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02/02/2026
El senador de La Libertad Avanza, Agustín Coto, afirmó que la decisión del Gobierno nacional se basó en una auditoría que detectó graves irregularidades de seguridad y administración en la infraestructura portuaria. También negó vínculos con la ley de OSEF y acusó al Ejecutivo fueguino de bloquear el diálogo institucional.
En declaraciones a Radio Provincia, el referente de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego defendió la intervención dispuesta sobre la infraestructura portuaria del Puerto de Ushuaia y sostuvo que la medida fue consecuencia directa de “una serie de irregularidades graves” detectadas por una auditoría oficial que, según dijo, no obtuvo respuesta del Gobierno de Tierra del Fuego.
“La intervención —como lo dice la resolución— surge porque hay una cantidad de irregularidades que no se resolvieron”, explicó el legislador libertario. Coto detalló que el relevamiento técnico, de más de 60 páginas, enumeró falencias administrativas, financieras y de seguridad, algunas de ellas “de gravedad”, y criticó que la Dirección Provincial de Puertos “no tomó cartas en el asunto”.
Entre los puntos más delicados, mencionó fallas en los sistemas de alarma y abastecimiento de agua para incendios, además de problemas edilicios y de documentación. “Si no resolvemos esto, estamos en problemas graves: el puerto hubiera tenido dificultades para mantener sus certificaciones de seguridad”, advirtió.
Coto sostuvo que la Administración General de Puertos (AGP) actuó ante la “inacción provincial” y remarcó que la medida tiene carácter temporal. “Las intervenciones son transitorias; si no terminan, son un fracaso”, señaló, al tiempo que planteó que el objetivo inmediato es “empezar a resolver todos los problemas detectados”.
Consultado sobre el trasfondo político, el senador vinculó la decisión con la falta de articulación entre los gobiernos nacional y provincial. “Hay una voluntad política por parte del Gobierno de la provincia de no tener un diálogo institucional con el Gobierno nacional, y en este tema particular el área de Puertos entendió que debía intervenir”, afirmó.
Asimismo, negó que la intervención esté vinculada a la ley de OSEF, una versión que circuló en ámbitos políticos fueguinos. “Nunca se instrumentalizó esa ley, ese dinero nunca fue a OSEF porque no estaba”, aclaró.
El legislador también desmintió versiones sobre el interventor designado: “El interventor del Puerto es el titular de la Agencia, Iñaki Arreseygor”, precisó, y recordó que el acceso a las instalaciones portuarias “se rige por normas de seguridad comparables a las de un aeropuerto”.
Finalmente, Coto rechazó los rumores de una posible intervención federal sobre la provincia y los calificó de “barbaridad”. “Inventar estupideces como una intervención federal es irresponsable. El quilombo institucional después lo pagan los vecinos”, concluyó.
