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19/11/2025
Las asociaciones de taxis y remises de Ushuaia presentaron un nuevo proyecto de ordenanza para regular el transporte de pasajeros mediante plataformas electrónicas como Uber, retomando la discusión que habían abierto en mayo de este año con una propuesta anterior pero que no tuvo avances significativos.
Aunque el objetivo general se mantiene —establecer un marco legal para el funcionamiento de aplicaciones de transporte en el ámbito municipal—, el texto ingresado este miércoles 9 de noviembre ante el Concejo Deliberante introduce modificaciones significativas: crea un sistema de puntaje, fija un cupo máximo de licencias, limita la cantidad de habilitaciones por persona y centraliza el control en el Municipio.
El proyecto anterior, presentado en mayo por la Asociación de Propietarios de Taxis, proponía reconocer el transporte por plataformas como un servicio privado de interés público, con requisitos similares a los de los taxis tradicionales.
La nueva versión, en cambio, avanza hacia un modelo de control selectivo y cupificado, donde la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Transporte asumen el poder de habilitación, registro y sanción.
Uno de los puntos centrales es la creación del Registro Municipal de Transportistas Digitales, que prevé un máximo de 500 nuevas licencias para vehículos de plataformas, en complemento a las 500 habilitaciones existentes de taxis y remises. En total, el parque autorizado no podría superar las 1.000 unidades dentro del ejido urbano.
En el texto de mayo, esa limitación aparecía solo como una posibilidad “sujeta a estudios de mercado”. Ahora, el cupo queda definido por ordenanza, configurando una barrera explícita de ingreso al sistema.
Otra de las modificaciones es el Sistema de Puntaje de Habilitación, que establece un mínimo de 50 puntos para acceder al permiso.
Entre los factores ponderados se incluyen:
La autoridad municipal podrá modificar ese puntaje por resolución, lo que otorga un amplio margen de discrecionalidad a la aplicación del sistema.
Además, el proyecto prohíbe que una misma persona sea titular o cotitular de más de una habilitación, con el argumento de evitar la concentración o el uso de intermediarios en la operación de los vehículos.
A diferencia del proyecto de mayo —que limitaba la antigüedad del vehículo a 6 años y exigía que el conductor fuera el titular del auto—, la nueva propuesta amplía el rango a 10 años y elimina la obligación de propiedad.
También ya no incluye las tasas, cánones ni exigencias tributarias expresadas en Unidades Fiscales de Aforo (UFA) que figuraban en el texto anterior, lo que representa una simplificación significativa del esquema.
Se mantienen los requisitos básicos: RTO vigente, seguro de pasajeros y aire acondicionado, pero con una estructura más simple y compatible con la operatoria actual de Uber.
El texto define un sistema mixto de tarifas, con una base mínima obligatoria y un componente variable informado al usuario antes del viaje, y contempla sanciones por infracción que van desde multas hasta la baja definitiva del registro.
El cambio de enfoque muestra una estrategia más pragmática de los gremios del transporte local. Frente a la imposibilidad de impedir la operación de Uber —que ya funciona en la ciudad sin reconocimiento legal—, las asociaciones buscan instalar un marco de control que limite la expansión y preserve el sistema tradicional.
