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01/06/2025
Durante el acto por el 34° aniversario de la Constitución de Tierra del Fuego, el gobernador Gustavo Melella anunció el lanzamiento de un ambicioso programa para la transformación del sistema educativo provincial. El planteo, presentado como un llamado colectivo a toda la sociedad, pretende ser el inicio de una política de Estado a largo plazo.
El mandatario habló de crisis global en la educación, de la necesidad de revisar qué se enseña y cómo, y de construir una provincia que piense el futuro. Firmó, junto a representantes del arco institucional, cultural y educativo, un “manifiesto de compromiso” para transformar la educación fueguina. El mensaje buscó proyectar una idea de unidad transversal frente a un desafío compartido.
Pero el contraste es evidente. La reforma anunciada se superpone con una situación que, lejos de lo discursivo, sigue marcada por problemas estructurales no resueltos en más de 140 edificios escolares. El sistema, antes que transformarse, parece no poder sostenerse.
No se trata de una novedad. En 2019 se declaró una emergencia educativa, con el objetivo de encarar un proceso de reparación profundo. El tiempo pasó, pero los déficits estructurales se mantuvieron. Durante 2024, las falencias edilicias obligaron a suspender una semana de clases en toda la provincia. El motivo oficial: las condiciones climáticas. La lectura social fue otra: el Estado no logró garantizar calefacción y servicios esenciales en sus escuelas, en una provincia caracterizada precisamente por el frío.
Pocos días después, alumnos, docentes y padres marcharon desde la Plaza Cívica hasta Casa de Gobierno. La protesta, organizada desde grupos de WhatsApp, fue acompañada por comunicados dirigidos tanto al gobernador como al ministro de Educación, Pablo López Silva. Allí se pedía, entre otras cosas, una solución integral a los problemas de infraestructura, insumos básicos y salarios docentes.
El reclamo no era nuevo, pero cobró visibilidad con la llegada del invierno. Y dejó expuesto un dato ineludible: sin condiciones materiales, no hay contenido pedagógico que alcance.
En febrero de este año, desde el Gobierno aseguraban que los edificios escolares estaban “en condiciones” para recibir a los estudiantes. Sin embargo, el informe del SUTEF, elaborado a principios de año, describía un escenario diferente. Según el relevamiento sindical:
Entre los casos más graves figuraban el Colegio Olga B. de Arko, sin medidores de gas; el Colegio Trejo Noel, con fallas de electricidad y sanitarios; y el Polivalente de Arte, con sectores inutilizables. En el Jardín N.º 14, filtraciones de agua dañaron documentación oficial y equipos informáticos. La situación se repetía en otros puntos de Ushuaia y Río Grande, con techos que filtraban, calefacción interrumpida y baños clausurados.
Frente a este panorama, el Gobierno volvió a destacar que se habían realizado intervenciones “en más de 120 instituciones desde diciembre”. Lo cierto es que no hay un plan de obras visible, ni reportes oficiales que permitan validar el alcance de esas tareas. La infraestructura escolar quedó, en gran parte, atada a intervenciones reactivas, sin planificación preventiva ni criterios de prioridad.
En ese contexto, el anuncio de una transformación educativa aparece desligado de la urgencia más elemental: asegurar que las escuelas puedan funcionar. No hay aprendizaje sin aulas calefaccionadas. No hay inclusión sin baños operativos ni materiales didácticos básicos.
El propio Melella definió a la educación como el eje para proyectar los próximos 40 años. Pero si el punto de partida es la precariedad, el desafío no es diseñar el futuro, sino garantizar el presente. Y en esa distancia entre el enunciado político y las condiciones reales del sistema educativo fueguino, se instala la desconfianza.
Además, el anuncio coincidió con el insólito debate legislativo de un pedido del SUTEF para elevar impuestos provinciales, una propuesta impulsada con el argumento de sostener futuras mejoras salariales en el sector educativo. El planteo, aunque ajeno al acto protocolar, ilustra con precisión la disyuntiva: mientras se habla de transformación, se pide más esfuerzo fiscal sin mostrar resultados concretos.
El acto por el Día de la Provincia buscó instalar un mensaje de unidad y construcción a futuro. Pero dejó en evidencia una paradoja: sin resolver lo básico, cualquier programa de reforma corre el riesgo de ser una narrativa sin correlato, una proyección retórica que no logra apoyarse en los hechos.
La provincia parece no necesitar solo una transformación educativa. Necesita, antes, una infraestructura educativa funcional, transparente y ejecutada con prioridad política real.
