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21/05/2025
La industria fueguina quedó prácticamente paralizada este miércoles a raíz de un paro general convocado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), con adhesión de diversos sindicatos estatales y privados, en rechazo al decreto presidencial que reduce los aranceles de importación para productos electrónicos. Las protestas se realizaron en simultáneo en Río Grande y Ushuaia, y fueron acompañadas por sectores gremiales como ATE, SUTEF, Camioneros y mercantiles, entre otros.
En la capital provincial, la movilización tuvo como punto de partida las instalaciones de la firma Newsan y se desplazó hasta la plaza Cívica, donde se desarrolló el acto central. Durante el recorrido, los manifestantes entregaron un petitorio en Casa de Gobierno, que fue recibido por la vicegobernadora Mónica Urquiza. En Río Grande, en tanto, la protesta se concentró frente a la planta de Mirgor, donde hablaron varios referentes sindicales de alcance nacional.
Desde ese escenario, el dirigente docente Horacio Catena advirtió: “No nos vamos a rendir frente a un gobierno que viene a entregar la soberanía y a destruir la industria nacional”. A su turno, el ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero sostuvo: “Esto no es un circo, son trabajadores que quieren vivir dignamente de su sueldo. Venimos a ponernos a disposición para que el conflicto se nacionalice”.
El malestar se originó en el decreto 302/2024 del Ejecutivo nacional, que establece una reducción progresiva de los aranceles a la importación de teléfonos celulares del 16% al 8%, con la eliminación total prevista para 2026. Para los gremios, la medida pone en riesgo la sustentabilidad del régimen de promoción industrial y amenaza el entramado económico de la provincia, que tiene a esta actividad como uno de sus principales pilares.
Frente a la presión gremial, el Gobierno nacional buscó enviar una señal de calma. El secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, afirmó que “las empresas se comprometieron a sostener los empleos” y negó que la reducción arancelaria implique necesariamente despidos. En declaraciones radiales, sostuvo que las medidas buscan “aumentar la competitividad, reducir precios al consumidor y generar nuevas condiciones de desarrollo para el sector privado”. En esa línea, consideró “una exageración” suponer que habrá un impacto directo en el empleo.
Desde el oficialismo provincial, el gobernador Gustavo Melella anunció que convocará a sindicatos y empresas para avanzar en un acuerdo que garantice los puestos de trabajo. “No vamos a quedarnos de brazos cruzados ante medidas que ponen en riesgo la producción y la dignidad de nuestra gente”, advirtió en redes sociales.
A nivel político, las críticas también llegaron desde los sectores que respaldan el rumbo económico del Gobierno nacional. El diputado nacional por Somos Fueguinos, Ricardo Garramuño, apuntó contra el gobernador Melella y el intendente Walter Vuoto: “Son dos degenerados que necesitan de la transpiración de los fueguinos para mantener su calidad de vida burguesa. Cuando la espuma baje, saldrá a la luz la persecución, los atropellos y las pésimas gestiones”.
Desde La Libertad Avanza, el diputado Santiago Pauli cuestionó el rol de los gremios en la jornada: “Los sindicatos docentes dejan a los chicos sin clases y el sindicato de empleados de comercio no quiere que la gente entre a los supermercados. Sus prácticas mafiosas no representan a sus afiliados”.
Por su parte, la concejal ushuaiense Belén Monte de Oca afirmó que “todos los que torturaron a los ciudadanos con mentiras absolutas y escenas lamentables deben hacerse responsables. Infundieron miedo con un nivel de irresponsabilidad alarmante”.
En medio del conflicto, las empresas también intentan despejar dudas. Mirgor, ligada al entorno presidencial, emitió un comunicado en el que aseguró que no hay puestos en riesgo. Otras compañías, como Newsan, reconocieron que el impacto de la medida podría ser significativo si no se revisan aspectos del nuevo esquema.
La tensión permanece latente. Mientras los gremios preparan nuevas medidas, el Gobierno nacional insiste en que el régimen fueguino debe ser reformulado para alinearse con los objetivos de competitividad y apertura que impulsa la administración de Javier Milei.
