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06/01/2024
La ciudad de Ushuaia, se sumó el martes pasado a la lista de cuatro municipios del país que resolvieron prohibir la instalación de antenas para la tecnología de comunicaciones 5G hasta tanto existan estudios científicos y ambientales que garanticen la inocuidad de las radiaciones vinculadas con estos dispositivos que prometen optimizar exponencialmente la velocidad y el volumen de intercambio de datos.
El municipio, a cargo del intendente Walter Vuoto, promulgó de hecho la ordenanza 6317, sancionada por el Concejo, donde se establece a la ciudad como “zona libre de radiaciones provenientes de la tecnología de comunicaciones de quinta generación (5G) y toda tecnología de transmisión de datos de generaciones subsiguientes”.
El pasado 6 de diciembre y durante la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, fue sancionada la ordenanza con la votación dividida del cuerpo de concejales, que en ese momento estaba conformado por siete integrantes. Acompañaron la iniciativa Javier Branca (De la Ciudad), Mariana Oviedo y Ricardo Garramuño (MPF). El bloque del PJ votó de manera dividida – a favor el Concejal Gabriel de la Vega y en contra la Concejal Laura Avila y Juan Carlos Pino. El Concejal de FORJA, Juan Manuel Romano, no formo parte de la sesión.
El dato que llama la atención es que ni bien se conoció la noticia en los medios nacionales, desde la bancada del PJ, con Nicolas Pelloli a la cabeza, anunciaron que se encuentran trabajando en conjunto con el Ejecutivo, en un proyecto para derogar la medida que ellos mismos habilitaron.
En este sentido sostuvo que “no existe evidencia alguna de que este tipo de tecnología pueda poner en riesgo la salud de nuestros vecinos y vecinas.”
Pese a que fue el propio Municipio quien promulgó la ordenanza, el concejal afirmó que “no va a ser esta gestión la que retrase el desarrollo de esta tecnología, teniendo en cuenta el potencial de generar importantes beneficios económicos y sociales a la ciudad”.
Por su parte, la Concejal de Juntos por el Cambio, Belen Monte de Oca, ya presentó un proyecto para derogar la ordenanza actualmente vigente. En este sentido advirtió que “si bien esto surge de una iniciativa de vecinos preocupados por los posibles riesgos de la tecnología 5G, lo correcto hubiera sido incorporar mayor análisis del tema y contar con un pronunciamiento de ENACOM así como otros organismos y profesionales que brinden certezas sobre la situación, antes de avanzar en esta medida”, cuestionó.
A su vez remarcó que “la conectividad es una herramienta fundamental, especialmente por nuestra condición insular, para el desarrollo de múltiples actividades vinculadas a la educación, la cultura, el turismo, e incluso la salud”, y agregó que al proyecto de derogación se sumará un pedido de informes al Ente Nacional de Comunicaciones para sumar al debate.
Belén Monte de Oca afirmó que “el orden que proponemos desde nuestra banca, en una nueva forma de gestionar para nuestros vecinos, apunta a generar soluciones y también revisar aquellas decisiones legislativas que pueden haberse tomado sin considerar los alcances en la vida cotidiana de toda la comunidad”, cerró.
La iniciativa fue impulsada por integrantes de la agrupación Ciudadanos Organizados para Regular las Telecomunicaciones (CORTE) que tiene referentes en Tierra del Fuego. La norma prohíbe el 5G “hasta tanto se presenten estudios médicos, científicos y epidemiológicos que demuestren la total inocuidad de estas radiaciones”.
También menciona que los estudios que en un futuro se presenten, para derogar la ordenanza, deberán estar “avalados por las recomendaciones no opuestas entre sí, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Internacional Sobre los Efectos Biológicos de los Campos Electromagnéticos (ICBE-EMF) y el Panel para el Futuro de la Ciencia y Tecnología (STOA) del Europarlamento”.
Según la medida, el municipio “no emitirá ningún tipo de autorización de obra, instalación o similar para el despliegue de la tecnología” por imperio del “principio precautorio en materia de salud y ambiente”.
Entre sus fundamentos, la prohibición indica que en el país “no existen estudios que aseguren la inocuidad de las radiaciones de las radiofrecuencias provenientes de las telecomunicaciones celulares, para los ciudadanos expuestos a largo plazo”.
La asociación Corte documentó durante el debate legislativo que varios estados municipales del mundo sancionaron ordenanzas similares, y que en Argentina existen regulaciones similares “en la Comuna de Lechmann (Santa Fe), Gualeguaychú (Entre Ríos), Azul (Buenos Aires) y Capilla del Monte (Córdoba)”. En el caso de Gualeguaychú, la norma fue revertida hace una semana, y el municipio podrá incorporar antenas 5G.
“No es que queramos prohibir el progreso. Hay mucha gente que no entiende que esta tecnología no fue probada y que ya ha traído problemas en algunos lugares”, sostuvo Alejandra Guerrero, miembro de Corte en Tierra del Fuego. La dirigente adelantó que un proyecto similar fue presentado ante el Concejo Deliberante de la ciudad de Río Grande, en el norte provincial, y se encuentra “bajo análisis”.
En octubre pasado, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) formalizó la adjudicación de bandas de frecuencias para la prestación de servicios 5G en el país a las empresas Telecom, AMX (que opera con el nombre comercial Claro), y Telefónica (Movistar), a través de la resolución 1473/2023. El exministro de Economía, Sergio Massa, indicó entonces que cada empresa invertirá alrededor de US$ 1000 millones en el despliegue de antenas y de fibra óptica necesaria para dar servicios con este tipo de tecnología, más allá de los 850 millones de dólares recaudados en la licitación.
Sobre los posibles riesgos para la salud y el ambiente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró en 2020 que “no se ha relacionado causalmente con la exposición a tecnologías inalámbricas ningún efecto adverso para la salud”, aunque el organismo también aclaró -en un documento publicado en su sitio web- que “solo unos pocos estudios se han llevado a cabo en las frecuencias que utilizará 5G”.
En el mundo, la tecnología 5G (que difiere de las anteriores principalmente en las frecuencias que usa para la transmisión de los datos, y en la eficiencia con la que aprovecha esa parte del espectro radioeléctrico, que es mucho mayor, y emite menos radiación que las generaciones anteriores) comenzó a funcionar en Corea del Sur en 2019, y ya tiene más de 1600 millones de usuarios en todo el mundo.
Durante 2020 hubo varios ataques a antenas 5G en Europa, porque una teoría conspirativa las consideraba (erróneamente) un vehículo para la difusión del coronavirus. Además, varios proyectos a nivel global están investigando el impacto de esta tecnología en la población, como la Icnirp ( Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante), que asesora a la Organización Mundial de la Salud (OMS). De hecho, la Icnirp actualizó sus directrices en 2020 por primera vez en 2 décadas, concluyendo que los niveles de radiación del 5G están muy por debajo del máximo permitido, y que es una tecnología segura.
Con información de Télam
