Dólar BCRA: compra $1470 venta $1520 Euro compra $1670 venta $1770
10 ° Ushuaia +
08/09/2026
La Legislatura de Tierra del Fuego incorporará este miércoles al sector empresarial y productivo a la discusión sobre el futuro financiamiento de los sistemas provinciales de Educación y Salud. La convocatoria fue realizada por el presidente de la Comisión de Educación N° 4, Luciano Selzer (La Libertad Avanza), en el marco del tratamiento de dos iniciativas que llevan varios meses en análisis parlamentario y que plantean mecanismos diferentes para generar recursos adicionales.
La reunión está prevista para las 13 en la sede legislativa y tendrá como eje los asuntos 129/26, presentado por el Poder Ejecutivo, y 283/26, impulsado por los bloques Partido Justicialista, Movimiento Popular Fueguino, Partido Verde, Somos Fueguinos y Provincia Grande. Ambos proyectos tienen una cuestión en común: buscan establecer mecanismos específicos y sostenibles para financiar áreas consideradas críticas, pero difieren en la forma de obtener y administrar esos recursos.
El proyecto del Ejecutivo propone crear un Régimen de Financiamiento Integral del Sistema Educativo Provincial y del Sistema de Salud Pública Provincial. La iniciativa establece como objetivo destinar durante cinco años el equivalente al 13% del Producto Bruto Geográfico (PBG) al financiamiento conjunto de ambos sistemas.
Para alcanzar ese porcentaje, el proyecto habilita distintas fuentes de recursos. Entre ellas contempla Rentas Generales, determinados incrementos de recaudación y recursos vinculados con actividades económicas consideradas estratégicas. De acuerdo con el texto difundido por la Legislatura, hasta un 12,5% de los recursos necesarios podría provenir de incrementos en alícuotas o afectaciones específicas sobre actividades productivas o económicas estratégicas de la provincia.
Ese punto explica buena parte de la convocatoria al sector privado. La discusión ya no se limita a cuánto dinero necesita el Estado para sostener Educación y Salud, sino que incorpora la pregunta acerca de quiénes deberán aportar esos recursos y cuál podría ser el efecto de eventuales modificaciones tributarias sobre las actividades económicas radicadas en Tierra del Fuego.
La segunda iniciativa plantea un mecanismo diferente. El proyecto 283/26 crea el Fondo de Financiamiento Educativo (FFE) y propone modificar la Ley Provincial 907, que regula el Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales. La propuesta establece que el 60% de la recaudación de ese fondo sea destinado específicamente a Educación, mientras que el 40% restante quedaría orientado a Salud.
El esquema también contempla una alícuota adicional del Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicada a determinadas actividades económicas y la creación de un Fondo de Financiamiento Pedagógico, integrado directamente con recursos provenientes de sectores comerciales específicos. De esta manera, el proyecto del interbloque busca establecer una fuente de financiamiento más identificable y con una afectación determinada.
Las diferencias entre ambos modelos son relevantes desde el punto de vista fiscal. Mientras la propuesta oficial plantea un esquema más amplio, con diversas fuentes de financiamiento y mayor margen para incorporar recursos provenientes de actividades estratégicas, la iniciativa de los bloques opositores procura asignar una porción determinada de la recaudación a Educación y establecer fondos con destino específico. Un análisis realizado durante el tratamiento parlamentario también marcó esta diferencia entre un esquema más flexible y otro con recursos más direccionados.
La discusión llega además después de que, en agosto, la legisladora María Laura Colazo promoviera un pedido de información al Ejecutivo para conocer con mayor precisión el impacto presupuestario y financiero de ambas iniciativas. Entre otros datos, se solicitó determinar cuánto aportarían las distintas fuentes de financiamiento entre 2026 y 2030, cuál sería su incidencia sobre el PBG y cuánto demandaría llevar progresivamente la inversión conjunta en Educación y Salud desde el 7,5% hasta el 13% del PBG.
Ese pedido puso de manifiesto una de las principales dificultades que enfrenta el tratamiento de los proyectos: la necesidad de contar con información económica suficiente para determinar no solamente cuánto se pretende gastar, sino también cuánto podrían recaudar las nuevas herramientas y cuál sería su impacto sobre las cuentas provinciales y sobre los contribuyentes.
La convocatoria al sector productivo busca precisamente incorporar esa mirada al debate parlamentario. Las cámaras empresariales y representantes de distintas actividades económicas tendrán la posibilidad de expresar su posición frente a eventuales cambios en la estructura tributaria provincial, particularmente en relación con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y con la posibilidad de establecer nuevas cargas o afectaciones sobre determinadas actividades.
El temario de la Comisión N° 4 incluye además el asunto 228/25, presentado por el Movimiento Popular Fueguino, que propone establecer un marco legal para regular las denominadas "desobligaciones" realizadas por el personal docente.
El tratamiento de los proyectos de financiamiento educativo adquiere, además, una dimensión política particular por el momento en que se produce. La convocatoria se desarrolla en medio de un conflicto docente que continúa abierto y de un paro por tiempo indeterminado impulsado por SUTEF. El sindicato fue convocado a participar de la reunión de comisión y anunció asambleas en las escuelas para organizar las jornadas de protesta vinculadas con el debate legislativo.
