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12/06/2025
La vicegobernadora Mónica Urquiza, en ejercicio del Poder Ejecutivo, remitió oficialmente a la Legislatura de Tierra del Fuego copia autenticada del Decreto Provincial N.º 1521/25, por el cual se ratifica el acuerdo de resolución de conflicto entre la Provincia y la empresa Tierra del Fuego Energía y Química S.A. (TEQSA). El convenio contempla la reactivación del proyecto de una planta petroquímica en Río Grande y pone fin a un prolongado litigio judicial iniciado en 2018.
La presentación ante la Cámara se realizó en cumplimiento del artículo 135 inciso 1 de la Constitución Provincial, que exige la aprobación legislativa para los convenios celebrados entre la Provincia y entes públicos o privados ajenos a su jurisdicción. La empresa, controlada por capitales chinos, se comprometió a ejecutar una inversión total de 830 millones de dólares, que incluye una central termoeléctrica y una planta de fertilizantes.
El convenio, rubricado el 28 de mayo pasado, establece:
La aprobación legislativa se convierte ahora en un paso imprescindible. Más allá del cierre de un litigio millonario, la ratificación del convenio con TEQSA se inscribe en un escenario de creciente disputa geopolítica en el Atlántico Sur, donde las principales potencias globales buscan posicionamiento estratégico.
La firma del acuerdo con TEQSA —de capitales chinos— se produjo en simultáneo con gestiones del Ejecutivo provincial ante Gazprom, la petrolera estatal rusa, con miras a relanzar la actividad hidrocarburífera en la isla. Ambos movimientos se aceleraron tras el reconocido interés del Comando Sur de Estados Unidos en instalar infraestructura militar en Ushuaia, incluido un posible puerto para submarinos nucleares.
En este marco, la Legislatura no sólo deberá evaluar el contenido jurídico y económico del acuerdo con TEQSA, sino también su impacto dentro de un tablero geopolítico cada vez más complejo, donde la ubicación de Tierra del Fuego y su cercanía con la Antártida potencian el valor estratégico de cada decisión.
