Nación extendió la intervención del Puerto de Ushuaia y condicionó su devolución a un plan de obras

18/11/2026

El Gobierno nacional resolvió extender la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia y mantener el control operativo, técnico y administrativo de la terminal, sin establecer un plazo concreto para restituir su administración a la Provincia. La decisión quedó formalizada este miércoles mediante la Resolución 69/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).

La medida fue firmada por el director ejecutivo del organismo, Iñaki Miguel Arreseygor, y establece que la continuidad de la intervención estará vinculada al cumplimiento de un nuevo Plan de Obras de Infraestructura. De esta manera, la restitución del puerto a la Dirección Provincial de Puertos dependerá de que se completen los trabajos y las adecuaciones técnicas que exige la autoridad nacional, sin que exista una fecha determinada para finalizar el proceso.

Entre los fundamentos de la resolución, Nación sostiene que todavía persisten deficiencias estructurales, operativas y de seguridad que impiden levantar la intervención dispuesta el 20 de enero de este año. Si bien el organismo reconoce avances desde el inicio de su gestión, considera que las tareas realizadas no alcanzan para subsanar la totalidad de las observaciones detectadas.

El plan contempla reparaciones en distintos sectores del muelle comercial, renovación de defensas para el atraque de embarcaciones, mejoras en las instalaciones eléctricas y en las redes de provisión de agua, además de adecuaciones en los sistemas de prevención y combate de incendios. También incluye trabajos en el sector de catamaranes, la playa de contenedores y otras instalaciones vinculadas con la operatoria portuaria.

En materia de seguridad, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación menciona la necesidad de completar auditorías ante la Prefectura Naval Argentina, regularizar dispositivos de salvamento, renovar los sistemas de videovigilancia y avanzar con la integración de herramientas informáticas, operativas y contables.

La resolución también establece que las inversiones previstas deberán financiarse con los ingresos provenientes de las tarifas generadas por la actividad portuaria, aunque no precisa los montos que demandarán las obras ni establece un cronograma detallado para su ejecución.

Otro aspecto de la disposición es la aprobación de una nueva planimetría que delimita el alcance de la intervención sobre la infraestructura portuaria, los equipamientos, las instalaciones y los espacios terrestres y acuáticos vinculados directamente con la actividad de la terminal.

El rechazo del Gobierno provincial

La decisión generó el rechazo de las autoridades fueguinas. El gobernador Gustavo Melella cuestionó la prórroga y sostuvo que el Gobierno nacional busca mantener el control de los recursos económicos que genera el puerto.

A través de sus redes sociales, el mandatario afirmó que la medida desconoce el federalismo y la autonomía provincial. También sostuvo que el puerto constituye una fuente de trabajo para numerosas familias y una infraestructura fundamental para el desarrollo económico, turístico y logístico de Tierra del Fuego.

Por su parte, la vicegobernadora y presidenta de la Legislatura, Mónica Urquiza, también expresó su oposición a la continuidad de la intervención. Consideró que Nación pretende administrar recursos que pertenecen a la provincia y cuestionó que una medida de estas características pueda extenderse sin un plazo definido para la restitución de la terminal.

La intervención del Puerto de Ushuaia, que comenzó en enero de 2026, había sido dispuesta por doce meses, con posibilidad de prórroga mediante un acto fundado. Con la nueva Resolución 69/2026, el Gobierno nacional mantiene el control de la terminal y condiciona su devolución al cumplimiento de las exigencias técnicas y del plan de obras aprobado.

La decisión abre un nuevo capítulo en la disputa entre Nación y Provincia por la administración de una infraestructura estratégica para Tierra del Fuego, tanto por su actividad comercial y turística como por su vinculación con la logística antártica y las operaciones marítimas en el Atlántico Sur.

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