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29/04/2026
El legislador del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Pablo Villegas, cuestionó la convocatoria impulsada por el gobernador Gustavo Melella para elegir convencionales constituyentes, y puso el foco en un aspecto institucional que, según planteó, podría comprometer la validez del proceso.
En declaraciones al programa “Costo Político” por Radio Provincia, el parlamentario sostuvo que la facultad del Poder Ejecutivo para avanzar con este tipo de convocatoria “es de carácter residual” y depende de una ley habilitante sancionada por la Legislatura. En ese sentido, advirtió que “si esa ley se deroga, la convocatoria podría quedar sin sustento”, lo que —según afirmó— abre la puerta a un eventual escenario de judicialización.
Más allá del plano jurídico, Villegas calificó la decisión del Ejecutivo como “una falta de respeto al pueblo fueguino” y consideró que responde a una agenda política desconectada de la realidad social y económica de la provincia.
“El contexto actual está marcado por problemas estructurales: dificultades en el sistema de salud, conflictos salariales en el sector docente, complicaciones en el acceso a medicamentos y un escenario económico complejo. En ese marco, avanzar con un proceso de reforma constitucional no parece responder a una demanda social concreta”, expresó.
Asimismo, el legislador advirtió sobre el impacto económico de la medida. “No es razonable destinar recursos millonarios a un proceso electoral cuando el propio Estado enfrenta dificultades para sostener servicios esenciales”, sostuvo.
Villegas también planteó que la discusión por la reforma podría desplazar del debate público otros temas urgentes. “Existe el riesgo de que se corra el eje de los problemas reales de la provincia hacia una agenda que hoy no es prioritaria para la mayoría de los fueguinos”, señaló.
Finalmente, insistió en que la iniciativa “carece de legitimidad social” y reiteró sus reparos tanto en el plano político como institucional, al considerar que el proceso podría derivar en conflictos judiciales si no se garantizan las condiciones legales necesarias para su desarrollo.