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14/04/2025
La Municipalidad de Ushuaia oficializó un nuevo subsidio por $77 millones a favor de Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE), la empresa que presta el servicio de transporte público en la ciudad. La medida fue dispuesta a través del Decreto Municipal N.º 416/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
El subsidio fue solicitado por el presidente de UISE mediante la nota N.º 02/2025, y avalado por las áreas económicas del Municipio. Según los considerandos del decreto, la asistencia tiene como objetivo “reforzar el mantenimiento de unidades” y “mantener el compromiso asumido en lo referido a aumentos salariales”, evitando a su vez un incremento en la tarifa del boleto.
Este nuevo desembolso se suma a otros subsidios otorgados durante 2024: en julio, UISE recibió $289 millones ante la interrupción del Fondo Compensador del Transporte Urbano; en agosto, $87,8 millones fueron destinados al Plan de Movilidad Sustentable; y en marzo, el Ejecutivo transfirió $390 millones para garantizar la continuidad del servicio.
Aunque el Municipio los presenta como medidas excepcionales, estos subsidios han dejado de ser hechos aislados. En 2023, INFORMANTE.COM.AR ya advertía sobre la frecuencia con la que se canalizaban fondos hacia la empresa estatal, en un esquema que parece haberse consolidado como parte del funcionamiento habitual del sistema.
En este contexto, concejales de la oposición solicitaron formalmente a la secretaria de Economía del Municipio, Araceli Oviedo Giménez, un informe detallado sobre los fondos públicos transferidos a UISE y a la Delegación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El pedido, presentado por escrito, exige precisiones sobre las partidas y montos remitidos entre enero y abril de este año, así como la entrega de copias de los actos administrativos que avalaron dichas transferencias. También se pidió que se informe si estos instrumentos fueron remitidos para su publicación en el Boletín Oficial, con detalle de fecha y número correspondiente.
La solicitud se ampara en el derecho a la información pública establecido en el artículo 48° de la Constitución Provincial y el artículo 7° de la Ley Provincial N° 653. Los ediles advirtieron que, de no recibir respuesta dentro del plazo legal de diez días, se reservan el derecho de iniciar acciones judiciales contra la funcionaria.
Desde la oposición señalan que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo y en qué se utilizan los recursos del Estado, y advierten que no permitirán que se naturalice el uso discrecional y sin rendición de cuentas del dinero público. La nota lleva las firmas de Daiana Freiberger, Vladimir Espeche, Belén Monte de Oca y Valter Tavarone.
