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11/06/2025
La Municipalidad de Ushuaia oficializó este martes, mediante el Decreto N° 025/2025, la adjudicación en venta de un predio fiscal a la empresa Expreso Oro Negro S.A. para la instalación de un emprendimiento productivo. La decisión se dio a conocer a través del Boletín Oficial y ocurre en simultáneo con una investigación en curso ordenada por la Sindicatura General Municipal, precisamente por operaciones de este tipo.
El terreno, ubicado en Sección Q, Macizo 11, Parcela 6, posee una superficie de 1.417,50 metros cuadrados y será destinado a un depósito y oficinas. La empresa abonará un total de $8.399.197,80, valor que fue calculado con una reducción del 50%- vale el doble- sobre el monto original, según las disposiciones vigentes para proyectos productivos.
La adjudicación impone una serie de condiciones: la empresa tendrá seis meses para presentar los planos definitivos y dos años para concluir las construcciones. También se prohíbe subdividir, ceder o vender el predio bajo cualquier modalidad. El incumplimiento de estas cláusulas podrá derivar en la caducidad del decreto.
Sin embargo, mientras se oficializa esta operación, la Sindicatura Municipal avanza con una auditoría especial relacionada con la venta de tierras fiscales. La investigación fue impulsada por el concejal de Somos Fueguinos, Valter Tavarone, quien denunció presuntas irregularidades en las adjudicaciones realizadas bajo la Ordenanza N° 5287 —la misma norma que regula el caso de Oro Negro—.
De acuerdo con la denuncia, existirían inconsistencias normativas en los valores asignados a los terrenos, que podrían haber ocasionado un perjuicio al patrimonio público. La Sindicatura, a través de la Resolución Plenaria N° 09/2025, resolvió iniciar una auditoría a cargo de la abogada Daiana Bogado, con la colaboración de la contadora Bárbara Gassmann.
La coincidencia temporal entre la venta a Expreso Oro Negro y la auditoría sobre adjudicaciones de tierras fiscales vuelve a poner en discusión los criterios utilizados por el Ejecutivo para valorar y vender bienes del dominio público. La Sindicatura actuó en el marco de los artículos 203 y 204 de la Carta Orgánica, que facultan al organismo a realizar controles de legalidad y contables a partir de denuncias del Concejo Deliberante.
