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24/06/2026
El concurso para designar a las autoridades de la futura Defensoría Provincial de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes quedó en el centro de una controversia luego de que postulantes excluidos y la legisladora provincial Natalia Gracianía cuestionaran los criterios utilizados durante la etapa de admisibilidad. Frente a los planteos, la Comisión Evaluadora ad hoc difundió un comunicado en el que defendió la transparencia del proceso y rechazó cualquier sospecha de favoritismo o resultados predeterminados.
La Defensoría Provincial fue creada mediante la Ley Provincial Nº 1466, sancionada en diciembre de 2022, con el objetivo de constituirse en un organismo autónomo e independiente de los tres poderes del Estado para la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Tierra del Fuego.
Pese a la sanción de la norma, la institución aún no cuenta con autoridades designadas. Por ese motivo, este año se puso en marcha el concurso público destinado a seleccionar a la persona que ejercerá el cargo de Defensor Provincial y a quienes ocuparán las dos defensorías adjuntas previstas por la legislación.
La convocatoria estableció requisitos vinculados a la edad, la residencia en la provincia, la formación y la experiencia en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, tras la publicación de los listados de postulaciones admitidas y no admitidas comenzaron a surgir cuestionamientos sobre los criterios utilizados para evaluar el cumplimiento de esas condiciones.
Uno de los planteos fue realizado por la legisladora provincial Natalia Gracianía, quien solicitó formalmente a la Comisión Evaluadora que revisara los criterios aplicados durante la etapa de admisibilidad. Según indicó, una parte significativa de las exclusiones estuvo relacionada con el requisito de residencia, por lo que requirió mayores precisiones sobre los fundamentos utilizados para aceptar o rechazar postulaciones.
A los cuestionamientos políticos se sumaron críticas de algunos participantes del concurso. Entre ellas, se difundieron denuncias que señalan la falta de fundamentos individualizados en el listado de postulaciones rechazadas y plantean dudas respecto de la transparencia del procedimiento. También se cuestionó que algunos aspirantes con trayectoria en materia de niñez hayan quedado fuera del proceso por observaciones administrativas, mientras que otros postulantes vinculados a espacios políticos sí fueron admitidos.
En medio de esa controversia, la Comisión Evaluadora emitió este miércoles un comunicado institucional en el que defendió el procedimiento llevado adelante hasta el momento.
"La Defensoría Provincial de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue creada como un órgano autónomo e independiente de los tres poderes del Estado, con la misión de velar por la protección y promoción de los derechos de las infancias y adolescencias fueguinas", recordó el organismo.
La comisión sostuvo que los requisitos de admisión fueron establecidos antes de la apertura de la convocatoria, publicados oficialmente y puestos en conocimiento de todos los participantes.
"Las decisiones adoptadas respecto de la admisibilidad de las postulaciones responden exclusivamente a la verificación objetiva del cumplimiento de tales requisitos y fueron aplicadas a todas las personas inscriptas", afirmaron.
Asimismo, señalaron que la existencia de postulaciones no admitidas constituye una consecuencia de la aplicación de las reglas previstas para el concurso y remarcaron que el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa es una obligación para todos los aspirantes.
Otro de los puntos destacados del comunicado fue la aclaración de que el proceso aún se encuentra en una etapa preliminar.
"No se han desarrollado las instancias de oposición, entrevistas o evaluación integral de antecedentes, tampoco el examen escrito ni la audiencia pública prevista con participación de la ciudadanía", indicó la comisión.
En ese sentido, rechazó cualquier afirmación sobre supuestos resultados definidos de antemano o decisiones previamente adoptadas respecto de quienes podrían resultar seleccionados.
Además, recordó que la Comisión Evaluadora únicamente tiene la facultad de elaborar una propuesta de candidaturas, mientras que la designación definitiva del Defensor Provincial y de los Defensores Adjuntos corresponde a la Legislatura.
Con el objetivo de reforzar la transparencia del procedimiento, el organismo informó que solicitó formalmente el acompañamiento y monitoreo de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, incorporando una instancia externa de seguimiento que no se encuentra expresamente exigida por la legislación provincial.
Por último, la comisión sostuvo que cualquier observación o impugnación debe canalizarse a través de los mecanismos formales previstos por la normativa vigente y ratificó su compromiso con la legalidad, la publicidad de los actos y la selección de los candidatos sobre la base de sus antecedentes, trayectoria e idoneidad.
Mientras el concurso avanza hacia las etapas de examen, entrevistas y audiencia pública, los cuestionamientos sobre los criterios utilizados para admitir o excluir postulantes abrieron el primer foco de tensión en torno a la conformación de un organismo que, a más de tres años de haber sido creado por ley, todavía no logró ponerse en funcionamiento.
