Espeche rompe el equilibrio en el debate por Uber

14/06/2025

El tratamiento legislativo sobre las plataformas electrónicas de transporte en Ushuaia empieza a mostrar sus límites, no por falta de iniciativas sino por la dificultad para sostener escenarios de discusión que no terminan siendo funcionales al status quo. La decisión del concejal Vladimir Espeche de abandonar el Consejo Asesor de Seguridad Vial funciona como síntoma de ese agotamiento y, al mismo tiempo, como gesto político que incomoda al oficialismo.

Espeche, uno de los pocos —sino el único— del bloque opositor que hasta hace poco validaba la estrategia de trasladar el debate al Consejo, cambió de postura tras asistir a tres reuniones consecutivas sin resultados. Integrante del bloque conformado junto a La Libertad Avanza, Somos Fueguinos y Provincia Grande —surgido tras la salida de Daiana Freiberger del oficialismo por su cercanía con el intendente riograndense Martín Perez—, fue también el único en involucrarse de lleno en ese ámbito. “Participé por respeto a los presentes”, explicó. Lo que encontró fue un espacio de catarsis. Se retiró antes de que finalizara la última sesión, dejando una definición clara —“la regulación debe tratarse en el Concejo”— y decidió correrse de ese ámbito.

“No se puede seguir debatiendo sin avanzar. La discusión tiene que ser técnica, manteniendo el respeto institucional y dejando de lado cuestiones personales. Las convocatorias sin contenido resolutivo solo dilatan el tratamiento real del problema”, expresó el concejal. Lo que hizo Espeche no fue solamente cuestionar la herramienta, sino exponer el vacío político de un dispositivo que no resuelve nada y cuya inercia amenaza con erosionar la legitimidad institucional del Concejo.

Pero no se detuvo ahí. Pidió avanzar en una cuestión que hasta ahora nadie se atrevía a plantear: establecer controles en los ingresos y egresos de la ciudad para verificar cuántos taxis, remises y operadores del transporte trabajan dentro y fuera del ejido urbano. La observación no es menor, ni el momento elegido para hacerla. Fue un mensaje dirigido al secretario de Gobierno, Cesar Molina, quien además preside el Consejo que el propio Espeche acaba de abandonar.

El verdadero giro no fue institucional, sino político. Por primera vez desde que comenzó la discusión, alguien planteó un control sobre taxis y remises que operan fuera del marco legal municipal. Hasta ahora, el relato dominante había convertido a Uber en el único actor irregular del sistema. Espeche desarma esa construcción y, al hacerlo, obliga al oficialismo a dar respuestas, y al sector formal del transporte también.

La reacción no tardó. Fabián Lara, presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis, retomó un argumento ya conocido: la desventaja económica frente a Uber. “Nosotros pagamos tres seguros, libreta sanitaria, ARCA, AREF, tasa comercial, RTO anual… Son muchos costos y requisitos que ellos no tienen”, se quejó.

Tiene razón. La diferencia normativa entre servicios públicos y privados existe y no es exclusiva del transporte. Pero la dificultad para los concejales es otra: cómo legislar en un escenario donde la actividad de Uber está expresamente prohibida. Uno de los planteos es que, si a taxistas y remiseros se les exige seguro especial, libreta sanitaria, carnet profesional y el pago de tasas, lo mismo debería aplicarse a los conductores de Uber. El problema es que la ordenanza vigente impide el uso de aplicaciones, lo que a su vez bloquea cualquier posibilidad de tramitar esos seguros, incluso si el conductor quisiera hacerlo por voluntad propia.

Tal vez por eso la concejal de La Libertad Avanza, Belén Monte de Oca, insiste con la necesidad de firmar un dictamen de comisión que derogue esa norma. Lo cierto es que, sin ese paso, cualquier regulación posterior queda atrapada en una contradicción legal.

Es en este punto donde el debate se empantana. ¿Qué requisitos son razonables? ¿Carnet profesional, como exige el transporte público? ¿Libreta sanitaria? ¿Tasa comercial? En otras ciudades, como Buenos Aires o Rosario, se han buscado soluciones parciales: seguros que aceptan conductores sin habilitación o esquemas fiscales diferenciados. Pero todo eso parte de una decisión política previa: aceptar que Uber forma parte del ecosistema urbano.

En Rosario, por ejemplo, los taxistas reclaman implementar tarifas promocionales para estudiantes y jubilados, e incluso una tarifa unificada para competir con los precios de las apps. Allí, el desafío es mejorar el servicio público, no solamente resistir la aparición de actores nuevos.

En Ushuaia, en cambio, el foco está puesto en el control. Por eso genera sospechas el pedido de incluir un cupo para las apps dentro del proyecto presentado por el sector de taxis. ¿Es una medida de ordenamiento o un cerrojo para limitar el ingreso de nuevos jugadores? ¿Quién administrará esas licencias? ¿Con qué criterios? A simple vista, el cupo parece más un instrumento de apropiación que de regulación.

En paralelo, durante uno de los encuentros del Consejo Asesor, la concejal Yesica Garay sugirió involucrar a la Legislatura provincial. No es un dato menor. En Mendoza, la regulación de las plataformas digitales se resolvió por ley, no por ordenanza. Si se siguiera ese camino, el proceso podría extenderse aún más.

Lo paradójico es que mientras en el Consejo se discute la posibilidad de ampliar el juego institucional, en el Concejo Deliberante se acumulan señales que reclaman devolver el debate a su cauce natural. El problema no es solo político. Tampoco es estrictamente técnico. Es, antes que nada, metodológico: ni siquiera hay acuerdo sobre cómo —ni por dónde— debe abordarse la discusión.

La salida de Espeche deja expuesto ese desajuste. Su decisión marca un límite: no se puede seguir discutiendo sobre Uber sin hablar también del resto del sistema.