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11/05/2026
Un informe elaborado por la docente investigadora Mg. Patricia Vara para el Observatorio Social, Político y Económico del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado (ICSE) de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) plantea que la política energética aplicada entre 2023 y 2026 en la provincia representa un cambio de paradigma: del gas como “derecho social” hacia un esquema de segmentación territorial y sostenibilidad fiscal.
El trabajo, titulado “La Política de Hidrocarburos como herramienta de (in)equidad: De la Tarifa Social a la segmentación del consumo de GLP en Tierra del Fuego (2023-2026)”, analiza la evolución del subsidio al gas envasado, el retiro progresivo de subsidios nacionales, la reconfiguración del régimen provincial y el impacto económico sobre miles de hogares fueguinos que aún no cuentan con acceso a la red de gas natural.
Según el estudio, el costo del GLP subsidiado pasó de $6 por kilogramo en 2023 a una proyección de $300 hacia diciembre de 2026, lo que representa un incremento acumulado del 4.900%.
La investigación sostiene que este proceso no puede explicarse únicamente por inflación o actualización de costos, sino por una transformación estructural en la política hidrocarburífera nacional y provincial. En ese sentido, el informe atribuye parte del escenario actual a la desregulación impulsada por el Gobierno nacional, incluyendo la eliminación de precios de referencia y subsidios en la cadena de valor del gas, así como la paralización de obras de infraestructura energética.
“El Estado Nacional ha reducido el derecho energético a una estructura meramente formal”, señala el trabajo, al describir lo que define como un “vaciamiento institucional” del régimen de Zona Fría.
En paralelo, el estudio analiza la respuesta adoptada por el Gobierno fueguino mediante el Decreto Provincial Nº 505/2026 y la Resolución M.E. Nº 209/2026, que introdujeron un nuevo esquema de segmentación territorial basado en geolocalización y acceso técnico a la red de gas.
Actualmente, el padrón provincial del programa “Subsidio al Consumo Residencial de Gas Envasado y a Granel” alcanza a 5.894 usuarios activos: 3.591 en Ushuaia, 1.832 en Río Grande y 471 en Tolhuin.
El nuevo esquema divide a los beneficiarios según unidades territoriales y disponibilidad de conexión. En Ushuaia, por ejemplo, los hogares sin acceso a red podrán recibir entre 450 y 200 kilos mensuales durante el invierno, dependiendo de la categoría asignada, mientras que quienes residan en zonas técnicamente alcanzadas por la red perderán el subsidio tras un plazo de 90 días desde la notificación oficial.
El informe cuestiona especialmente que el criterio de exclusión se base en la existencia potencial de conexión y no en la capacidad económica real de las familias para afrontar la obra interna necesaria. Según el estudio, conectar una vivienda puede demandar entre 2.000 y 3.000 dólares, un costo considerado inaccesible para muchos hogares fueguinos.
Además, advierte que la reducción de cupos a partir de octubre desconoce las condiciones climáticas de Tierra del Fuego, donde las bajas temperaturas y nevadas suelen extenderse hasta noviembre o diciembre.
Desde una perspectiva social, la investigación sostiene que la combinación entre suba tarifaria y reducción de cobertura genera un proceso de “precariedad energética”. El documento afirma que para hogares de ingresos bajos el costo del gas podría absorber entre el 15% y el 20% de los ingresos familiares, superando ampliamente el umbral internacional utilizado para medir pobreza energética.
“La calefacción es un requisito biológico de supervivencia”, sostiene el informe, que plantea que el actual esquema transforma el acceso al gas “de un derecho ciudadano en zona fría” a una “variable de ajuste del gasto público”.
El trabajo también aborda las consecuencias políticas e institucionales del nuevo modelo. Allí señala que la segmentación “institucionaliza una jerarquía de la necesidad” y reemplaza el paradigma del “Estado garante” por uno de “gestor de mercado”, donde la prioridad pasa a ser el equilibrio fiscal antes que la universalidad del acceso energético.
En ese contexto, recuerda que la Legislatura provincial suspendió la aplicación del esquema original impulsado por el Ejecutivo, luego del reclamo de familias afectadas, y reclamó una nueva reglamentación que contemple criterios de equidad y vulnerabilidad. La decisión fue aprobada por 13 votos a favor y 2 en contra.
En sus conclusiones, el informe advierte que Tierra del Fuego enfrenta una “paradoja de la abundancia”: ser una provincia productora de hidrocarburos y, al mismo tiempo, registrar niveles crecientes de vulnerabilidad energética.
“La energía es un derecho humano fundamental y no un privilegio determinado por el mercado o la infraestructura”, concluye el documento elaborado por el Observatorio Social, Político y Económico de la UNTDF.
