Comienzan las indagatorias a ex militares de Malvinas

05/12/2019

La titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) María Ángeles Ramos, estará hoy en la ciudad de Río Grande para participar de las primeras indagatorias de ex militares acusados de haber cometido actos de torturas hacia soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas de 1982, confirmaron ayer fuentes judiciales.

Ramos viaja a Tierra del Fuego acompañada de dos secretarios del organismo y se sumará a la tarea del fiscal federal de Río Grande que interviene en el caso, Marcelo Rapoport, según informa en su edición de hoy El Diario del Fin del Mundo.

La fiscal general formará parte de las declaraciones que brindarán por videoconferencia los ex integrantes de las Fuerzas Armadas ante la jueza Federal Mariel Borruto, responsable del juzgado que incluye en su jurisdicción a las Islas Malvinas.

Los primeros dos indagados serán Miguel Ángel Garde y Belisario Gustavo Affranchino Rumi, quienes prestarán declaración este jueves, en tanto que Eduardo Luis Gassino y Gustavo Adolfo Calderini, lo harán al día siguiente, indicaron las fuentes.

La PCCH fue creada por resolución N°1442/13 de la Procuraduría General de la Nación, para continuar la tarea desarrollada oportunamente por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado.

Entre sus funciones se encuentran la de continuar con todas las tareas que le habían sido asignadas a la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento, haciendo especial hincapié en “la elaboración de un registro completo y actualizado de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado de todo el país y la sistematización y procesamiento periódico de la información sobre el avance del proceso de juzgamiento”.

En esa línea, se encarga de la “coordinación interinstitucional para facilitar el avance de los procesos”, en trámite, como es la causa por las supuestas torturas en Malvinas.

Por otra parte, miembros del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas – La Plata (Cecim) que intervienen como querellantes en la causa, brindarán hoy una charla abierta en Río Grande.

La actividad se denomina “Malvinas en clave de derechos humanos. La causa que investiga las torturas a los soldados” y será organizada por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.

Los organizadores informaron que la charla “abierta y gratuita” se realizará este jueves de 16 a 18 en el Campus Río Grande (Thorne 302) de la universidad, y que los expositores serán Jerónimo Guerrero Iraola, integrante del equipo jurídico del Cecim, y Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos de la entidad, ambos –además- miembros de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires.

La jueza Borruto había suspendido las indagatorias a 18 ex militares inicialmente previstas para llevarse a cabo entre el 27 de junio y el 3 de julio de este año, con el fundamento de que no contaba, ni con el “personal suficiente”, ni con el “espacio” necesario en su juzgado.

Después, en una nueva resolución sobre el caso, sostuvo que a pesar de que “persisten la limitaciones materiales”, correspondía “comenzar a reprogramar las audiencias acorde con los recursos que posee el tribunal”.

La causa Nº 1777/07, caratulada “Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública”, surgió a partir de los testimonios de soldados tras el regreso de la guerra con Gran Bretaña.

Los denunciantes revelaron haber sido víctimas de “estaqueamientos” y “enterramientos”, entre otros maltratos físicos perpetrados por oficiales y suboficiales contra integrantes de la propia tropa, durante el desarrollo del conflicto bélico por la soberanía de las Islas Malvinas.

Según la acusación del fiscal Rapoport, existen evidencias de al menos 22 hechos de vejámenes ocurridos en la isla Gran Malvina, “específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú, donde se desempeñó el Regimiento de Infantería N°5 -dependiente de la III Brigada de Infantería-, al que estaban subordinadas cinco compañías militares”.

De acuerdo a la postura fiscal, las autoridades militares con asiento en las islas “habrían ordenado y ejecutado contra soldados conscriptos diversos actos de tortura -entre ellos, los conocidos “estaqueamientos” y “enterramientos”- como forma de controlar las alegadas indisciplinas que generaban las penurias que padecía la tropa a causa, fundamentalmente, de la falta de abrigo y comida”.

La Fiscalía considera que se trata de crímenes contra la humanidad, y que, por esa razón, son “imprescriptibles”, aunque ello todavía es materia de discusión en el expediente.

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