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09/12/2025
El movimiento “No a las Salmoneras”, integrado por organizaciones sociales, comunidades originarias y colectivos ambientales, alertó a la sociedad fueguina sobre la “crítica situación” que atraviesa la Ley Provincial N° 1355, sancionada en 2021 para prohibir la instalación de la industria salmonera en las aguas del archipiélago.
Según denunciaron, sectores del Poder Ejecutivo provincial y nacional, junto con legisladores afines a intereses empresariales, impulsan desde hace meses un plan para modificar o vaciar de contenido una norma considerada a nivel internacional como un ejemplo de protección socioambiental.
El 19 de noviembre pasado, la Legislatura de Tierra del Fuego intentó tratar un proyecto enviado por el Ejecutivo provincial para habilitar la salmonicultura en la provincia. Ante la falta de votos, la sesión fue suspendida, oficialmente por “conflictos gremiales” con APEL —un argumento luego desmentido por el sindicato legislativo.
Lejos de abandonar la iniciativa, los legisladores convocaron a una nueva sesión para el jueves 11 de diciembre, donde, si logran reunir los apoyos necesarios, podrían aprobar la reforma. Las organizaciones advirtieron que la situación es “sumamente delicada” y requiere “una respuesta inmediata de la ciudadanía”.
La polémica se agrava por los antecedentes irregulares que rodean el trámite parlamentario. En una reunión de comisión realizada el 8 de agosto en Río Grande, que había sido pasada a cuarto intermedio por su presidenta, María Laura Colazo, un grupo de legisladores —Myriam Martínez (Forja), Juan Carlos Pino (PJ), Agustín Coto (LLA) y Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin)— firmó un dictamen a espaldas del público y sin los miembros formales presentes, habilitando el tratamiento del proyecto.
Las organizaciones calificaron este hecho como de “extrema gravedad institucional”, denunciando una vulneración de los principios de transparencia, participación ciudadana y respeto por los procedimientos legislativos.
El comunicado también apunta al presidente Javier Milei, a quien acusan de presionar para la instalación de industrias extractivas y contaminantes en distintas regiones del país. En el caso fueguino, las organizaciones señalan como articuladores locales al gobernador Gustavo Melella, a la ministra de Producción y Ambiente Karina Fernández y al subsecretario de Pesca y Acuicultura Diego Marzioni, señalado por su “rol activo en la avanzada pro-salmonera”.
De concretarse la modificación, advirtieron, se evidenciaría una “pérdida de autonomía provincial” y una “subordinación a intereses corporativos” vinculados a Rubén Cherñajovsky y la familia Caputo, empresarios con fuerte influencia en el entramado productivo y político de la región.
El movimiento recordó que la salmonicultura implica la introducción de especies exóticas, un alto consumo energético, el uso intensivo de antibióticos y un riesgo laboral comprobado, con 83 muertes registradas en Chile entre 2013 y 2025.
También señalaron los antecedentes de desastres socioambientales protagonizados por empresas salmoneras en Chile, como el derrame de 9.000 toneladas de peces muertos en Chiloé en 2016, y advirtieron que la actividad amenaza directamente a la pesca artesanal y al turismo, pilares de la economía fueguina.
La Ley 1355 fue aprobada por unanimidad el 30 de junio de 2021, tras un proceso de tres años de debate y participación ciudadana. Para las organizaciones, ninguno de los fundamentos de aquella sanción ha cambiado: los impactos ambientales, sanitarios y sociales de la salmonicultura siguen siendo los mismos o se han agravado con nueva evidencia internacional.
“La única razón para modificar la ley —afirman— es satisfacer intereses económicos ajenos al bienestar de la comunidad fueguina”.
Bajo el lema “No queremos salmoneras ni en la tierra ni en el mar”, el movimiento convocó a una movilización simultánea este jueves 11 de diciembre a las 11 horas en:
La convocatoria busca frenar el retroceso socioambiental y defender una conquista colectiva que, aseguran, “protege la integridad del archipiélago fueguino”.
Las organizaciones sintetizaron su posición en una doble consigna:
NO a las salmoneras,
por el riesgo ecológico, energético, sanitario y laboral;
por la vulneración de derechos ambientales y sociales;
porque representan un modelo extractivista incompatible con la vida del territorio.
SÍ a:
El comunicado finaliza reafirmando que “defender la Ley 1355 es defender la vida, la democracia y el futuro de Tierra del Fuego”.
