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14/04/2025
La Corte provincial de Córdoba resolvió un conflicto de larga data: autorizó con carácter excepcional y provisorio el funcionamiento de Uber en la ciudad, en tanto se cumpla una serie de requisitos legales, tributarios y técnicos. La medida representa un revés para el intendente Daniel Passerini, que desde el inicio de su gestión se opuso de forma enfática al avance de las aplicaciones de transporte en la capital cordobesa.
La resolución, firmada por los vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), obliga al Municipio a habilitar la actividad si la plataforma cumple con los lineamientos establecidos en el fallo y con las condiciones que defina la Dirección de Transporte. A su vez, exige al Ejecutivo local establecer un marco normativo específico que modifique la prohibición absoluta que regía hasta ahora.
La sentencia sienta un precedente relevante para otras ciudades argentinas donde el debate sobre las plataformas digitales de movilidad sigue abierto. En Ushuaia, por ejemplo, el tema aún permanece en análisis dentro del Concejo Deliberante. Los proyectos para regular Uber, Cabify o Didi siguen en comisión y no lograron aún el consenso necesario para llegar al recinto. Incluso la Asociación de Taxis expresó su intención de participar en el debate.
En Córdoba, el conflicto judicial se remonta a 2019, cuando comenzaron a realizarse viajes a través de Uber sin una regulación específica. El Municipio respondió con normativas punitivas e incautó más de 6.500 vehículos por operar sin habilitación. Incluso promovió una licitación millonaria para desarrollar una app local que compita con las plataformas extranjeras.
El TSJ, sin embargo, consideró “conveniente reconvertir la prohibición absoluta en una autorización parcial y temporal”, siempre y cuando se respeten las condiciones legales que aseguren el cumplimiento de la ordenanza 12.859 —que regula el servicio de transporte con chofer— y se dicte una normativa especial.
Qué exige la Justicia cordobesa
El fallo establece que Uber deberá inscribirse en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en Ingresos Brutos y en el Registro de Comercio e Industria, además de constituir domicilio legal en la ciudad. También deberá garantizar medios electrónicos de pago y contratar seguro de responsabilidad civil.
En cuanto a los vehículos, no podrán superar los diez años de antigüedad, deberán estar radicados en Córdoba, contar con aire acondicionado, baúl con capacidad mínima y un ploteo o identificación visible.
Los conductores deberán tener licencia profesional, ART, certificado de antecedentes penales y no figurar en los registros de deudores alimentarios ni de condenados por delitos sexuales.
Aunque el fallo se refiere a Uber, su alcance podría extenderse a otras plataformas como Cabify o Didi, siempre que se ajusten a las mismas exigencias. También se contempla la creación de un registro municipal para los prestadores de este tipo de servicios.
Eli Frías, Head de Operaciones de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay, celebró el fallo y lo definió como “un reconocimiento a la disposición al diálogo y a la convicción de ser parte del futuro de la movilidad de Córdoba”.
Desde el municipio, el asesor letrado Gabriel Martín aclaró que no habrá cambios inmediatos “hasta tanto se cumplan con las condiciones y requisitos establecidos por el fallo”. “A partir de que Uber lo haga, la Municipalidad deberá autorizar su funcionamiento”, expresó en diálogo con Cadena 3.
Avanza en el Concejo la reforma de la ordenanza vigente
El jefe del bloque de Hacemos por Córdoba, Marcos Vázquez, anticipó que el oficialismo impulsará una reforma de la ordenanza 12.859 para incorporar la regulación de las plataformas digitales de transporte.
“Vamos a comenzar a trabajar en comisiones, convocando a todos los sectores involucrados: taxis, remises, aplicaciones y usuarios”, explicó el edil. Las reuniones comenzarán la semana próxima.
Vázquez precisó que los requisitos para los choferes serán una licencia de conducir profesional, inscripción en ARCA, cobertura de ART, certificado de antecedentes penales, y constancia de no figurar en los registros de deudores alimentarios ni de condenados por delitos sexuales. Cada vehículo deberá estar identificado con el logo o sticker correspondiente, según lo establece el fallo.
Críticas de la oposición
La concejala Jessica Rovetto Yapur cuestionó que “el Poder Judicial haya tenido que asumir una función legislativa por la gravísima omisión del Ejecutivo y el Legislativo municipal”. Recordó que presentó un proyecto de ordenanza “disponible para su debate desde comienzos de 2024” y pidió que se habilite su tratamiento en comisión.
También solicitó que se suspendan los controles en la vía pública “hasta tanto la Municipalidad brinde una solución definitiva al tema”. Su iniciativa plantea considerar a Uber y otras aplicaciones como un servicio de transporte privado, habilitado por la Constitución Nacional y el Código Civil y Comercial, y sujeto a regulaciones razonables.
“Los requisitos que propongo son los mínimos necesarios para garantizar reglas claras, seguridad en la prestación del servicio y competencia leal. No hay que poner más trabas a los trabajadores; el Estado debe facilitarles la vida a los vecinos, no complicarla”, concluyó.
