacio político del gobernador Gustavo Melella, FORJA, salió a fijar posición con un comunicado en el que ratifica la continuidad del proceso de reforma constitucional y rechaza cualquier intento de retrotraerlo.
“El proceso constituyente ya está en marcha y no puede ser detenido ni retrotraído”, señala el texto difundido, donde el sector oficialista sostiene que se trata de una instancia “histórica que trasciende cualquier coyuntura política” y que pone en juego el futuro institucional de la provincia.
El comunicado enfatiza que la reforma no puede ser tratada como una ley común, sino como una decisión adoptada con mayorías especiales que activa el poder constituyente. En esa línea, advierte que modificar o interrumpir el proceso “afecta la seguridad jurídica, genera incertidumbre y debilita la confianza en las instituciones”.
En relación al impacto económico de la convocatoria electoral, aseguran que se desarrollará con “responsabilidad y austeridad”, utilizando estructuras estatales ya existentes para evitar gastos adicionales.
Además, el espacio oficialista reivindicó el rol de la Convención Constituyente como ámbito soberano para debatir los cambios, al tiempo que remarca que el proceso debe continuar “con diálogo, participación y responsabilidad institucional”, sin quedar sujeto a decisiones coyunturales.
Mientras el gobernador insiste en que "Tierra del Fuego tiene futuro" si se avanza con los cambios constitucionales, la oposición se abroquela para impedir lo que consideran una maniobra de concentración de poder. Con el veto en camino y una Legislatura dispuesta a insistir, la provincia queda a la espera de una definición que determine si habrá o no elecciones en agosto.
