Tensiones y amenazas en medio del debate por la llegada de Uber a Tierra del Fuego

10/07/2023

El desembarco de Uber en Tierra del Fuego propició un clima de tensión entre quienes pretenden utilizar ese servicio como medio para generar ingresos y las agrupaciones que nuclean a los sectores de taxis y remises, quienes perciben una competencia desleal por parte de quienes utilizan este tipo de aplicaciones.

Como ocurrió en otras provincias del país, el conflicto fue escalando a nivel local hasta convertirse en un tema central de discusión política. En poco tiempo los diferentes actores que intervienen en el debate se posicionaron a favor o en contra de este tipo de modalidad laboral.

Esto instalo algo que también ya se había visto en la ciudad de Buenos Aires: una polarización entre promotores y detractores de Uber. Por un lado el propio gobernador y los intendentes de las tres ciudades ligados al peronismo rápidamente fijaron posición a favor de taxistas y remiseros. Inclusive fue por presiones de ese sector que se aprobó en la última sesión del Concejo Deliberante de Ushuaia, que se llevó a cabo durante la semana pasada, una ordenanza para aplicar multas altísimas a quienes presten este tipo de servicio por considerarlo ilegal.

Por otro, referentes como la radical Liliana Martínez Allende o Federico Frigerio –candidato a diputado por JxC – se pronunciaron a favor del desembarco de la empresa. Los propios ciudadanos se mostraron permeables a la llegada de Uber. Este dato fue revelado por una encuesta realizada por la consultora Neodelfos que arrojó resultados muy nítidos: tanto en Río Grande como en Ushuaia más del 80% de los encuestados manifestaron que es algo positivo o que hacía falta la llegada del servicio.

Durante la semana pasada se trató el asunto 233/23 en la comisión de legislación general nro. 1 de la legislatura provincial.  Como ocurrió en el Concejo Deliberante, la propuesta de ley “anti Uber” fue una iniciativa de los sectores que prestan servicios de taxi o remis.  

En ese marco se conoció que la actual Secretaria de Gobierno del Municipio de Ushuaia y Concejal electa por el PJ, Yesica Garay, recibió amenazas telefónicas que derivaron en una denuncia judicial.

En declaraciones a Radio Nacional Ushuaia, sostuvo que “esto surgió los primeros días de debate cuando el tema volvió a tomar una fuerte agenda en los medios y sucedió por quienes llevan adelante este tipo de actividades que están prohibidas por ordenanza”, apuntó.

Agrego algo por demás inquietante. “Las personas que estamos defendiendo fuertemente esto y no estamos haciendo ‘lobby’ ni para que descienda Uber ni ninguna otra empresa internacional, corremos muchos riesgos por pensar lo que pensamos y entender lo que está en juego. Pareciera que hay muchos intereses económicos por detrás y no simplemente habilitar el transporte de una plataforma digital".

Por su parte el legislador de FORJA, Federico Greve, puso el foco en la ausencia de controles por parte de los municipios advirtiendo que no se cumplen. “No sirve la prohibición por sí misma si la ley no se va a cumplir”, señaló. También expuso el déficit del servicio de taxis y remises y la intromisión en funciones de los guías de turismo y transportes interurbanos.

Consultado sobre las declaraciones de representantes de UBER, que apelan a una ley nacional que los avala para prestar servicios en todo el país, dijo que “la ley nacional de la que se habla es la ley de trabajo, que prevé el ejercicio digno del empleo. Estas aplicaciones no son de transporte público, ellos dicen que son un transporte privado y, al ser un transporte privado, la aplicación es una intermediación entre privados y el Estado no debiera meterse. Cuando fueron a la justicia con ese planteo, la justicia les dio la razón y dijo que el Estado puede regular el transporte público de pasajeros, pero no el privado. En la misma sentencia dice que si quieren meterse en el transporte privado, deben declararlo de interés público para así poder controlarlo. Eso hizo Mendoza, cambió la ley de movilidad e hizo que tanto el transporte público como el privado sean de utilidad pública y puedan ser regulados por el Estado”, explicó.

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