Una reforma que apenas disimula el colapso

10/07/2025

La Legislatura fueguina aprobó por unanimidad una reforma integral a la ley que rige la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). El consenso legislativo —quince votos afirmativos sin fisuras— fue presentado como un hito político. Pero el contexto y los tiempos en los que se resolvió esa modificación revelan más un intento de contención ante el deterioro acumulado que un verdadero rediseño estructural. La reforma aparece como un parche tardío sobre un sistema que viene funcionando con respirador artificial desde hace años.

A pesar de que los propios legisladores aseguran haber trabajado durante meses sobre la problemática de OSEF, el texto final fue elaborado el mismo día de la sesión. La reunión de comisión donde se definió el articulado se desarrolló con cierta reserva, algo que algunos vinculan a episodios previos como aquel en que un jubilado irrumpió y expuso con crudeza el abandono que padecen los afiliados. La sesión, si bien pública, se concretó pasadas las 22 horas, horario en el que el debate legislativo se vuelve casi invisible para la mayoría de la sociedad.

La ley introduce mejoras formales: se crean comités técnicos, se impone un tope del 20% para la planta política, se eliminan aportes adicionales por familiar a cargo y se crean fondos específicos para enfermedades de alta complejidad y para cancelar deuda con prestadores. También se exige la publicación de informes de gestión y la realización de auditorías externas. En papel, es una estructura que busca ordenar y transparentar. Pero en la práctica, el impacto de estas reformas será limitado si no se acompaña con decisiones de financiamiento y administración sostenidas.

El propio sistema prestacional volvió a dar señales de agotamiento apenas horas después. La Clínica San Jorge, uno de los principales centros médicos de Ushuaia, confirmó que a partir del 10 de julio interrumpirá de forma temporal la atención a afiliados de OSEF. Las consultas deberán ser abonadas por los pacientes, que luego deberán gestionar el reintegro. La obra social no puede garantizar cobertura ni liquidez. La postal es reveladora: una ley sancionada de urgencia que no logra frenar el deterioro diario de la atención médica.

El diagnóstico financiero, por otro lado, es todavía incierto. La ley establece que en el plazo de 30 días la OSEF deberá remitir a la Legislatura el detalle de su deuda y el listado de acreedores. ¿Cuánto se debe, a quiénes y en qué condiciones? Son preguntas que aún no tienen respuesta. Y si no la tienen los legisladores al momento de aprobar una ley, quizás habría que preguntarse si alguien está en condiciones reales de estimar esa información. ¿Ningún funcionario pudo ofrecer un informe completo? La falta de datos duros parece ser una constante más que una excepción.

Frente a esa incertidumbre, el gobierno provincial tomó medidas concretas pero transitorias: resolvió enviar 2.400 millones de pesos desde la Caja de Previsión Social a la OSEF, una decisión que no estuvo exenta de resistencias internas. También se incluyó en la ley que el superávit de la Dirección Provincial de Puertos pueda ser redireccionado a la obra social. Son maniobras de urgencia que reflejan una lógica de asistencia directa, sin una planificación de largo plazo ni una proyección presupuestaria consistente.

La contradicción más visible surge cuando se observan otras prioridades de gasto. Mientras se reconocen públicamente las limitaciones para financiar prestaciones básicas, el Ejecutivo sigue firmando convenios multimillonarios con municipios para la realización de obras públicas. La pregunta que subyace —aunque no siempre se formula— es si esos fondos no deberían ser redireccionados, al menos de forma parcial, para reforzar el sistema de salud que afecta a miles de fueguinos.

Porque el problema de fondo es estructural. La OSEF fue durante años un espacio de acumulación política, de designaciones por afinidad antes que por capacidad, de nombramientos discrecionales y opacidad administrativa. En ese contexto, el tope del 20% a la planta política suena razonable, pero también tardío. Su cumplimiento no está garantizado. Y su sola existencia no asegura una mejor gestión. ¿Ese porcentaje no sigue siendo alto para una obra social con problemas estructurales? ¿No debería el esfuerzo estar puesto en profesionalizar la gestión más que en reglamentar su politización?. La verdadera cuestión es si esa estructura seguirá drenando recursos que deberían destinarse a medicamentos, tratamientos o derivaciones.

La ley votada no es una declaración de emergencia, aunque su contexto lo parezca. No hay un diagnóstico financiero público. No hay estimaciones oficiales sobre déficit operativo. No hay previsión sobre cómo resolver el corte de servicios. Lo que hay es una norma que intenta ordenar por escrito lo que, en los hechos, se desarma día tras día.

La reforma aprobada representa un intento de recomposición institucional. Pero llega tarde y sin certezas. Es una tregua, no una solución. Un acto político más que una política de Estado. Mientras tanto, los afiliados siguen pagando con su bolsillo —y su salud— la deuda de un sistema que no supo cuidarlos.

Como síntesis brutal de esta percepción aparecen las declaraciones de Margarita Gallardo, exdirectora del IPAUSS, quien dijo sin vueltas: “Yo hubiera simplificado todo. Con sacar a la presidente Mariana Hrubi ya se hubiera hecho bastante. No entiendo por qué la bancan tanto”. Como dijo el legislador de La Libertad Avanza, Agustín Coto, al referirse al proyecto: "Los Reyes Magos siguen siendo los padres, no importa si el regalo llegó".