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13/07/2025
Tras la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) en la sesión legislativa del martes 8 de julio, trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) expresaron su rechazo a uno de los artículos del proyecto sancionado, que autoriza al Ejecutivo a redirigir recursos del superávit del ente portuario hacia la obra social provincial.
El malestar se tradujo en una medida de protesta al día siguiente, con un corte en la avenida Maipú, a la altura del ingreso a la zona portuaria. La manifestación fue acompañada por la presentación de una nota formal dirigida al gobernador Gustavo Melella, en la que solicitan una audiencia urgente “a fin de tratar la Ley de Fortalecimiento para la OSEF”.
En el texto, firmado por más de 50 agentes del puerto, los trabajadores sostienen que no se oponen al fortalecimiento de la obra social, pero advierten que el uso de recursos de la DPP representa una medida “insuficiente” y que pone en riesgo la operatividad actual y futura del organismo. Consideran que la decisión genera una “desinversión” directa, trasladando una crisis de un área a otra.
“La ley aprobada avasalla la autarquía que en concepto es económica y se define como la facultad de autosuficiencia económica y financiera”, afirman los firmantes. También recuerdan que la Dirección Provincial de Puertos fue creada bajo normas que le otorgan autonomía administrativa, como la Ley Nacional 24.093, el Decreto 817/92 y la Ley Provincial 691.
Los trabajadores sostienen que la medida afecta esa figura jurídica y consideran que se está vulnerando un principio básico del funcionamiento del ente: que sus fondos se destinen exclusivamente a su actividad portuaria. “No cabe duda que estamos ante una figura que atenta contra la funcionalidad de la institución”, plantean.
En ese marco, dejaron en claro su intención de ser parte de una solución consensuada y evitar “ser un problema más a futuro en la administración provincial”. Según explicaron en la misiva, el objetivo de la audiencia es “aclarar, ilustrar y consensuar ayudas ante la crisis que hoy está inmersa la provincia”.
Hasta el momento, no hubo respuesta oficial del Ejecutivo a la solicitud presentada. El artículo que destina fondos de la DPP a la OSEF fue aprobado junto con otras modificaciones a la ley, que incluyen la creación de nuevas unidades de gestión, un tope del 20% para cargos políticos y la obligación de publicar auditorías periódicas.
La situación se suma al anuncio realizado esta semana por la Clínica San Jorge, que comunicó la suspensión temporal de atención a afiliados de OSEF a partir del 10 de julio.
