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13/12/2019
La representante de la Asociación Ambientalista Mane'kenk, Nancy Fernández, fue citada a ampliar sus declaraciones ante la justicia en la causa que busca paralizar la obra del Corredor del Beagle. Se presentó junto a su abogado patrocinante, Raúl Aciar.
En la audiencia brindaron documentación y testimonios que señalan a las máximas autoridades de la gestión de gobierno de Rosana Bertone, como responsables de omitir información de profesionales técnicos y del CONICET, respecto de los yacimientos arqueológicos que se encuentran en el trazo de la polémica ruta.
"Hace dos días recibimos otra documentación de forma anónima, en la cual la empresa Terramoena SA., deja muy en claro la abismal diferencia que había entre lo que Gancedo declara en su primera evaluación, y luego lo que ellos detectan cuando los contrata el gobierno. Estamos hablando de una diferencia de siete a trescientos yacimientos en un mismo sitio", contó Fernández en relación al informe que fue declarado con carácter de secreto.
Además cuestionó los motivos por los cuales esa documentación es reservada. "El informe está plagado de números y coordenadas GPS, donde un ciudadano común no tiene acceso a esa información libremente, eso es absolutamente ridículo", dijo en relación a la versión oficial que habían brindado desde el gobierno provincial para que los datos no fueran divulgados.
Entre octubre y noviembre fueron encontrados restos humanos en uno de los tramos en donde los trabajos por parte de la empresa Gancedo SA., continúan.
"Esto ya había sido alertado. La comunidad Yagán fue informada y manifestaron que no se respetó ninguna de las normas que establece la legislación en materia indígena", explicaron desde Mane'kenk.
Fernández, que solicitó el levantamiento de la feria judicial, explicó que "tenemos una historia nefasta durante un año. El sector que específicamente está más afectado es el de Estancia Remolino, que además como tiene una tranquera con un candado nadie puede entrar a ver. De alguna manera están buscando mantener el hermetismo porque saben que están haciendo las cosas mal".
En declaraciones a Radio Nacional Ushuaia, señaló a tres funcionarios de alto rango del gobierno saliente como responsables de las consecuencias de las obras. "Yo he involucrado puntualmente a los tres funcionarios que creo que son los que estaban absolutamente informados, que son el ex jefe de gabinete Leonardo Gorbacz, el ex ministro de obras públicas Luis Vázquez y el ex secretario de cultura Gonzalo Samora. Ellos firmaron todos los actos administrativos a pesar de todas las alertas".
Fernández no descartó la posibilidad de recurrir al máximo tribunal para que intervenga en el proceso que lleva casi un año. "Nosotros estamos pensando que a futuro esto va a parar, tarde o temprano vamos a llegar a la Corte Suprema de Justicia, y varios de nuestros actores se van a ver complicados porque vamos a pedir la asignación de responsabilidades de cada uno que omitió e incitó una decisión, porque el problema no es solo lo que haces, sino lo que dejas de hacer también", apuntó.
Agregó que "a la empresa Terramoena SA, que es la que hizo el informe, no le terminaron de pagar. No le terminaron de pagar porque no quieren que ellos revelen el informe. A especie de chantaje: 'si ustedes llegan a divulgar el informe nosotros no le pagamos'. Eso fue lo último con lo que se fue el gobierno de Bertone."
