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22/01/2026
El abogado Raúl Aciar analizó la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional y afirmó que la medida no puede interpretarse como un avance sobre la autonomía provincial, sino como una consecuencia directa del uso indebido de fondos portuarios. Según explicó, el accionar de Nación se vincula con presuntos incumplimientos de los compromisos asumidos por Tierra del Fuego al momento de la transferencia del puerto en 1992.
En declaraciones a FM Provincia, Aciar recordó que el Convenio de Transferencia Nación–Provincia establece de forma explícita que los recursos generados por la actividad portuaria deben destinarse exclusivamente al funcionamiento, mantenimiento, seguridad e infraestructura del puerto. “La plata del puerto es para el puerto. No tiene nada que ver con autonomía ni con soberanía provincial; es una condición que la Provincia aceptó cuando recibió la administración”, precisó.
El letrado cuestionó, en ese sentido, la sanción de la Ley Provincial N.º 1596, que permitió utilizar fondos portuarios para otros fines, y advirtió que la Legislatura “no evaluó adecuadamente las consecuencias jurídicas y administrativas” de esa norma. “Era previsible que esto trajera problemas. Se legisló sin respetar compromisos preexistentes y eso es grave”, señaló.
Aciar también apuntó a la falta de controles internos y al desempeño de los organismos de fiscalización provinciales. Sostuvo que si la Nación avanzó con auditorías y luego con la intervención, fue porque “los mecanismos de control locales no funcionaron como debían”. “Si el Tribunal de Cuentas y los sistemas de control hubieran actuado a tiempo, probablemente no estaríamos hablando de una intervención nacional”, expresó.
El abogado planteó que el debate público debe alejarse de la confrontación política y centrarse en los hechos. “No se trata de autoritarismo ni de una decisión caprichosa. Esto es una cuestión de fondos, de administración y de responsabilidad. Nadie interviene un puerto estratégico sin un motivo”, subrayó.
Finalmente, sostuvo que el proceso de intervención —previsto inicialmente por doce meses— deberá ser evaluado por sus resultados. “Si al final del período el puerto funciona mejor, habrá que reconocer que existían razones para intervenir. Y si no, se deberá revisar la medida. Pero hoy lo importante es asumir las responsabilidades y entender que este escenario no surgió de la nada”, concluyó.
