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04/05/2026
Victoria Vuoto sostuvo que el llamado a una reforma constitucional constituye “el proceso político más relevante para quienes habitan un territorio” y remarcó que la potestad para impulsarlo corresponde exclusivamente a la Legislatura, en tanto órgano con representación directa de la ciudadanía fueguina. En ese marco, señaló que la Constitución exige una mayoría agravada para avanzar en ese sentido y advirtió que la situación actual se encuentra atravesada por la suspensión judicial del proceso.
La dirigente explicó que no sólo la convocatoria, sino también la definición de los plazos y condiciones del proceso, son atribuciones del Poder Legislativo. Recordó que la ley de necesidad de reforma establecía un plazo de 210 días, y cuestionó que, tras la intervención judicial, el Ejecutivo haya reiniciado el conteo sin participación legislativa. “El gobernador avanzó con el llamado a elecciones sin consulta, aprovechando la suspensión. Se trata de una intromisión en competencias propias del Legislativo”, afirmó.
En ese contexto, indicó que la mayoría de los bloques —con excepción de FORJA— coincidieron en que no es oportuno abrir este debate en el escenario actual. “Las demandas sociales están desbordadas y entendemos que la discusión estructural puede postergarse”, expresó. A su vez, planteó que, al no existir un proceso electoral en curso, la propia Legislatura tiene la facultad de dejar sin efecto el proceso constituyente.
Vuoto recordó que el Partido Justicialista ha sostenido históricamente la necesidad de revisar la Constitución provincial, aunque aclaró que no considera adecuado hacerlo en este momento. Como ejemplo, mencionó el contraste entre el impulso a la reforma y decisiones recientes del Ejecutivo, como el recorte en subsidios al gas envasado. “Se habla de un costo de miles de millones para la reforma mientras se ajusta en áreas sensibles por montos menores. Es una contradicción”, señaló.
En relación con el eventual veto anunciado por el gobernador, la referente del PJ planteó que existe un desacople entre la voluntad del Ejecutivo y el posicionamiento mayoritario del arco político. “No nos oponemos a discutir una reforma, pero sostenemos que este no es el contexto”, indicó, y remarcó que el sistema democrático se estructura en base a los partidos políticos, cuya mayoría hoy no acompaña la iniciativa.
También cuestionó la falta de previsión del Ejecutivo ante un escenario económico adverso. “Se plantea una lógica de ‘sálvese quien pueda’ sin un plan claro de contingencia. La Provincia depende de transferencias nacionales para sostener salarios, y no hay una estrategia definida frente a una eventual interrupción de esos recursos”, advirtió.
Por otra parte, se refirió a la denominada Ley de Goteo y criticó la postura del Gobierno provincial frente a una norma que establece la transferencia automática de fondos coparticipables a los municipios. Señaló que distintos actores políticos promovieron históricamente este mecanismo, pero modificaron su posición al asumir responsabilidades de gestión. “Es una herramienta que otorga previsibilidad y permite cerrar un conflicto histórico entre Provincia y municipios”, afirmó.
En esa línea, relativizó los argumentos técnicos esgrimidos por el Ejecutivo para cuestionar la aplicación de la ley. “Hace dos décadas, con sistemas mucho más precarios, las transferencias se realizaban con regularidad. Hoy, con procesos digitalizados, no pueden alegarse demoras administrativas”, sostuvo, y sugirió que el trasfondo del debate está vinculado al manejo de recursos.
Respecto al proyecto vinculado a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), Vuoto lamentó que no se haya logrado avanzar con una modificación del directorio que permita recuperar su autarquía. Indicó que la iniciativa buscaba, entre otros aspectos, garantizar el envío regular de fondos y equilibrar la representación dentro del organismo, evitando una concentración de poder en el Ejecutivo.
Explicó que, si bien el dictamen había sido aprobado en comisión, no alcanzó los votos necesarios en la instancia final de tratamiento. “Sólo siete legisladores acompañamos la iniciativa. Fue un resultado inesperado”, señaló, y agregó que incluso un pedido de reconsideración no prosperó por falta de respaldo.
Pese a ello, confirmó que el proyecto fue nuevamente presentado, con el objetivo de reabrir el debate sobre el funcionamiento del organismo. “Es necesario garantizar equilibrio y autonomía para que la obra social funcione correctamente”, remarcó.
Por último, destacó la sanción de una ley que prohíbe los cortes de servicios básicos durante el invierno. Explicó que la medida no elimina la deuda de los usuarios, pero obliga a las empresas a ofrecer planes de pago accesibles y evita la remoción de medidores en una época crítica. “Se trata de una herramienta para atravesar el invierno en condiciones más dignas”, concluyó, y subrayó la importancia de que la Legislatura intervenga en la definición de tarifas para evitar aumentos desmedidos en el actual contexto.
