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10/05/2026
El bloque FORJA presentó en la Legislatura un proyecto de ley para dejar sin efecto la suspensión de la aplicación del Impuesto Inmobiliario previsto en el Código Fiscal provincial y habilitar su implementación en todo el territorio fueguino. La iniciativa ingresó el viernes pasado bajo el asunto 288/26.
El proyecto propone revertir las suspensiones establecidas por las leyes provinciales 1492 y 1499, sancionadas en 2023, y por la Ley 1574, aprobada en diciembre de 2024, que prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la aplicación plena del cobro por parte de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF).
La disputa por el Impuesto Inmobiliario comenzó en 2016, cuando la Legislatura sancionó la Ley 1075 e incorporó al Código Fiscal provincial la facultad de recaudar el impuesto inmobiliario urbano, tarea que históricamente realizaban los municipios de Ushuaia, Río Grande y posteriormente Tolhuin.
La medida derivó en una inmediata controversia judicial entre la Provincia y las intendencias. En 2017, el Superior Tribunal de Justicia falló a favor de la Provincia y declaró constitucional la Ley 1075, al considerar que la competencia sobre los impuestos directos corresponde al Estado provincial. Años más tarde, en junio de 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme ese criterio al rechazar las apelaciones presentadas por los municipios de Ushuaia y Río Grande, consolidando a la AREF como autoridad de aplicación legítima del tributo.
Sin embargo, pese al respaldo judicial obtenido por la Provincia, la implementación efectiva del esquema nunca terminó de concretarse. El principal punto de conflicto pasó a ser el impacto que una eventual aplicación plena del impuesto provincial podría generar sobre las finanzas municipales y el riesgo de doble imposición para los contribuyentes.
En ese contexto, durante 2023 y 2024 se impulsaron distintas mesas de diálogo entre el Gobierno provincial y los municipios para discutir un mecanismo de transición y un eventual esquema de coparticipación de los fondos recaudados por la Provincia hacia las intendencias.
La última prórroga fue sancionada en diciembre de 2024 mediante la Ley 1574, que suspendió hasta fines de 2026 la aplicación efectiva del cobro provincial. El objetivo declarado fue avanzar en la unificación de padrones de inmuebles, valuaciones fiscales y sistemas de cobro para evitar conflictos administrativos y financieros entre ambas jurisdicciones.
La nueva iniciativa del oficialismo aparece además pocas semanas después de que la Legislatura derogara la ley que declaraba la necesidad de reforma parcial de la Constitución provincial, en una votación que unió a bloques opositores como el Partido Justicialista, La Libertad Avanza, Somos Fueguinos y Provincia Grande.
En los fundamentos del proyecto, los autores sostienen que la suspensión del impuesto “concebida como una medida transitoria, se ha prolongado en el tiempo generando un desbalance en la estructura de ingresos provinciales y debilitando la autonomía fiscal de la Provincia”.
El texto también establece que los recursos obtenidos por el impuesto tendrán una afectación específica para salud y educación pública, según plantea la iniciativa presentada por el oficialismo.
Además, el proyecto faculta a la Agencia de Recaudación Fueguina a dictar las normas reglamentarias necesarias para implementar el sistema de cobro y establecer eventuales planes de facilidades de pago para contribuyentes.
La iniciativa vuelve a colocar en el centro de la discusión una de las disputas políticas, fiscales y judiciales más extensas entre la Provincia y los municipios, y abre un escenario que podría derivar nuevamente en tensiones entre ambas partes.
