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16/06/2024
Casi 9 de cada 10 legislaturas provinciales en Argentina ocultan datos sobre contrataciones de personal o manejo de fondos, entre otros indicadores claves para la transparencia sobre el funcionamiento de este poder del Estado.
Así se desprende de una nueva investigación de Ruido y de Poder Ciudadano realizada en cada una de las 23 provincias argentinas, más la ciudad de Buenos Aires, con apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y de la Fundación Federalismo y Libertad.
La consecuencia del ocultamiento de información salta a la vista en forma de historias derivadas de la falta de control: diputados que cobran doble salario, que reciben 130 pasajes aéreos por mes, que usan autos de lujo incautados por la Justicia o que retiran millones en gastos protocolares sin rendir cuentas, sin mencionar las incorporaciones masivas o las denuncias por gente que cobra sin haber pisado nunca una legislatura.
Estos son sólo algunos de los casos detectados. Además, sólo en 11 de los 24 distritos nacionales se pudo relevar el dato de asesores por legislador. Tampoco fue posible determinar si existe presupuesto por bloque en 19 casos.
En la mitad de los recintos (12) no hay registro de asistencia de personal o bien faltan datos suficientes para saber si existe.
En 5 de los 24 hay gastos reservados, pero en 13 no se entregó ninguna información como para detectar si los mismos existen o no.
La investigación comenzó en febrero de 2024, con la presentación de pedidos de acceso a la información en cada lugar (fueron 30 en total), en los que se requería a cada Legislatura local datos sobre cantidad de personal, niveles salariales, registros de asistencia o gastos reservados, entre 31 ítems necesarios para que la ciudadanía conozca cómo se utilizan los recursos en estas áreas.
En los casos en que no hubo información oficial, el contenido se produjo con base en los datos disponibles, declaraciones periodísticas, boletines oficiales y otros documentos que permitieron reconstruir un panorama aproximado, aunque seguramente lejos de la foto completa.
De todas maneras, los resultados obtenidos permiten trazar un panorama sobre el nivel de transparencia que impera en las provincias argentinas, que plantea la necesidad de reforzar aspectos de un poder clave del Estado para la calidad ciudadana y democrática.
Secretismo. Sólo 3 de los 24 distritos respondieron el pedido de acceso a la información con datos casi completos (San Luis, Córdoba y Santa Cruz). Los otros 21 o no lo respondieron (15 provincias: Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago y Tucumán) o lo hicieron de manera parcial (en 6 casos: CABA, Catamarca, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro, Tierra del Fuego).
Personal. Las plantas de empleados van desde pocos cientos hasta 3103 (Catamarca). Le siguen Chaco (2300), provincia de Buenos Aires (1850) y Formosa (1802).
Salarios. Si bien se solicitó la información sobre salarios percibidos a noviembre 2023 (ya que se analizó la constitución de las legislaturas 2019-2023), los datos obtenidos varían entre lo percibido en mayo 2023 y mayo 2024, por lo que resulta muy difícil poder comparar los niveles salariales a una misma fecha.
Hay casos curiosos como el de San Luis, en donde los legisladores reciben cada mes un extra (denominado “módulos)” equivalente a un salario bruto. Deben ser rendidos, pero no hay constancia de que lo hagan. Es decir que cada mes reciben, además de $1.400.000 de salario, otro 1,4 millón por aquel concepto.
Algo similar ocurre en Entre Ríos donde cada legislador, además de la dieta mensual, recibe un monto indeterminado de módulos para contratos. A lo cual se suman empleados de planta que se les asignan, y también, personal adscripto.
Asesores: Sólo en 11 de los 24 distritos se pudo relevar ese dato (que va de 2 hasta 10 asesores por legislador, como en Tierra del Fuego o Formosa). En las otras 13 provincias no se puede determinar este dato.
En casi todos los casos investigados pueden existir otras contrataciones -en infinitas modalidades- a cuyos registros no se puede acceder.
En Tierra del Fuego, por ejemplo, la presidenta del Cuerpo puede designar hasta 68 asesores, además de los 10 que nombra cada legislador. Además, la planta política es más grande que la planta permanente.
Prespuesto por bloque. No fue posible determinarlo en 19 de los 24 distritos. Sólo en 5 casos se pudo comprobar que no existe presupuesto extra por bloque.
Registro de Asistencia del personal: En la mitad de las provincias (12) no existe o no hay datos suficientes para chequearlo. Y en las otras 12 existen sistemas por huella dactilar, biométrico o por planilla, pero no se pudo comprobar que los mismos se utilicen o bien en todos los espacios, o bien para toda la planta de personal.
Gastos reservados: En 10 provincias ya no existen, pero en el resto o bien aún se mantienen (en 5 casos) o bien no existen datos para saberlo y/o determinar esos montos (9 provincias).
En Santa Cruz hay $ 32 millones en "gastos protocolares" (antes llamados "Gastos reservados") sin rendir en 2023, de los cuales $ 8 millones fueron retirados en julio, cuando la Legislatura estaba en receso por vacaciones de invierno. La nueva gestión denunció el caso a la Justicia.
-Resistencia para entregar información
Incluso en el caso más reciente de escándalo en una Legislatura (el de Julio “Chocolate” Rigau, en la provincia de Buenos Aires, quien cobraba sueldos de al menos 50 personas registradas como empleados que no iban a trabajar) debió mediar una amenaza de allanamiento a la Cámara de Diputados bonaerense para que esta le entregara a la Justicia un listado de unas 400 personas que trabajan o trabajaron en la Secretaría Administrativa.
En Tucumán, hasta la Corte Suprema provincial avala ese secretismo al considerar que son “datos sensibles”.
Hay casos como el de Misiones, en donde ni siquiera se informa el presupuesto anual de la Legislatura.
-Legisladores de la oposición tampoco brindan información
En Tucumán, por ejemplo, ninguno de los 49 legisladores contestó el pedido de acceso a la información de Ruido.
-Ocultamiento de nombres de las plantas de personal
La Legislatura de Formosa, por ejemplo, tiene 1802 empleados, pero los diputados sólo registran 300.
En Tucumán se sospecha que podría haber hasta 30 mil contratados, ante la falta de información oficial para acceder a una cifra específica.
En Santa Cruz, las nuevas autoridades debieron enviar carta documento al personal para que se presente a trabajar. 19 personas quedaron cesantes porque nunca se presentaron. Incluso había quienes vivían en otras localidades y otras provincias.
-Gastos de bloque, viáticos, servicios no personales y otros rubros
No hay accesibilidad para determinar cuáles y cuántos son, ni cómo se usan.
En Chubut, por ejemplo, sí se conocen: el presidente de la Legislatura dispone de 198 tramos anuales terrestres nacionales o sus equivalencias, y 130 tramos anuales aéreos nacionales.
En Catamarca, los “Gastos de bloque” son aportes mensuales que se actualizan con los salarios. No se rinden y son discrecionales, al igual que lo destinado a “subsidios”.
-Refugio para parientes y ex dirigentes
El relevamiento de Ruido detectó casos de parientes y/o exfuncionarios provinciales que recayeron como empleados en -al menos- Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta y Santiago del Estero.
En Río Negro, por ejemplo, un ex ministro de Desarrollo Social de la gestión de Fernando De la Rúa lleva 10 años en la planta temporaria legislativa.
En Salta, el hijo del gobernador tiene un cargo en el Ejecutivo y otro en el Senado.
Pedido de retención de parte del sueldo
Además del caso “Chocolate” en la provincia de Buenos Aires, hubo o hay denuncias y casos en -al menos- Catamarca, Entre Ríos, Jujuy, Santa Fe y Tucumán.
En Entre Ríos, un asesor del exdiputado RIcardo Troncoso denunció en 2018 que debía dejar parte de su sueldo al legislador. Fue el puntapié de la causa “Contratos truchos”, un verdadero escándalo que aún debe juzgarse en la provincia.
En Santa Fe, por ejemplo, el asesor de un diputado denunció que este le pedía parte del sueldo. La fiscal archivó la causa y dijo que el hecho “forma parte del ámbito de la moral”.
Incorporaciones masivas y/o indetectables
En Chaco, en 2023 hubo un ingreso masivo de 300 personas. En San Luis, a meses de dejar el gobierno, a fines de 2023, el entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá impulsó una reforma que creó 53 nuevos cargos políticos en la Legislatura. La nueva gestión dio marcha atrás con todas esas designaciones.
En la Legislatura entrerriana se dio un proceso de “depuración” de contrataciones producidas en el último año, antes del cambio de gestión. Puntualmente en el Senado, se modificó la orgánica en los últimos meses de 2023, para incorporar áreas y empleados que se fueron creando a lo largo de los años.
Pocas sesiones en 2023
Se destacan los casos de Río Negro (sesionó 7 veces) o Tierra del Fuego (4).
Autos de alta gama para presidentes de bloque. A raíz de un siniestro vial protagonizado por el entonces presidente provisorio de la Legislatura de Córdoba, Oscar González, el 29 de octubre de 2023 salió a la luz que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba había entregado nueve vehículos judicializados, la mayoría de alta gama, que se distribuyeron entre algunos de los presidentes de bloque. Cuatro de ellos estaban bajo responsabilidad de González. Por el siniestro está imputado por homicidio culposo -falleció una persona y dos sobrevivieron con graves secuelas físicas- y también fue procesado por la Justicia Federal por depositario infiel del auto BMW 1 con el que chocó.
Pioneros en casos “chocolate”. Entre Ríos es pionera con escandalosas causas de corrupción en el Poder Legislativo. Por desvío de fondos del Senado -entre 1995 y 1999-, fue condenado un exvicegobernador (Héctor Alanís-PJ), su sobrino (Maximiliano Alanís), un exsenador (Humberto Re-UCR), y un exdirector administrativo del Senado (José Crettón Pereyra).
Otra de las denuncias está vinculada a la supuesta integración de una “mesa de dinero” que funcionó entre 2012 y 2013, a donde concurrieron funcionarios públicos, particulares y empresarios para cambiar pesos por dólares.
En 2018 hubo una denuncia contra el exdiputado provincial, Ricardo Troncoso, por la contratación de personal que debía dejarle parte del sueldo. Ese escándalo fue el preámbulo de la causa “contratos truchos de la Legislatura”, el primer caso “Chocolate” del país. El mecanismo se desplegó a través de contratos pagados con cheques endosados y facturas presentadas por montos superiores a los percibidos por los contratados. En la causa se calculó un desfalco de 53 millones de dólares entre 2008 y 2018.
Diputadas opositoras sin voz. En Formosa, diputadas opositoras denunciaron en la Justicia que les cortan la palabra cada vez que quieren hablar en el recinto.
Doble de sueldo. En Jujuy existe un “Régimen de fondos para el funcionamiento de organismos legislativos” desde hace 25 años que, en la práctica, es una especie de sobresueldo para uso discrecional de cada diputado jujeño. Los proyectos para derogarlo nunca avanzaron.
Dirigente y beneficiario. Uno de los últimos casos públicos (2023) en La Pampa fue el reclamo de un grupo de empleadas legislativas por los uniformes que les entregan anualmente. El expresidente del cuerpo, Mariano Fernández le adjudicó ese trabajo al gremio de Apel (Asociación de Empleados Legislativos), conducido por el dirigente Aldo Bafundo. Hace 20 años que Bafundo está al frente del gremio.
Buenos Aires: sin información hasta para la Justicia
Catamarca, con gastos sin control
Córdoba: autos de alta gama para los presidentes de bloque
Chaco, un festival de designaciones
Chubut, donde a nadie se le niegan pasajes
Entre Ríos, pionera de casos “Chocolate”
Formosa, con personal indetectable
Jujuy, tierra del hermetismo total
La Pampa: punteros y subsidios
Mendoza, con planta de parientes y ex dirigentes
Misiones, donde ni la oposición brinda datos
Neuquén, un refugio para ex funcionarios
Río Negro: 40% de la masa salarial, para asesores
Salta, con doble cargo para el hijo del gobernador
San Luis, donde cada legislador “dobla” su salario
Santa Fe: pedir parte del sueldo a un asesor es una cuestión “moral”
Santa Cruz: denuncian al exvicegobernador por $32 millones sin rendir
Santiago del Estero: hermetismo extremo de datos oficiales
Tierra del Fuego, donde un asesor no se le niega a nadie
Tucumán: hasta la Corte avala el secretismo
Fuente: elruido.org | Accede a la nota original
Autoría: Natalia Ferrari, Hugo Alonso, Gonzalo Guzmán, Norma Devechi, Judith Calmels, Pablo Oro, Natalia Buiatti, Cindy Monzón, Mariela Arias, Judith Córdova, Irene Benito, Gabriel Ramonet, Ezequiel Soria, Claudia Araujo, Eliana Coronel, Luz Pérez, María Ester Romero, Gabriela Sánchez, Leo Fernández Acosta, Edgardo Litvinoff.