Conductores de Uber advierten que podrían iniciar acciones judiciales contra la ordenanza que regula el servicio

04/02/2026

Un grupo de conductores que trabajan mediante aplicaciones digitales presentó este miércoles una nota "preventiva" ante el Concejo Deliberante de Ushuaia, en la que advierten sobre los efectos “lesivos e inconstitucionales” del nuevo bloque normativo sancionado en materia de transporte por plataformas y dejan expresa reserva de iniciar acciones administrativas y judiciales, incluidas medidas de amparo e inconstitucionalidad.

La presentación, ingresada por mesa de entradas, fue formulada antes de la plena implementación de la norma y tiene carácter institucional y precautorio. Los firmantes sostienen que la ordenanza aprobada “opera en los hechos como un régimen sancionatorio encubierto” y que su aplicación afecta derechos de jerarquía constitucional, como el trabajo, la igualdad ante la ley y la autonomía personal.

“Advertimos formalmente sobre los efectos lesivos, regresivos y potencialmente inconstitucionales del bloque normativo sancionado”, expresa el documento, que cuenta con decenas de firmas y hojas de adhesión.

La ordenanza que generó el conflicto

El 2 de enero, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que regula el servicio privado de transporte mediante plataformas digitales, como Uber, Didi y Cabify. La sesión extraordinaria fue convocada originalmente para tratar la licencia de la concejal Yesica Garay, pero el tema fue incorporado al orden del día a último momento, lo que desató fuertes cuestionamientos al procedimiento legislativo.

La norma fue sancionada con ocho votos a favor, uno en contra y una abstención, tras un debate signado por las tensiones entre oficialismo y oposición. Los concejales Daiana Freiberger (Provincia Grande) y Valter Tavarone (Somos Fueguinos) objetaron la incorporación del proyecto por considerarla irregular y contraria al reglamento interno, y denunciaron que se trató de una ordenanza “aprobada de espaldas a la sociedad y sin debate real”.

Pese a las objeciones, el bloque mayoritario —integrado por ediles del PJ, FORJA, La Libertad Avanza y el Movimiento Popular Fueguino— defendió la necesidad de “dar un marco legal a una actividad que ya se desarrolla de hecho en la ciudad”. El proyecto dispone que las Empresas de Redes de Transporte (ERT) deberán tener domicilio legal en Ushuaia y representante en la provincia, y que los conductores deberán inscribirse en el Registro Municipal Unificado de Conductoras y Conductores (ReMuCo). También prevé multas, requisitos técnicos y condiciones de habilitación, aunque el texto definitivo no fue difundido públicamente porque se introdujeron cambios durante la sesión.

Los puntos cuestionados por los conductores

En la nota presentada, los conductores sostienen que el régimen aprobado asimila de manera errónea la intermediación digital al sistema tradicional de taxis y remises, imponiendo obligaciones y sanciones que no se ajustan a la naturaleza del servicio. Entre ellas, mencionan la retención preventiva de los vehículos, las multas elevadas y las limitaciones horarias impropias de una actividad autónoma.

También remarcan que las ordenanzas introducen exigencias duplicadas, ya verificadas por las propias plataformas —como identificación, seguros y trazabilidad de los viajes—, lo que incrementa los costos y el riesgo de sanciones “sin beneficios reales para los usuarios”.

Los firmantes señalan además un trato desigual respecto de otras plataformas digitales, como las de reparto o delivery, que operan bajo esquemas similares sin estar sujetas a controles equivalentes.

Reserva de acciones y pedido de revisión

Los conductores solicitan al Concejo Deliberante que evite impulsar mecanismos de fiscalización o sanción hasta tanto se realice una revisión integral del régimen “con participación real y efectiva de los trabajadores directamente afectados”.

Advierten que los vicios del bloque normativo son estructurales y no pueden ser corregidos mediante reglamentación, por lo que su aplicación podría implicar una desviación del poder de policía del Estado municipal.

“La presentación se formula de buena fe, con vocación institucional y democrática, y con el único objetivo de prevenir conflictos mayores, proteger el trabajo y promover soluciones normativas razonables”, concluye el documento.

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