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17/12/2025
La asociación ambientalista Mane’Kenk calificó el 15 de diciembre de 2025 como “un día oscuro” para la política ambiental de Tierra del Fuego. Ese día, en una sesión legislativa cargada de polémica, fue aprobada la modificación de la Ley Provincial N° 1355, norma que desde 2021 prohibía la instalación de salmoneras en los mares, ríos y lagos de la provincia y se había convertido en un hito nacional por su carácter pionero en la defensa de los ecosistemas acuáticos.
Según el comunicado difundido por la organización, la reforma fue aprobada “de manera ilegítima, autoritaria y a puertas cerradas”, desconociendo el consenso social y científico que dio origen a la norma. Para Mane’Kenk, la decisión “corroe las instituciones democráticas” y marca el fin —al menos temporal— de una etapa de protección ambiental reconocida en todo el país.
La sesión legislativa, señalan, estuvo marcada por la falta de debate y la negativa a incorporar informes técnicos elaborados por organismos oficiales. Entre los legisladores que votaron a favor de la modificación figuran Lapadula (Provincia Grande), Greve (FORJA), Dos Santos (Sumemos Tolhuin), Martínez (FORJA), Pino (PJ), García (PJ), Seltzer (La Libertad Avanza) y Gracianía (La Libertad Avanza).
Mane’Kenk subraya que ninguno de ellos presentó “cifras concretas” sobre los supuestos empleos que generaría la salmonicultura ni pruebas sobre la existencia de tecnologías que aseguren su sustentabilidad.
La asociación también denunció que el Poder Ejecutivo desconoció dictámenes ambientales, estudios científicos independientes y tres informes técnicos elaborados por áreas del propio Gobierno provincial —vinculadas a la biodiversidad, los recursos hídricos y la planificación ambiental— que desaconsejaban explícitamente la reforma. Esos documentos, afirman, fueron ignorados deliberadamente.
Uno de los puntos más graves advertidos en los informes es la alteración del régimen de uso del agua, que podría permitir priorizar la actividad acuícola por sobre el consumo humano, contraviniendo la Ley Provincial de Aguas N° 1126, que establece la prioridad del abastecimiento poblacional.
La organización destacó además el cambio de postura del legislador Lapadula, quien días antes había declarado que habilitar salmoneras significaba “hipotecar la provincia”, pero finalmente votó a favor de la modificación. Para Mane’Kenk, este giro “expone el peso de los intereses extractivos” que convergieron en la sesión y deja en evidencia que “no existe grieta cuando se trata de negocios con el ambiente”.
El comunicado reconstruye una serie de episodios previos que, según el colectivo ambiental, reflejan la erosión institucional que precedió a la votación.
Durante el tratamiento en comisión, una reunión que había sido pasada a cuarto intermedio fue reanudada sin la presidenta del cuerpo, y cuatro legisladores —Martínez, Pino, Coto y Dos Santos— firmaron un dictamen considerado “ilegítimo”. Ese documento, que permaneció oculto durante meses, sólo fue publicado tras un amparo judicial, revelando serias deficiencias formales.
La entonces presidenta de la Comisión N° 3, María Laura Colazo, presentó su renuncia indeclinable en protesta por lo ocurrido.
También se cuestiona la actuación de la ministra de Producción y Ambiente, que habría intentado suspender arbitrariamente una reunión del Consejo Provincial de Medio Ambiente (CPMA) ante la previsión de que su dictamen sería contrario a la reforma.
A pesar de esa maniobra, la reunión se llevó a cabo y el CPMA emitió un dictamen contundente en defensa de la plena vigencia de la Ley 1355. Poco después, la secretaria de Ambiente, Andrea Bianchi, y la subsecretaria Ayelén Boryka renunciaron a sus cargos, en lo que Mane’Kenk interpreta como una señal de protesta ante la falta de respeto institucional y la presión política.
La asociación sostiene que la nueva norma se construyó sobre contradicciones técnicas, jurídicas e institucionales graves.
Entre los puntos críticos enumerados destacan:
Mane’Kenk adelantó que promoverá acciones judiciales para que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la ley aprobada y restituya la plena vigencia del marco original.
“Nada de lo ocurrido será naturalizado ni olvidado”, advirtieron, asegurando que iniciarán una nueva etapa de organización social y litigio ambiental.
“La defensa del ambiente no prescribe —concluye el comunicado—, y quienes hoy levantaron la mano para habilitar la destrucción deberán hacerse responsables, en los tribunales y en la memoria colectiva”.
