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24/01/2025
El jefe del Aeropuerto Internacional de Ushuaia, Marcelo Oscar Devincenzi, remitió un informe al Concejo Deliberante de la ciudad, respondiendo a un pedido de información relacionado con el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI).
De acuerdo al informe, el SSEI cuenta con solo dos autobombas operativas, ambas entregadas en calidad de comodato por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Estas unidades, marca Oshkosh Striker 3000, permiten al aeropuerto mantener la categoría 8 según la Regulación Aeronáutica Civil (RAAC), lo que habilita la operación de aeronaves de gran porte.
En relación a los trajes de protección y agentes extintores, Devincenzi señaló que la responsabilidad de garantizar estos elementos recae sobre el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego y la Policía Federal Argentina, según un convenio vigente. Pruebas de laboratorio realizadas en 2024 confirmaron la funcionalidad de los agentes químicos, pero la infraestructura y los equipos presentan serias limitaciones.
El estado del cuartel de bomberos fue otro punto del informe. Según Devincenzi, la estructura actual no es apta para su eficiente uso ni adecuada para la dotación de autobombas. A pesar de un acuerdo firmado en julio de 2023 entre el Gobierno Provincial, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y el concesionario London Supply para la construcción y ampliación del cuartel, las obras siguen demoradas.
El informe también detalla el plan de emergencia del aeropuerto, que incluye procedimientos para incidentes dentro y fuera de la jurisdicción aeroportuaria. No obstante, Devincenzi recordó que, en caso de que no se garanticen las condiciones mínimas de seguridad, la ANAC tiene la potestad de restringir toda operación aérea, lo que podría afectar gravemente la conectividad y la economía local.
En noviembre de 2024, el programa Guadavibes, del canal Neura, había advertido sobre graves irregularidades en el aeropuerto, denunciadas inicialmente en 2023 y aún no resueltas. La investigación señalaba que la seguridad operacional estaba "gravemente comprometida". Entre los problemas detectados, se encontraban una autobomba abandonada cerca de la pista, neumáticos lisos en la única unidad operativa, trajes de bomberos vencidos y dañados, equipos de comunicación inoperativos y sistemas hidráulicos fuera de servicio. Además, tanto el polvo como la espuma contra incendios estaban vencidos, lo que pone en entredicho la capacidad de respuesta del aeropuerto ante posibles emergencias.
Estas denuncias derivaron en una causa penal (1821/23), tramitada por el juez federal Federico Calvete. Durante una inspección judicial, se constató que una autobomba no arrancaba, y se confirmó el vencimiento de la espuma contra incendios, lo que resultó en una baja en la categoría de seguridad del aeropuerto. Aunque la investigación fue archivada por falta de evidencia de delitos, la Justicia Federal emitió recomendaciones urgentes a las autoridades aeroportuarias y a la ANAC para corregir las graves deficiencias detectadas.