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15/05/2025
El concejal de Ushuaia por el bloque Somos Fueguinos, Valter Tavarone, cuestionó con dureza la reciente prórroga del contrato de concesión del complejo que incluye el Yámana Bar y la pista de patinaje “Carlos Tachuela Oyarzún”, a cargo de la firma Gastronomía del Sur (GDS). El edil advirtió que existen “serias irregularidades” en el procedimiento adoptado por el Ejecutivo, que renegoció la continuidad de la explotación hasta diciembre de 2026, a pesar de que el contrato original no contemplaba ninguna cláusula de extensión.
“La concesión está vencida desde 2023 y fue prorrogada de hecho, sin respaldo normativo”, alertó Tavarone, quien sostuvo que “la normativa vigente en materia de contrataciones es clara: no puede prorrogarse un contrato si esa posibilidad no fue prevista en el pliego original, y en este caso nunca lo fue”.
El concejal recordó que desde su bancada ya en abril solicitaron formalmente a través de la Resolución 74/2024 que el nuevo pliego licitatorio incluyera obras esenciales para la infraestructura del predio, como gradas, techado y sistemas de climatización. “En lugar de avanzar con una nueva licitación, nos encontramos un año después con una prórroga extemporánea y sin garantías de que se realicen las obras necesarias”, señaló.
Desde la Municipalidad se informó que la firma del nuevo acuerdo “permitirá a la empresa realizar importantes inversiones”, sin detallar los montos ni plazos concretos. A su vez, la secretaria de Turismo, Viviana Manfredotti, aseguró que el objetivo sigue siendo “revalorizar el espacio público para el desarrollo del deporte y el turismo”. En la misma línea, la secretaria de Economía, Araceli Oviedo, valoró que el Instituto Municipal de Deportes tendrá facultades para coordinar el uso del predio.
No obstante, para Tavarone, los términos del acuerdo son inaceptables. “En una concesión nueva, la inversión debe correr por cuenta del concesionario. El municipio no debería desembolsar un peso. No hay excusas posibles en este caso”, subrayó. También remarcó que presentaron un pedido de acceso a la información pública para conocer los detalles del convenio firmado y los criterios que se utilizaron para evitar la licitación.
“Vamos a seguir el tema de cerca. Sabemos que los vecinos reclaman que ese espacio se mejore y que se hagan las obras que nunca se hicieron”, concluyó.