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14/06/2021
El jefe de gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Mario Daniele se refirió a la audiencia que se realizó en el día de la fecha ante los jueces del Superior Tribunal de Justicia. Por parte de la provincia, compareció el Ministro de Finanzas Públicas, Guillermo Fernández, “quien reconoció la existencia de la deuda pública por parte de la provincia con los municipios, e incluso admitió que a nivel provincial no se hace lo mismo que hace la Nación, donde se transfiere de forma diaria la coparticipación que les ingresa. Pero al mismo tiempo, dicen abiertamente que no tienen voluntad política de solucionarlo” expresó Daniele.
“Las excusas del Ministro Fernández son de verdad desopilantes. Reconoce la deuda, pero dice que le falta personal, que tiene equipos de tecnología vieja y le echa la culpa a la AREF, que es el propio gobierno. Asimismo, plantea que es imposible darle una solución, por lo menos para él, dejando bastante en claro que se trata de una falta de voluntad política para resolverlo. Hay una subestimación cuando intentan desviar la discusión, lo importante es cuándo ingresan los fondos a la provincia y cuándo lo remiten a las municipalidades. Si la deuda existe es porque la provincia elige no transferir esos recursos y utilizarlos en el mientras tanto. El costo lo pagan los vecinos y vecinas”, explicó Daniele.
“Si el gobernador no entiende de finanzas, como dice el propio ministro Fernández, lo mejor sería que se ponga a estudiar; o que si no, que se asesore con gente que entienda la magnitud de lo que están haciendo. Uno tiene la sensación de que a Guillermo Fernández le queda grande el cargo, porque busca justificar esta irregularidad con la supuesta ignorancia del gobernador, según lo manifiesta el propio ministro. Es una falta de respeto a la inteligencia de todos los ciudadanos de esta provincia” destacó Daniele.
“Lamentablemente llegamos a esta audiencia con una deuda de coparticipación de $ 454.161.929,26, que se suma en concepto de impuestos y tasas otros $204.776.099,50, totalizando una deuda de $658.938.028,76. Desde que comenzó esta gestión, la deuda con la ciudad de Ushuaia, creció en un 90% y no hay excusas que justifiquen estas demoras. Lo que en verdad hay es una voluntad política de demorar las partidas y los recursos, para perjudicar las gestiones municipales” destacó Daniele, quien lamentó que “desde la provincia plantéen que son los municipios quienes buscan planificadamente perjudicar la imagen del gobierno provincial, cuando los que estamos sufriendo la falta de recursos somos los municipios. Hay que recordar que estamos pidiendo que se cumpla con el acuerdo homologado por la Justicia; y que el mismo Melella y Sciurano, cuando eran intendentes, le reclamaban a la provincia. Algunos cuando llegan a posiciones de poder, se olvidan de dónde vinieron”.
A la audiencia ante el Supremo Tribunal de Justicia asistieron por el municipio de Ushuaia, la secretaria de Economía y Finanzas, Brenda Tomasevich y el secretario de Legal y Técnica, Cesar Molina; mientras que por el municipio de Río Grande, concurrió el secretario de gobierno, Gastón Díaz acompañado del asesor letrado.
De forma remota, participó por videoconferencia, el jefe de gabinete de la Municipalidad, Mario Daniele, quien pese a haber solicitado la palabra y haber realizado previamente la prueba de sonido, no pudo participar con su exposición.
El secretario de Gobierno, Gastón Díaz, estuvo presente en la audiencia ante el Superior Tribunal de Justicia, en el marco del reclamo por la deuda de coparticipación y tributaria que la provincia mantiene con el Municipio de Río Grande.
En su exposición, Díaz mencionó que “nuestro planteo no es más que la continuación de los procesos judiciales que han realizado los últimos 2 intendentes de Río Grande”. Es importante recordar que los planteos judiciales iniciaron en 2009, prosiguieron en el mismo expediente en 2010 y en 2013; y del mismo modo que el expediente N°3909/2019 fue iniciado por el entonces intendente Melella, hoy gobernador.
El Secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande afirmó ante los jueces del Superior Tribunal de Justicia que los inconvenientes generados por el retraso en el envío de fondos coparticipables “afectan a la administración municipal independientemente de quien la lleve adelante”, y demuestra asimismo que “no se trata de nombres o partidos políticos. Lo que es deuda es deuda, y carece de nombres propios”.
En relación a los montos adeudados con el Municipio de Río Grande, clarificó que los mismos suman un total de 680 millones de pesos. $500 millones de pesos corresponden a la de deuda de coparticipación, 120 millones de deuda tributaria, sumado a los $60 millones que días atrás la ministra de Obras Publicas reconoció por la planta potabilizadora. Esto representa un verdadero “ahogo financiero hacia todos los vecinos”, expresó.
Díaz señalo que “existen demoras tanto respecto de la coparticipación de fondos que diariamente ingresan a las arcas provinciales provenientes del gobierno nacional, como de fondos provenientes de impuestos provinciales. Lo mismo sucede con los fondos que ingresan por las regalías hidrocarburíferas”.
Asimismo, aseguró que “desde el Gobierno Provincial intentan confundir con declaraciones oficiales que aseguran que no existe la deuda”, y agregó “Tales afirmaciones se refieren estrictamente a los saldos definitivos que representan apenas menos del 2% de los fondos de coparticipación mensual que deben transferir a los municipios”.
En este sentido, el funcionario municipal expresó que, dado que es indiscutible que los fondos han ingresado a las arcas provinciales y que los mismos no pueden ni deben ser utilizados para otro fin que no sea el constitucionalmente previsto, “consideramos que nos encontramos ante una simple operación contable, es decir, una obligación de hacer.”
“El gobierno provincial, percibió, retuvo y dispuso de los fondos coparticipables, privándole al Municipio la posibilidad de disponer de los mismos incumpliendo la propia la resolución 665/09”, manifestó Díaz, quien agregó que “nos encontramos con que los municipios están a merced de la voluntad del Gobierno de la Provincia y nosotros, funcionarios que hemos jurado defender la carta orgánica municipal y por ende los recursos municipales, debemos velar por mantener incólume nuestra autonomía”.
Además, expresó que “con estupor observamos que no existe ningún empacho por parte de las autoridades del Gobierno de la Provincia en violentar e inmiscuirse en las autonomías municipales”, e indicó que “el Municipio de Río Grande pretende que la provincia se concentre en cumplir los plazos de transferencia de los fondos de los vecinos, porque del normal desenvolvimiento del Municipio se ocupa nuestro intendente de la ciudad, legítimamente electo por los vecinos de Río Grande para cumplir con ese rol.”
Por ultimo, Díaz recalcó que “solicitamos al máximo órgano judicial velar que aquellos fondos se coparticipen”, es decir, “se transfieran a las arcas municipales en el tiempo que la reglamentación ya lo tiene previsto”.
