Un dictamen con limitaciones al sindicalismo municipal

08/09/2022

Hace dos décadas la Argentina padecía una de las crisis sociales, políticas y económicas más complejas de su historia. En ese contexto fue sancionada la Carta Orgánica de la Municipalidad de Ushuaia. Aquella realidad propició que se incluyeran en su redacción artículos muy interesantes, algunos novedosos para la época, vinculados especialmente a disipar la inquietante crisis de representatividad política y sindical que atravesaba el país.

En este marco los convencionales constituyentes definieron incorporar al régimen de empleo público la participación de aquellos trabajadores no agremiados como garantes de quienes observaban al sector sindical con cierta desconfianza y dudas respecto de una genuina capacidad de representación. Fueron los propios líderes sindicales quienes avalaron esta incorporación en el 2002. Una versión de los hechos sostiene que el acompañamiento se debió a una imposición política: si no aceptaban esta nueva figura tampoco había convenio. Imposible de creer.

Cinco años después el intendente Jorge Garramuño promulgaba el Convenio Municipal de Empleo. Dispuestos a homologarlo, los referentes del sindicalismo municipal acudieron al Ministerio de Trabajo en donde se les informó que era una tarea imposible de hacer por un detalle. Desde la cartera laboral explicaron que la figura de los no agremiados no era reconocida por la autoridad competente, por lo tanto, no podían continuar con el trámite.

Fue un duro golpe que derivó en un reclamo que obtuvo respuesta recién el lunes pasado, cuando los constituyentes encargados de la reforma de la Carta Orgánica redactaron un dictamen de mayoría que quita esa figura. En el marco de la Comisión Temática en donde se trató el asunto, un famoso abogado laboralista y presidente del Colegio de Abogados, el doctor Clemente Vidal Oliver, argumento que esa figura era un “cachivache” porque los artículos en cuestión hacen referencia a negociaciones colectivas, ámbito en el que ese sector carece de sustento jurídico.

Si ese dictamen se aprueba en la sesión prevista para la semana que viene, las puertas a una posible homologación quedan abiertas. ¿Qué pensarán de esto los representantes de ASOEM, SEMUP y SPJ? Por su comportamiento se puede suponer que son parte interesada en que esto ocurra. Pero si nos remitimos a la ley que regula las negociaciones colectivas ellos son los principales afectados.  

¿Sabrán que esa norma solo reconoce a las asociaciones gremiales con personería gremial, y por ende, ellos también quedarían excluidos en esa instancia?

Desde el sector de los no agremiados defendieron su postura señalando que su razón de existir está ligada a la escasa afiliación de los trabajadores y la falta de transparencia de estos para defender a quienes dicen representar. Uno de ellos incluso desató la furia de los sindicalistas cuando se atrevió a decir que recibían “dadivas” que eran utilizadas como método para retener a sus afiliados.

Pero hay otro detalle de ese dictamen que paso casi inadvertido. Agustín Coto, referente del bloque de Republicanos Unidos, introdujo un párrafo en el que expresamente se impide a las asociaciones sindicales cobrar una cuota obligatoria a los trabajadores que no estén afiliados a ninguna entidad. De esta manera el convencional bloqueó de antemano una posible maniobra que impactaría directamente en los bolsillos de  quienes deciden mantenerse al margen del ámbito gremial.

Esto encendió las alarmas de algunos sindicatos poderosos que se quejaron de la medida. Uno de ellos es UPCN, el otro, Camioneros. A este último se le atribuyen conexiones estrechísimas con el Intendente de la ciudad. Incluso hay versiones que sostienen que podrían formar parte de las negociaciones paritarias en el ámbito municipal en un futuro cercano.

El oficialismo, carente de los votos necesarios para obtener un dictamen suscripto por la mayoría de los convencionales, optó por ceder ante la demanda del bloque de Republicanos Unidos para garantizar que se excluyera de la redacción a los referentes de los no agremiados. Como un déjà vu del 2002, pero esta vez al sector político, el bloque opositor aseguraba la salida de estos a cambio de que en la redacción quedara aclarado que no se podían imponer descuentos compulsivos al personal no agremiado.  

A nivel nacional ya se implementaron medidas de este tipo. Los aportes solidarios, ya presentes en la mayoría de los gremios de la Argentina, ha sido siempre motivo de discusión. Empezaron a proliferar en los 90, cuando los sindicalistas advirtieron que, pese a la fortaleza del salario, tenían una escasa cantidad relativa de afiliados. Entonces, como las leyes 14.250 (Convenciones Colectivas de Trabajo) y 23.551 (Asociaciones Sindicales) prohíben hacer aportes y contribuciones por fuera de los convenios, adoptaron la modalidad de incluirlos dentro de esos acuerdos.

En la provincia hubo varios intentos de implementarlo. El más recordado nos remite a la firma del convenio colectivo provincial que suscribió la entonces gobernadora – ahora diputada- Rosana Bertone con los representantes de los sindicatos de ATE, UPCN y ATSA en el 2019. El artículo 89 de ese documento establecía una “contribución solidaria” del 1.9% por usufructo de convenio para quienes no estuvieran afiliados. Poco tiempo después sería revocado por Gustavo Melella por presentar serias irregularidades que comprometían los recursos provinciales y “no otorgaba beneficios a los trabajadores de la administración pública”.

Ahora bien, el dictamen suscripto por los constituyentes aún puede ser modificado. Este viernes se realizará la primera reunión de la Comisión de Información y Debate Ciudadano; mecanismo de participación vecinal no vinculante que se incluyó en el reglamento de la convención ha pedido  del bloque de Somos Fueguinos. Los sindicalistas analizan participar para que se revea la redacción del artículo 108 y se elimine el párrafo incluido por el convencional Coto antes de someterlo a votación en la sesión del lunes próximo.

Será muy interesante observar cómo se desenvuelve este tema en los próximos días. En el oficialismo tienen dudas pese a la insistencia del convencional Sergio Niz, integrante además del sindicato de Camioneros, para que el texto sea modificado. La próxima semana comenzarán a debatirse temas ligados al sistema electoral y desde el espacio que lidera el intendente de la ciudad temen que, de no respetar la redacción del dictamen, impacte directamente en el sistema de consensos de los próximos artículos. Como expresa un principio del derecho civil: Pacta sunt servanda.