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28/04/2026
La legisladora provincial por el Partido Justicialista, Victoria Vuoto, planteó reparos al proceso de reforma de la Constitución de Tierra del Fuego y solicitó que el Ejecutivo evalúe postergar el llamado, en función del contexto social y económico que atraviesa la provincia.
En declaraciones radiales, la parlamentaria recordó que no acompañó la declaración de necesidad de reforma aprobada por la Legislatura —que obtuvo 11 votos a favor y 4 en contra— y sostuvo que el debate “no responde a las preocupaciones reales de la ciudadanía”.
Según expresó, el proyecto está centrado en aspectos institucionales que, a su entender, no forman parte de la agenda urgente de la población. “Hoy no está en discusión pública el funcionamiento de los organismos de control o su composición, mientras hay problemas más inmediatos que requieren atención”, indicó.
En esa línea, remarcó la necesidad de discutir un modelo de desarrollo productivo para la provincia, así como políticas vinculadas a educación, salud, niñez y adultos mayores. “No digo que la provincia no deba repensarse, pero no en estos términos ni en este momento”, afirmó.
No obstante, la legisladora se manifestó en contra de judicializar el proceso, al considerar que la decisión de avanzar con la reforma fue adoptada por mayoría legislativa y que el gobernador cuenta con las facultades para llevarla adelante. “Es un tema abierto, pero dentro de las herramientas institucionales”, aclaró.
Vuoto también puso el foco en el costo económico que implicaría una eventual reforma constitucional, que estimó en varios miles de millones de pesos. En ese sentido, cuestionó la oportunidad del gasto frente a la situación social: “Se recortan recursos básicos como el gas envasado para las familias, mientras una reforma demandaría una inversión muy significativa. Es necesario discutir prioridades”.
La parlamentaria enumeró además una serie de problemáticas que, según indicó, requieren respuestas urgentes por parte del Estado provincial, entre ellas la situación del sistema educativo, la salud pública, la obra social estatal (OSEF), la Caja de Previsión de la Policía y la intervención del puerto de Ushuaia.
En paralelo, se refirió al proyecto de ley de “goteo” de coparticipación, que busca regular la transferencia de fondos a municipios y entes autárquicos. La iniciativa ya cuenta con dictamen en comisión y podría ser tratada en la próxima sesión legislativa.
“Se trata de una herramienta para dar previsibilidad a los municipios y evitar conflictos históricos con la Provincia por el envío de recursos”, explicó, al tiempo que señaló que el texto podría ser ajustado en busca de consensos antes de su aprobación.
Por otra parte, Vuoto se refirió al debate sobre la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), tras un encuentro con funcionarios nacionales. Si bien valoró la instancia de intercambio, expresó dudas sobre el impacto real del régimen en la generación de empleo.
“Los datos presentados no muestran una correlación clara entre beneficios otorgados y puestos de trabajo generados”, sostuvo, y advirtió sobre la necesidad de resguardar los estándares ambientales de la provincia ante eventuales inversiones.
Finalmente, también se refirió al debate por la ampliación del ejido urbano de Ushuaia y a la discusión de una nueva tarifaria impulsada por el Ejecutivo provincial. En ambos casos, consideró que se trata de temas que deben abordarse en comisión, con participación de los distintos sectores, y remarcó la importancia de sostener el funcionamiento activo de la Legislatura frente al actual contexto.
