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01/09/2026
El Gobierno de Tierra del Fuego presentó el proyecto de Presupuesto 2027 en un escenario fiscal que el propio Poder Ejecutivo define como restrictivo. El mensaje que acompaña la iniciativa reconoce una estructura de gastos con una elevada proporción de erogaciones rígidas, una fuerte incidencia de la masa salarial y una creciente necesidad de financiar con recursos provinciales prestaciones y obras que anteriormente contaban con participación del Estado nacional.
El proyecto ingresó a la Legislatura bajo el Asunto N.º 475/26 – P.E.P. Mensaje N.º 22/26 y constituye, además de una herramienta de programación financiera, una definición política sobre el funcionamiento del Estado provincial durante 2027.
La primera conclusión que surge de los números es contundente: el presupuesto no está equilibrado con recursos corrientes. El Ejecutivo proyecta ingresos por aproximadamente $2,605 billones, frente a gastos por $2,743 billones, lo que genera un resultado financiero negativo de $137.956 millones.
En términos relativos, el déficit representa alrededor del 5,3% de los recursos estimados.
El desequilibrio, sin embargo, no queda sin cobertura dentro del proyecto. El Gobierno incorpora fuentes financieras por aproximadamente $276.954 millones y aplicaciones financieras por $138.998 millones, cuya diferencia permite cubrir el resultado financiero negativo.
La cuestión central, por lo tanto, no es si el presupuesto reconoce el déficit —lo reconoce expresamente— sino qué tan sostenible será el financiamiento necesario para cubrirlo.
Para elaborar las proyecciones de 2027, el Ejecutivo toma como escenario macroeconómico de referencia una inflación interanual del 21,5%, un crecimiento del Producto Bruto Interno del 3,2% y un tipo de cambio nominal de $2.017 por dólar a diciembre de 2027.
El propio proyecto aclara que se trata de variables de referencia y que su cumplimiento estará sujeto a la evolución de la economía nacional.
La hipótesis es relevante porque una parte sustancial de la sustentabilidad presupuestaria depende de ella. Si la inflación termina siendo superior a la proyectada, los gastos salariales y de funcionamiento podrían aumentar por encima de las previsiones. Si, en cambio, la actividad económica crece menos de lo esperado, también podría resentirse la recaudación.
En otras palabras, el presupuesto está construido sobre la expectativa de una economía argentina que continuará desacelerando la inflación y recuperará crecimiento durante 2027.
El riesgo aparece cuando esas variables se cruzan con la estructura provincial: salarios, servicios esenciales, transferencias, deuda y funcionamiento del Estado representan gastos difíciles de reducir rápidamente.
La comparación con el proyecto presupuestario elaborado para 2026 muestra una señal significativa.
Mientras los recursos proyectados para 2027 aumentan alrededor de un 16,8%, el gasto total previsto crece aproximadamente un 20,3% respecto de aquel cálculo. Como consecuencia, el déficit financiero proyectado es considerablemente superior al que contemplaba el proyecto de Presupuesto 2026.
Esto revela que el Ejecutivo no está presentando un presupuesto de austeridad integral, sino un esquema de contención selectiva.
Se intenta limitar el crecimiento estructural del Estado, especialmente en materia de personal, mientras se preserva capacidad de gasto en áreas consideradas prioritarias: salud, educación, seguridad, energía, infraestructura y políticas sociales.
La estrategia combina, de esta manera, tres instrumentos: restricción del gasto permanente, aumento de recursos propios y utilización de financiamiento.
Uno de los capítulos más relevantes del proyecto es el referido al personal de la Administración Pública.
El Ejecutivo establece que no se incorporarán nuevos cargos presupuestarios y propone profundizar la política de no cobertura automática de vacantes.
Esto significa que una jubilación, renuncia o baja no implicará necesariamente la incorporación de un nuevo trabajador. Las excepciones estarán vinculadas a servicios considerados prioritarios y quedarán condicionadas a la disponibilidad financiera.
Pero el proyecto va más allá. El artículo 22 propone un régimen de retiro voluntario para el personal permanente, con una antigüedad mínima de diez años y un límite de hasta el 5% de los cargos presupuestarios vigentes. Quedan exceptuados, entre otros sectores, médicos y profesionales sanitarios, Policía y Servicio Penitenciario.
El mecanismo tiene una característica particularmente importante: los cargos que queden liberados por los retiros deberán eliminarse y no podrán volver a utilizarse.
Por lo tanto, no se trata simplemente de facilitar retiros de trabajadores. El objetivo fiscal es reducir estructuralmente el tamaño potencial de la planta estatal. La fórmula es sencilla: menos cobertura de vacantes, retiros voluntarios y eliminación de cargos.
Es probablemente una de las definiciones más relevantes del proyecto porque muestra que el Ejecutivo identifica al crecimiento del empleo público como una de las variables que necesita controlar para evitar que la masa salarial siga presionando sobre las cuentas provinciales.
El proyecto toma como referencia la masa salarial existente a diciembre de 2026 y contempla un crecimiento vegetativo del orden del 4%, sin incorporar inicialmente aumentos salariales adicionales asociados a la inflación.
Aquí aparece uno de los principales puntos de tensión política para 2027.
El presupuesto puede proyectar un crecimiento determinado de la masa salarial, pero las paritarias pueden modificar sustancialmente esa ecuación.
Si los sindicatos acuerdan incrementos superiores a los contemplados en la formulación presupuestaria, el Ejecutivo deberá afrontar ese costo mediante mayores recursos, reasignaciones, ampliaciones presupuestarias o financiamiento.
Esto adquiere una importancia especial en el caso de los docentes, en un contexto en el que el conflicto entre el Gobierno y SUTEF continúa abierto.
Por esa razón, el presupuesto 2027 no contiene solamente una discusión contable. También anticipa uno de los principales conflictos políticos del próximo ejercicio: cómo compatibilizar la necesidad oficial de contener la masa salarial con las demandas sindicales de recomposición del poder adquisitivo.
Otro de los capítulos que adquiere particular relevancia es Salud.
El proyecto señala el impacto producido por la reducción o discontinuidad de programas nacionales y la necesidad de que la Provincia incremente su participación en el financiamiento de medicamentos e insumos.
En este contexto, el Gobierno propone fortalecer mecanismos provinciales destinados a garantizar prestaciones a personas sin cobertura social.
Uno de los cambios más significativos aparece en el artículo 30, que modifica el esquema de financiamiento del fondo destinado a la atención de personas sin cobertura social y establece una asignación equivalente al 7% de lo recaudado por Ingresos Brutos, antes de la distribución secundaria.
Desde el punto de vista sanitario, la medida busca garantizar una fuente específica de recursos.
Desde el punto de vista fiscal, implica otra cuestión: una mayor proporción de la recaudación queda afectada a un destino determinado, reduciendo el margen de libre disponibilidad del Tesoro.
El fenómeno responde a una tendencia más amplia que atraviesa todo el presupuesto: ante el repliegue del financiamiento nacional, la Provincia busca sustituir recursos de Nación por mecanismos propios.
La situación energética ocupa un lugar estratégico, al menos en el proyecto.
Tierra del Fuego mantiene un sistema eléctrico aislado del Sistema Argentino de Interconexión y enfrenta importantes necesidades de inversión en generación y distribución.
Para 2027, el Ejecutivo contempla recursos destinados a recuperación de generadores, adquisición de equipos de respaldo, repuestos, mantenimiento, modernización de redes, sistemas de control y ampliaciones de infraestructura.
La cuestión energética trasciende el servicio domiciliario.
Una interrupción prolongada de la generación afecta hospitales, comercios, industrias, servicios públicos y hogares. Por eso, el gasto energético debe interpretarse como una política de prevención de un riesgo económico mayor.
En términos fiscales, sin embargo, también representa una presión adicional sobre una Provincia que tiene un margen cada vez más reducido para financiar grandes inversiones con recursos corrientes.
El capítulo hidrocarburífero introduce otra variable de riesgo.
El proyecto contempla la situación de distintas áreas productivas y el proceso de reversión de concesiones, además de la declinación de determinados yacimientos y la necesidad de nuevas inversiones.
La cuestión es relevante porque las regalías hidrocarburíferas constituyen una fuente importante de recursos provinciales.
Pero proyectar regalías exige estimar producción, precios y evolución de los yacimientos. Por eso, una caída mayor a la esperada de la producción petrolera podría afectar directamente las previsiones de ingresos.
El Gobierno intenta compensar esa dependencia mediante una estrategia de diversificación productiva que incluye industria, pesca, acuicultura, turismo, innovación, tecnología y economía del conocimiento.
El desafío consiste en transformar esas actividades en fuentes permanentes de actividad y recaudación y no solamente en programas de promoción.
Uno de los instrumentos más importantes del proyecto es la autorización para tomar financiamiento por hasta $50.000 millones destinado a obras públicas.
Entre los destinos previstos aparecen infraestructura hospitalaria, redes de agua, cloacas y gas, obras eléctricas, establecimientos educativos, comisarías, centros de salud y otras obras de infraestructura.
La utilización de deuda para financiar inversión no constituye necesariamente un problema fiscal. De hecho, desde una perspectiva económica puede resultar razonable que obras de larga vida útil sean financiadas con instrumentos de mediano o largo plazo.
El problema aparece cuando la deuda comienza a utilizarse para sostener gasto corriente.
El propio Ejecutivo reconoce esta diferencia y plantea como principio que los instrumentos de crédito deben preservar la sostenibilidad del endeudamiento y evitar que mecanismos concebidos para necesidades transitorias se conviertan en fuentes permanentes de financiamiento del gasto corriente.
La cuestión, entonces, será observar durante la ejecución presupuestaria qué porcentaje del endeudamiento termina efectivamente destinado a inversión y qué porcentaje se utiliza para resolver problemas de caja.
Además del crédito para obras, el proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a emitir Letras del Tesoro por hasta $100.000 millones.
La diferencia con el endeudamiento para infraestructura es sustancial.
Las Letras constituyen principalmente una herramienta de financiamiento de corto plazo y manejo de liquidez.
La autorización no significa que el Gobierno necesariamente vaya a emitir el monto máximo. Pero sí le otorga una herramienta para cubrir desfasajes entre el momento en que ingresan los recursos y el momento en que deben realizarse los pagos.
El riesgo está en la utilización recurrente de este mecanismo.
Una cosa es utilizar Letras para resolver un desfasaje temporal de caja. Otra, muy diferente, es utilizarlas de manera permanente para cubrir un déficit estructural.
Por eso, el seguimiento de las emisiones efectivas durante 2027 será tan importante como la aprobación de la autorización presupuestaria.
El proyecto también contiene medidas destinadas a incrementar la recaudación provincial.
Una de ellas es la suspensión durante un año del beneficio previsto para determinados contribuyentes cumplidores del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
La consecuencia es directa: quienes actualmente acceden a esa reducción tributaria pasarían a tributar sin ese beneficio durante el período de suspensión.
El proyecto también modifica las alícuotas del Impuesto de Sellos para distintas operaciones.
Entre las propuestas aparecen alícuotas del 10‰ para actos generales, 12‰ para determinadas cesiones y reconocimientos de deuda, 15‰ para fideicomisos y alquileres comerciales o industriales, 25‰ para operaciones vinculadas a automotores y 20‰ para transferencias de inmuebles.
Al mismo tiempo, establece una alícuota del 0‰ para determinadas operaciones vinculadas a la vivienda única y permanente.
La estructura revela una decisión política: intentar aumentar la recaudación sobre determinadas actividades económicas y, simultáneamente, preservar determinadas operaciones asociadas al acceso a la vivienda.
Otro artículo que puede generar debate político es el que habilita al Ejecutivo a reorganizar y reestructurar organismos de la Administración Pública.
La iniciativa permite modificar estructuras, centralizar funciones, fusionar organismos o eliminar superposiciones, siempre bajo determinadas condiciones presupuestarias y sin incrementar el número total de cargos ni los créditos aprobados.
Desde el punto de vista administrativo, el objetivo es aumentar eficiencia.
Desde el punto de vista político, implica otorgar al Ejecutivo mayor capacidad para rediseñar el aparato estatal sin tener que crear nuevas estructuras presupuestarias.
En un año electoral, esa herramienta puede adquirir especial relevancia.
Una de las ideas que atraviesa todo el proyecto es la menor disponibilidad de recursos y programas provenientes del Estado nacional.
La situación aparece en educación, salud, vivienda, infraestructura y otros sectores.
El caso de la vivienda es ilustrativo. El Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat plantea para 2027 continuar con mecanismos de ahorro previo, esfuerzo compartido, financiamiento público-privado y cofinanciamiento.
Esto muestra que el modelo tradicional de obra y vivienda financiada fundamentalmente por recursos nacionales ya no aparece como una fuente segura.
La Provincia intenta, en consecuencia, desarrollar mecanismos alternativos.
La misma lógica se observa en Salud y en Infraestructura.
El presupuesto 2027 es, en buena medida, un intento de adaptación a una nueva relación financiera entre Nación y Provincia.
El proyecto presenta una combinación que merece atención.
Por un lado:
Por otro:
Por eso, técnicamente, resulta difícil definirlo como un presupuesto de austeridad tradicional.
Es más preciso hablar de un esquema de ajuste selectivo.
El Gobierno intenta reducir el crecimiento del gasto estructural del Estado mientras utiliza deuda y mayores recursos propios para evitar una reducción significativa de la obra pública y de los servicios esenciales.
El presupuesto puede ser aprobado con los números proyectados, pero la discusión más importante comenzará el día siguiente de su aprobación.
La ejecución dependerá de cinco variables fundamentales:
Inflación. Si supera el 21,5% previsto, aumentará la presión sobre los gastos.
Salarios. Una recomposición superior a la prevista puede alterar rápidamente el resultado fiscal. A menos que no se considere diréctamente.
Coparticipación. Una menor transferencia de recursos nacionales incrementaría el esfuerzo provincial.
Regalías. Una producción hidrocarburífera inferior a la proyectada reduciría ingresos.
Financiamiento. Si el mercado no permite obtener las fuentes financieras previstas en las condiciones esperadas, el déficit deberá ser absorbido mediante otras decisiones.
En consecuencia, el principal interrogante no es solamente si las cuentas presupuestarias cierran sobre el papel.
La pregunta es si la Provincia podrá financiar efectivamente el nivel de gasto autorizado sin profundizar el endeudamiento ni trasladar el ajuste hacia los salarios, las obras o los proveedores.
El Presupuesto 2027 será ejecutado durante un año electoral y eso vuelve especialmente significativa cada una de sus decisiones.
El Gobierno necesita llegar a ese escenario con capacidad para mostrar obras, sostener los servicios públicos y evitar nuevos conflictos sociales. Pero al mismo tiempo debe contener la masa salarial, aumentar los recursos propios y mantener bajo control el déficit.
Esa combinación explica buena parte del diseño presentado a la Legislatura.
El proyecto no plantea una reducción drástica del Estado, pero sí un cambio en su dinámica de crecimiento.
El Estado provincial seguirá siendo el principal actor de la economía fueguina, pero el Ejecutivo intenta limitar su expansión mediante congelamiento de vacantes, retiros voluntarios y reorganización administrativa.
Mientras tanto, busca compensar la pérdida o discontinuidad de recursos nacionales mediante mayor recaudación propia y financiamiento.
El resultado es un modelo fiscal que podría sintetizarse de la siguiente manera: menos crecimiento del empleo público, más recursos tributarios, endeudamiento para infraestructura, Letras para administrar liquidez y preservación del gasto considerado esencial.
El desafío será evitar que esa combinación termine convirtiendo el financiamiento transitorio en una solución permanente.
El dato que queda al final de la ecuación es complejo. Tierra del Fuego proyecta para 2027 un déficit financiero de casi $138.000 millones. La verdadera discusión presupuestaria, entonces, no será solamente cuánto pretende gastar el Gobierno de Gustavo Melella. Será quién terminará pagando el costo de financiar ese gasto y cuánto margen fiscal tendrá la próxima administración para sostenerlo.
