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11/08/2026
La controversia en torno al funcionamiento de la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de Ushuaia tendrá ahora un nuevo capítulo en el Concejo Deliberante. Los concejales Vladimir Espeche, del Movimiento Popular Fueguino, y Marjorette Saldías, de La Libertad Avanza, presentaron un proyecto de ordenanza para crear una Comisión Investigadora Especial destinada a revisar el funcionamiento de esa dependencia municipal.
La iniciativa fue ingresada este martes y plantea que la comisión evalúe la legalidad, transparencia, eficiencia, eficacia, razonabilidad, celeridad y regularidad administrativa de los procedimientos desarrollados en Obras Privadas. El período bajo análisis abarcaría todas las actuaciones, expedientes, permisos de obra y resoluciones administrativas tramitadas desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la finalización de las funciones de la comisión.
El proyecto llega pocos días después de que el ingeniero civil Miguel Hidalgo denunciara públicamente la existencia de un supuesto circuito de coimas vinculado con la tramitación de expedientes en Obras Privadas y cuestionara las demoras y el sistema de excepciones urbanísticas. Frente a esas acusaciones, la Municipalidad rechazó los señalamientos y defendió el funcionamiento del área. La secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Carolina Yutrovic, sostuvo que los procedimientos se ajustan a la normativa y afirmó que, si existieran pedidos de coimas, sería la primera en denunciarlos.
El proyecto presentado ahora por Espeche y Saldías no parte de dar por acreditadas esas acusaciones. De hecho, sus fundamentos expresamente señalan que la comisión no tendrá como objetivo atribuir responsabilidades anticipadas ni formular juicios de valor sobre funcionarios, agentes, profesionales o particulares. La intención declarada es realizar un análisis institucional que permita determinar la existencia o inexistencia de eventuales irregularidades o deficiencias administrativas.
Sin embargo, el alcance propuesto es considerablemente más amplio que las denuncias que originaron la controversia. La comisión debería analizar la estructura y organización de Obras Privadas, la distribución de funciones, los mecanismos de control interno, la gestión de expedientes físicos y digitales, el cumplimiento de los plazos administrativos y la actuación de los profesionales que intervienen en los trámites.
También se propone revisar los permisos de obra, las inspecciones, la aplicación del Código de Planeamiento Urbano y del Código de Edificación, el otorgamiento de excepciones y las actuaciones vinculadas con empresas constructoras, desarrolladores, fideicomisos y particulares. A eso se suma una auditoría sobre la seguridad, integridad y trazabilidad de los sistemas informáticos y bases de datos de la dependencia.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la posibilidad de detectar expedientes que hayan sufrido demoras injustificadas, tratamientos diferenciados sin fundamento objetivo o diferencias de criterio administrativo o técnico. También contempla investigar posibles incumplimientos normativos, deficiencias en los controles internos y eventuales conflictos de intereses que pudieran afectar la transparencia o la igualdad de los administrados.
La comisión estaría integrada por un representante de cada uno de los bloques políticos con representación en el Concejo Deliberante. Los bloques tendrían cinco días desde la promulgación de la ordenanza para designar a sus representantes titulares y suplentes.
La iniciativa también prevé incorporar asistencia técnica externa. Para ello, la comisión podría convocar a especialistas de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros o profesionales independientes con reconocida idoneidad en derecho administrativo, urbanismo, agrimensura e ingeniería civil. Estos consultores podrían emitir informes técnicos, dictámenes no vinculantes y peritajes, además de participar con voz pero sin voto en las reuniones e inspecciones oculares.
El plazo previsto para la investigación es de 120 días corridos desde su constitución formal, con posibilidad de una única prórroga de hasta 60 días. Durante ese período, la comisión tendría facultades para requerir informes y copias certificadas de expedientes, realizar inspecciones en dependencias municipales y citar a funcionarios, agentes municipales, profesionales de la construcción y particulares vinculados con las actuaciones investigadas.
El proyecto establece además que los funcionarios y agentes del Departamento Ejecutivo, especialmente aquellos que se desempeñan en Obras Privadas, deberán comparecer ante las citaciones y proporcionar la documentación requerida, dentro del marco de la normativa vigente y con respeto de las garantías personales reconocidas por la Carta Orgánica Municipal.
El resultado de la investigación debería plasmarse en un informe técnico y un dictamen final que serán elevados al plenario del Concejo Deliberante. Si durante el análisis surgieran indicios de irregularidades graves, faltas éticas o presuntos delitos, la propuesta contempla remitir las actuaciones a la Sindicatura General Municipal y/o a la autoridad judicial competente.
La presentación coloca así la discusión sobre Obras Privadas en un terreno distinto al de las acusaciones cruzadas. Mientras el Ejecutivo municipal rechazó los cuestionamientos y defendió los procedimientos del área, el proyecto de Espeche y Saldías propone que el propio Concejo Deliberante avance sobre los expedientes y mecanismos administrativos para establecer, con documentación y asistencia técnica, cómo funciona efectivamente una de las áreas más sensibles de la estructura municipal.
La iniciativa deberá ahora atravesar el tratamiento legislativo correspondiente y conseguir el acompañamiento necesario dentro del Concejo para convertirse en ordenanza.
