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22/05/2025
Salta se convirtió en una de las primeras ciudades del país en reglamentar formalmente el uso de plataformas digitales de transporte como Uber y DIDI. A través del Decreto Nº 0262, firmado por el intendente Emiliano Durand y publicado esta semana en el Boletín Oficial, la Municipalidad otorgó un marco legal al funcionamiento de estas apps bajo la figura del Servicio de Movilidad para Usuarios de Plataformas Digitales de Transporte (SeMUPDiT).
La norma establece condiciones: habilitación municipal obligatoria para las plataformas, protocolos de seguridad conectados al 911, sistemas de evaluación, seguros, licencias profesionales para conductores y control de vehículos con código QR. También contempla capacitaciones en género, prácticas de sustentabilidad y un régimen sancionatorio claro, incluyendo inspecciones aleatorias.
La medida marca un punto de inflexión en el debate nacional sobre el transporte urbano, donde las aplicaciones funcionan desde hace años sin regulación clara, generando tensiones con los servicios tradicionales. La ciudad de Salta, al encarar una legislación integral, optó por asumir una realidad que muchas otras capitales aún intentan ignorar.
Mientras tanto, en Ushuaia, el uso de plataformas digitales como Uber permanece prohibido por ordenanza, aunque su presencia en las calles es notorio. Decenas de conductores operan a través de la app, incluso muchos vinculados al sistema formal de remises y taxis.
No obstante, el marco legal vigente ya fue cuestionado por la Justicia. En un fallo del 2024, el Juzgado Correccional de Ushuaia declaró inconstitucionales las ordenanzas 5283 y 6214, que prohíben expresamente el funcionamiento de estas plataformas. El tribunal consideró que ambas disposiciones eran contrarias a la Constitución, por lo que dejó sin efecto las sanciones impuestas por el Juzgado de Faltas a choferes que operaban con Uber. En la práctica, esto significa que la aplicación está habilitada legalmente, aunque el Concejo Deliberante todavía no logró sancionar una norma que lo regule formalmente.
En respuesta a este escenario, el Concejo Deliberante decidió encarar el debate el 23 de abril pasado. La Comisión de Policía Municipal, presidida por el concejal justicialista Gabriel De la Vega, recibió a representantes del sector de remises, quienes, lejos de rechazar la competencia de Uber, reclamaron una pronta regulación. “La situación es una anarquía”, describió uno de ellos, y agregó: “Queremos saber cuáles son las reglas del juego. Si hay que devolver las licencias, lo haremos, pero primero queremos certezas”.
El planteo marcó un quiebre respecto a posturas históricamente reacias a la competencia de las plataformas. En ese mismo sentido, la concejal Daiana Freiberger calificó el momento como “histórico” y subrayó la necesidad de adaptar las normas a la nueva realidad social y tecnológica. “La Ushuaia de hoy no es la misma que hace 10 años”, sostuvo.
Durante la primera semana de abril, previo a la intervención de los remiseros, la Asociación de Propietarios de Taxis había pedido sumarse al debate. En una nota dirigida al Concejo Deliberante, solicitaron participar de las comisiones y hasta admitieron tener un proyecto propio de regulación. Se trata de un giro brusco, considerando que ese sector había encabezado acciones directas y hasta agresiones físicas contra choferes de plataformas en años anteriores.
“La intención es dar a conocer un proyecto para crear un marco legal”, explicaron, reconociendo que las plataformas ya funcionan más allá de lo que dicta la normativa vigente. Esa admisión dejó en evidencia que la discusión ya no es si Uber debe operar o no, sino bajo qué condiciones lo hará.
Actualmente, hay al menos tres proyectos en estudio. Uno de ellos fue impulsado por la concejal Belén Monte de Oca, de La Libertad Avanza, quien tomó el tema como bandera política y propuso habilitar la actividad con una regulación clara. El concejal Valter Tavarone, por su parte, advirtió que “la realidad se iba a imponer” y que la falta de una respuesta legislativa solo profundiza la precariedad laboral.
El caso de Salta revela que es posible regular esta nueva modalidad sin destruir el transporte tradicional, pero exige voluntad política y una visión moderna. Mientras las plataformas operan en la informalidad —aunque con respaldo judicial— y los pasajeros siguen optando por ellas, el Concejo Deliberante discute si legislar lo que en los hechos ya ocurre.
