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19/12/2025
El gobernador Gustavo Melella promulgó este viernes la nueva Ley de Acuicultura, aprobada durante la cuarta sesión ordinaria de la Legislatura, y oficializó así un cambio de paradigma en la política ambiental y productiva de la provincia. La norma, publicada en el Boletín Oficial, deroga en los hechos la prohibición general a la salmonicultura que regía desde 2021, al habilitar el desarrollo de la actividad bajo nuevas condiciones regulatorias.
Desde el Gobierno fueguino, la promulgación fue presentada como “un hito para la ampliación de la matriz productiva” que permitirá generar “empleo local calificado bajo los más altos estándares de control ambiental”. El Ejecutivo destacó que la ley promueve el “desarrollo sostenible” de la acuicultura y mantiene —como elemento simbólico— la prohibición de la salmonicultura industrial en el Canal Beagle, incorporada en la Ley N°1355, pero abre la posibilidad de emprendimientos en otras áreas de la provincia.
La nueva legislación establece un marco amplio para el cultivo de especies nativas o naturalizadas, la incorporación de tecnologías de bajo impacto y la creación del Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola (CDPyA), que actuará como órgano de investigación, innovación y transferencia tecnológica. También prevé instrumentos de control ambiental, como la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), la Evaluación de Impacto Ambiental (EsIA) y la Guía de Aviso de Proyecto (GAP), además de mecanismos de participación ciudadana en línea con el Acuerdo de Escazú.
Según el texto oficial, la ley busca “posicionar a Tierra del Fuego como un polo de desarrollo acuícola competitivo”, con foco en el consumo interno y la soberanía alimentaria.
Sin embargo, la sanción de la norma generó fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones ambientalistas y sectores científicos, que advierten que la nueva redacción deja abierta la puerta a la introducción de especies exóticas —entre ellas, el salmón del Atlántico— en otras zonas de la provincia, pese a los antecedentes negativos de la salmonicultura en ecosistemas patagónicos. La asociación Mane’Kenk ya adelantó que promoverá acciones judiciales para declarar la inconstitucionalidad de la ley y restituir la plena vigencia del marco original.
Con la promulgación de Melella, el Gobierno provincial consolida así su estrategia de impulsar una “acuicultura controlada” como alternativa productiva, en un escenario donde la tensión entre desarrollo económico y preservación ambiental vuelve a ocupar el centro del debate fueguino.
