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26/01/2026
El proceso de fiscalización en el puerto de Ushuaia avanza sobre presuntas irregularidades que comprometerían el funcionamiento interno de la terminal. Según fuentes vinculadas a la intervención, los auditores designados por el Gobierno nacional analizan documentación y registros que apuntan a un esquema mediante el cual determinadas firmas habrían desarrollado actividades comerciales sin contar con los permisos correspondientes, utilizando la estructura de otras empresas habilitadas.
Uno de los casos bajo observación involucra a una unidad containera que presta servicios en el playón de maniobras. De acuerdo a los registros de propiedad, el equipo pertenecería a la empresa Masciotra, que no tendría autorización vigente para operar dentro del recinto portuario. No obstante, la maquinaria figura bajo la razón social de Estibajes y Logística Austral SRL, que sí cuenta con habilitación formal.
Este mecanismo habría permitido que el verdadero propietario de los equipos no aparezca en los asientos contables de la terminal ni en los listados de proveedores autorizados, generando un desfasaje entre la operatoria efectiva y la documentación administrativa.
La atención de los auditores se centra en Estibajes y Logística Austral SRL por el origen de su permiso para trabajar, otorgado durante la gestión de Roberto Murcia al frente del ente portuario, cuando el organismo dependía directamente del Gobierno provincial. En ámbitos del sector, la empresa es señalada con frecuencia como una estructura con llegada a despachos oficiales de la actual administración fueguina.
La auditoría busca determinar si existieron vínculos operativos o económicos entre esta firma, la sociedad Serrele y algunos funcionarios del gabinete provincial. El objetivo es establecer si hubo trato preferencial o un esquema diseñado para beneficiar a personas cercanas al poder político en el reparto de las utilidades derivadas del estibaje y el movimiento de cargas.
Según trascendió, los equipos técnicos que participan de la revisión detectaron que no se trataría de un caso aislado, sino de un patrón que se habría sostenido durante los últimos años. Varias compañías sin los requisitos para ser permisionarias habrían mantenido actividad mediante el uso de habilitaciones y estructuras de terceros, una práctica que la intervención nacional busca desarticular a través de controles más estrictos.
