El Gobierno vetó la creación de un “Registro de Defunciones Fetales”

23/07/2025

La vicegobernadora de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza, en ejercicio del Poder Ejecutivo provincial, vetó parcialmente la reforma a la ley orgánica del Registro Civil que había sido aprobada por unanimidad en la Legislatura el pasado 8 de julio. El veto recayó específicamente sobre los artículos que establecían la creación de un “Registro de Defunciones Fetales”.

Según consta en el decreto de veto, la decisión fue adoptada luego de recibir observaciones técnicas y jurídicas de distintos organismos del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia: la Secretaría de Justicia y Derecho Ciudadano, la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad, la Subsecretaría de Género y Diversidad Zona Sur, y la Coordinación de Capacitaciones Ley Micaela, Masculinidades y Crecer en Derechos.

Estas áreas advirtieron que los artículos 108 a 113 del proyecto resultaban “manifiestamente violatorios del marco jurídico vigente”. Uno de los principales argumentos es que el texto legislativo ignoraba que, conforme a la Ley Nacional N° 26.413, la existencia legal de la persona humana comienza con el nacimiento con vida. Por tanto, registrar defunciones de quienes no alcanzaron dicha condición implicaría una “palmaria contradicción jurídica”.

El decreto también objeta que la norma habilitaba la inscripción de vínculos filiales en casos de pérdida gestacional o perinatal, a pesar de que en esos supuestos no puede configurarse legalmente la figura de progenitor o progenitora.

Otro de los aspectos cuestionados fue la falta de garantías para el ejercicio de derechos por parte de adolescentes gestantes, ya que el texto permitía la inscripción de ascendientes sin respetar el principio de autonomía progresiva, lo cual —según el Ejecutivo— podría “vulnerar su dignidad y capacidad de autodeterminación”.

Asimismo, se señaló que la ley no contemplaba qué ocurriría ante desacuerdos entre los progenitores, situación que podría derivar en conflictos legales y familiares, y eventualmente constituir una forma de violencia hacia la gestante, especialmente si esta hubiera optado por acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

El veto también advierte que la creación del registro implicaría una “abierta tensión” con los derechos consagrados por la Ley Nacional N° 27.610, que garantiza el acceso a la IVE y a la atención postaborto, en el marco de una política pública orientada a reducir la morbilidad y mortalidad prevenibles.

En el tramo final del decreto, el Poder Ejecutivo subraya la importancia de evaluar toda iniciativa legislativa con perspectiva de género, evitando “reeditar paradigmas pasados que colocan a las mujeres en condición de tutela, invisibilizando su capacidad de decisión y su derecho a ejercer autonomía sobre sus cuerpos”.

El veto parcial alcanzó la Sección II “Registro de Defunciones Fetales”, correspondiente a los artículos 108 a 113 del Capítulo V del proyecto de ley, y fue devuelto a la Legislatura para su tratamiento conforme a los artículos 109 y 110 de la Constitución Provincial.

La norma, conocida como “Ley Benicio”, fue promovida por el legislador del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas, en homenaje a un niño fallecido durante el parto en 2023. El proyecto proponía permitir que madres, padres y abuelos pudieran inscribir en el Registro Civil a niños y niñas no nacidos, con nombre y apellido, sin importar el tiempo gestacional.

"Hoy Tierra del Fuego es más justa", escribió Villegas al celebrar la aprobación legislativa. "Logramos que a los niños que no tienen la dicha de nacer con vida se les reconozca el derecho de ser identificados con el nombre y apellido con el que mamá y papá soñaron. Lo hicimos para que nunca más los nombren como NN", afirmó. También aseguró que la iniciativa tiene un sentido humanista y negó que implique una postura contraria a los derechos reproductivos.

Sin embargo, diversas organizaciones feministas expresaron su preocupación y advirtieron que la norma —además de presentar ambigüedades legales— podría socavar la vigencia de la Ley 27.610 y abrir la puerta a nuevas formas de violencia institucional.

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