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30/12/2025
Este martes 30 de diciembre ingresó al Concejo Deliberante una nota dirigida a la presidente del cuerpo, Gabriela Muñiz Siccardi, en la que cinco concejales solicitan incorporar al temario de la sesión extraordinaria prevista para el 2 de enero el tratamiento del proyecto de ordenanza que regula el “Servicio Privado de Transporte mediante Plataformas Digitales”, una iniciativa que apunta a habilitar y controlar el funcionamiento de servicios como Uber, Didi o Cabify en la ciudad.
El pedido lleva la firma de Vladimir Espeche (Movimiento Popular Fueguino), Marjorette Saldías (La Libertad Avanza), Yesica Garay y Gabriel de la Vega (Partido Justicialista) y Fernando Oyarzun (FORJA). En el texto, los ediles argumentan la necesidad de dar un marco normativo a una modalidad de transporte que, reconocen, ya se encuentra en funcionamiento dentro del ejido urbano, tanto para residentes como para turistas, sin regulación local ni mecanismos de control municipal.
El proyecto de ordenanza, adjunto a la nota presentada, establece que las Empresas de Redes de Transporte (ERT) deberán contar con domicilio legal en Ushuaia y representante permanente en la provincia, una exigencia que abre interrogantes sobre su viabilidad práctica. Habrá que ver, en un eventual escenario de aprobación, si plataformas globales como Uber estarían dispuestas a abrir una oficina en la ciudad o a designar un responsable local, tal como lo exige la propuesta. Esa condición podría convertirse en una traba sustancial para la aplicación efectiva de la norma, ya que deja planteadas preguntas clave: ¿qué ocurriría si la empresa no cumple con ese requisito?, ¿sería válido que los conductores operen igual bajo la aplicación?, ¿podría el Municipio ejercer control sin un interlocutor formal en el territorio?
La iniciativa también fija límites horarios a la jornada laboral, determina la cobertura obligatoria de seguros, y prevé multas de entre 1.000 y 23.000 Unidades Fiscales Ajustables (UFA) ante infracciones. Además, permite que taxis y remises puedan operar a través de las plataformas - aunque ya lo hacen-, siempre que cumplan las condiciones de seguridad exigidas en el proyecto.
La sesión extraordinaria del 2 de enero fue solicitada originalmente por concejales del Partido Justicialista para tratar un único punto: la renuncia de la concejal Yesica Garay y la incorporación de su suplente. Por ese motivo, la inclusión de un nuevo asunto en el orden del día plantea dudas sobre su validez. El artículo 141 de la Carta Orgánica Municipal establece que las sesiones extraordinarias “solo pueden dar tratamiento al o los asuntos que motivaran el requerimiento”, por lo que aún no queda claro que determinación habrá al respecto.
Más allá de la cuestión procedimental, la presentación de este proyecto reabre una discusión que permaneció paralizada durante todo 2025. A comienzos de año, el Ejecutivo Municipal resolvió trasladar el debate sobre las plataformas digitales al Consejo Asesor de Seguridad Vial, lo que provocó críticas de concejales de la oposición, que advirtieron que el tema debía analizarse en el propio Concejo Deliberante y no en un órgano consultivo dependiente del Ejecutivo. Desde entonces, el asunto no volvió a ser tratado en comisión.
Tanto concejales de distintos bloques como representantes del sector de taxis y remises habían presentado proyectos o propuestas de regulación que nunca avanzaron en su debate legislativo. En ese contexto, no está claro cuándo fue redactado el texto ahora impulsado ni si fue discutido en las comisiones del Concejo, ya que el tema no figura en actas recientes ni fue incluido en el temario de sesiones anteriores.
El pedido, además, sorprende por la confluencia política que representa: La Libertad Avanza y el Movimiento Popular Fueguino, bloques opositores durante todo el año, se unieron al Partido Justicialista y FORJA, aliados del Ejecutivo municipal, para promover el tratamiento del proyecto. En un Concejo marcado por la confrontación política, la coincidencia en torno a la regulación de Uber constituye un hecho inusual - pero no único- que trasciende los alineamientos tradicionales y sugiere un punto de encuentro inesperado entre oficialismo y oposición. Vale decir que este no es un caso excepcional, ya que algo similar ocurrió en el pasado cuando fue aprobada la ordenanza de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
