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06/10/2025
El legislador de Provincia Grande, Matías Lapadula, presentó un proyecto en el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial un informe detallado sobre los contratos firmados con empresas o inversores de capitales chinos vinculados a los proyectos de generación eléctrica en Ushuaia y la planta de urea en Río Grande.
La iniciativa surge a partir de los anuncios realizados por el Gobierno provincial el pasado 10 de septiembre, cuando en un acto en Casa de Gobierno se informó la “firma” de acuerdos con una empresa de capitales chinos para llevar adelante obras de infraestructura energética e industrialización de hidrocarburos.
Según lo difundido oficialmente, los proyectos contemplan la instalación de una central eléctrica de 60 MW en Ushuaia, con la participación de empresas locales, y el inicio de las obras civiles en un plazo de 60 días. Lapadula advirtió que existen “serias inconsistencias” entre los plazos anunciados y la magnitud de las obras, que requieren estudios técnicos, ambientales y de factibilidad que “habitualmente demandan meses de preparación, planificación y ejecución”.
En ese contexto, el legislador consideró “indispensable” que la Legislatura cuente con información “precisa y fehaciente” sobre los convenios firmados, con el fin de garantizar la transparencia, la adecuada planificación y el cumplimiento de la normativa vigente.
El proyecto solicita que el Ejecutivo remita, en un plazo no mayor a diez días hábiles, copias de los contratos con las empresas de capitales chinos, los estudios de factibilidad del suministro de gas y de suelo, y los informes de impacto ambiental.
Asimismo, requiere que se informe si el convenio anunciado en septiembre guarda relación con el firmado el 5 de junio respecto de la planta de urea en Río Grande, y si se trata de proyectos distintos o si uno reemplaza al otro.
Por último, Lapadula demanda que se especifique cuál fue la contraprestación asumida por el Estado provincial para permitir la inversión, incluyendo eventuales incentivos, exenciones, aportes, garantías u otros beneficios otorgados.
El legislador fundamentó su presentación en la necesidad de contar con documentación respaldatoria y legible, que permita ejercer un control institucional efectivo sobre proyectos estratégicos para el desarrollo provincial.
