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30/12/2025
La asociación ambientalista Manekenk expresó su “profunda preocupación” por lo que considera un “progresivo desmantelamiento y retroceso institucional” de las áreas ambientales tanto del Gobierno Provincial como del Municipio de Ushuaia, advirtiendo que esta situación “pone en serio riesgo las políticas públicas de protección ambiental, el cumplimiento de la normativa vigente y el derecho de la comunidad a un ambiente sano”.
En un comunicado difundido este martes, la organización alertó que el debilitamiento de las estructuras estatales encargadas de la gestión ambiental se produce “en un contexto de avances extremos del cambio climático y del crecimiento de discursos de negacionismo climático que cuestionan la evidencia científica y debilitan las políticas públicas”.
Según Manekenk, el deterioro institucional en materia ambiental “no solo implica un retroceso administrativo, sino que deja a la sociedad en una situación de mayor vulnerabilidad frente a riesgos ambientales presentes y futuros”, al tiempo que “refuerza narrativas que minimizan o niegan la gravedad de la crisis socioambiental”.
El comunicado señala que en el ámbito del Gobierno Provincial “la situación se agrava frente a la renuncia de la planta política de la Secretaría de Ambiente”, sin que hasta el momento “se avizore la designación de reemplazos con igual jerarquía institucional, categoría administrativa ni solvencia técnica que el equipo que dejó el área”.
Para la asociación, esta falta de definiciones “profundiza el vaciamiento de la política ambiental provincial, genera incertidumbre operativa, paraliza líneas de trabajo estratégicas y debilita la capacidad del Estado para planificar, regular y controlar actividades con impacto ambiental”.
En paralelo, Manekenk advirtió un proceso similar en el Municipio de Ushuaia, donde —según la entidad— se observa una “reducción de capacidades técnicas, pérdida de continuidad de programas y disminución del rol estratégico de las áreas ambientales en la planificación urbana y territorial”.
Este escenario resulta “especialmente preocupante” en una ciudad “atravesada por conflictos ambientales y por una fuerte presión sobre su entorno natural”, señala el comunicado.
La asociación enmarcó este proceso dentro de un contexto nacional de “ajuste de las áreas ambientales, avance del extractivismo e intentos de modificación o derogación de leyes fundamentales de protección, como la Ley de Glaciares”.
“Debilitar las áreas ambientales provinciales y municipales no puede interpretarse como una decisión aislada o meramente administrativa, sino como parte de un conjunto de políticas regresivas y peligrosas que reducen la capacidad del Estado para proteger bienes comunes estratégicos y garantizar derechos ambientales fundamentales”, sostiene el texto.
Manekenk subrayó que Tierra del Fuego alberga ecosistemas de alto valor ecológico y cultural —como bosques subantárticos, turberas, humedales y ambientes marinos— cuya conservación “requiere presencia estatal activa, planificación, monitoreo y control”.
“El vaciamiento de las áreas ambientales no es neutral ni inocuo: es una decisión política que favorece la opacidad, debilita los controles y habilita escenarios de mayor conflictividad socioambiental”, afirmó la organización.
Por último, advirtió que “en un contexto de crisis climática y avance del negacionismo, renunciar al rol del Estado en materia ambiental es una irresponsabilidad histórica”, y exigió “definiciones claras, la restitución de jerarquías institucionales y el fortalecimiento real de las áreas ambientales”.
“Sin ambiente no hay desarrollo, sin políticas ambientales no hay futuro”, concluyó el pronunciamiento de Manekenk.
