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04/05/2026
El legislador de FORJA sostuvo que la denominada “Ley de Goteo” será vetada por el Ejecutivo al considerar que presenta objeciones de constitucionalidad. Según indicó, esa postura ya había sido planteada por el ministro de Economía durante su exposición en comisión, aunque —afirmó— no trascendió públicamente. En ese sentido, explicó que la normativa vigente establece que tanto el ministro como el contador general deben identificar el gasto y emitir la orden de pago, mientras que el proyecto en cuestión invierte ese procedimiento al proponer un mecanismo automático. “Si se pretende avanzar en ese esquema, es necesario modificar la Constitución”, remarcó.
Asimismo, advirtió que detrás de la iniciativa existiría una intención de tensionar las finanzas provinciales. Señaló que se busca vincular la aplicación de la ley con el pago de aumentos salariales a los trabajadores municipales, algo que —según planteó— no corresponde al esquema de administración. En esa línea, afirmó que la Corte ya se expidió indicando que no hay atrasos en las transferencias, sino un funcionamiento acorde al sistema vigente.
El dirigente también se refirió al contexto político en el que se sancionó la norma, al señalar que la amplitud del arco opositor generó mayor impacto en el debate público. “No se difundió todo lo necesario; al momento de la sanción, la ciudadanía desconocía que el propio ministro había cuestionado la constitucionalidad”, afirmó, y agregó que dejó constancia de esa situación en la versión taquigráfica.
En otro tramo, recordó que durante años existió una relación fluida entre el Ejecutivo provincial y los responsables de Finanzas de los municipios, con previsiones mensuales de gasto y canales de diálogo permanentes. Sin embargo, indicó que ese vínculo se vio afectado por el contexto nacional, particularmente tras la quita de programas como el FONID y otros vinculados a salud, lo que obligó a la Provincia a reasignar recursos.
Greve insistió en que los fondos deben transferirse a los municipios, aunque subrayó que la discusión no radica en ese punto sino en el cumplimiento de las obligaciones por parte de cada actor. A su entender, la solución debería surgir del trabajo coordinado entre las áreas económicas de los distintos ejecutivos, y no de una ley que, según advirtió, podría generar conflictos institucionales e incluso derivar en planteos contra el gobernador.
En relación con la derogación de la ley que impulsaba la reforma constitucional, el legislador consideró que respondió a una dinámica de mayorías y minorías dentro de la Legislatura. Señaló que algunos sectores modificaron su posicionamiento y se ubicaron en la oposición, lo que derivó en la situación actual. No obstante, sostuvo que el proceso no podría interrumpirse, ya que el Ejecutivo había emitido el decreto de convocatoria a elecciones un día antes de la sesión.
En esa línea, argumentó que la Ley 1529 facultaba al Ejecutivo a realizar el llamado, por lo que, al momento de la sesión, el proceso ya estaba en marcha. “La Legislatura no tenía atribuciones para sancionar una norma que lo suspendiera”, afirmó, y consideró que será el Poder Judicial el encargado de definir el cronograma electoral.
Consultado sobre una eventual judicialización del conflicto, expresó reparos y sostuvo que las disputas políticas deben resolverse en el ámbito democrático. “Las mayorías deben surgir del voto popular”, indicó, y advirtió que recurrir sistemáticamente a la Justicia ante la falta de consensos legislativos debilita el funcionamiento institucional.
En ese sentido, insistió en que la política debe asumir la responsabilidad de resolver este tipo de debates sin trasladarlos al ámbito judicial. A su juicio, actualmente no existe voluntad de alcanzar acuerdos, sino más bien de obstaculizar el proceso de reforma constitucional.
Greve también trazó un paralelo histórico al recordar que la Carta Orgánica de Ushuaia fue sancionada en 2001, en un contexto de profunda crisis nacional. “Nunca hay un momento ideal para encarar estos procesos”, señaló, aunque reconoció que el escenario actual difiere del de años anteriores. Aun así, cuestionó a los sectores que, según su visión, buscan judicializar la política tras no haber logrado imponer su posición en la Legislatura.
Por otra parte, planteó que si existe consenso en torno al mecanismo de goteo automático, debería incorporarse a la Constitución en lugar de avanzar mediante una ley ordinaria. “Hay que definir con claridad el procedimiento a futuro”, sostuvo, al tiempo que advirtió sobre las limitaciones financieras de la Provincia en el actual contexto económico.
Respecto a la discusión por los subsidios al gas, indicó que la mayoría legislativa avanzó con una norma que suspende por 120 días la aplicación del decreto vigente. Consideró que el debate de fondo debe centrarse en definir un marco legal integral que contemple la realidad de los vecinos de las tres ciudades.
Finalmente, señaló que el ministro de Economía se comprometió a revisar el decreto, con el objetivo de corregir situaciones puntuales, como la exclusión de barrios ubicados en zonas límite, y avanzar hacia un esquema más equitativo en función de los ingresos familiares. También mencionó la posibilidad de implementar herramientas que faciliten el acceso al financiamiento para conexiones domiciliarias de gas a través del Banco de Tierra del Fuego.
