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13/05/2026
La crisis alrededor de la reforma constitucional fueguina sumó este miércoles un nuevo capítulo que volvió a sacudir el escenario político provincial. La jueza electoral Mariel Zanini decidió no avanzar, por ahora, con la publicación del cronograma para las elecciones de convencionales constituyentes previstas para el 9 de agosto, dejando el proceso en un limbo institucional y profundizando la incertidumbre sobre el futuro de la iniciativa impulsada por el Gobierno de Gustavo Melella.
La resolución cayó como una bomba dentro del oficialismo provincial, ya que sin calendario electoral el proceso constituyente queda prácticamente paralizado. Según trascendió, la magistrada consideró que el escenario actual no ofrece garantías suficientes de estabilidad ni de seguridad jurídica para avanzar con las distintas etapas del proceso electoral.
El conflicto se agravó luego de que la Legislatura provincial derogara la ley que había declarado la necesidad de la reforma constitucional, norma sobre la cual el Poder Ejecutivo había sustentado la convocatoria oficial mediante decreto. A esto se suma un recurso judicial aún pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que mantiene abierta la discusión sobre la legalidad de todo el proceso.
Desde la Justicia Electoral advirtieron que oficializar el cronograma en medio de este contexto podría generar más incertidumbre que certezas, ante el riesgo de que la elección termine suspendida, modificada o incluso anulada mientras se desarrolla el proceso.
La decisión judicial también llegó después de distintos reclamos presentados por fuerzas políticas que venían exigiendo definiciones urgentes respecto de los plazos electorales y la organización de la elección de convencionales.
En paralelo, Zanini resolvió remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal antes de definir los próximos pasos. Allí aparece el rol del Fiscal Mayor ante el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Eduardo Urquiza, quien además integra la Junta Electoral. Sin embargo, su participación podría quedar condicionada justamente por esa doble función, lo que abriría la posibilidad de que intervenga otro representante del Ministerio Público.
La polémica rápidamente se trasladó al terreno político. Sectores opositores volvieron a cuestionar la transparencia y legitimidad del proceso de reforma, mientras que dentro de ámbitos cercanos al oficialismo comenzó a crecer la preocupación por el futuro de una iniciativa considerada estratégica para la gestión provincial.
No es la primera vez que la discusión por la reforma constitucional termina atravesada por decisiones judiciales. Ya durante 2024, el proceso constituyente había sufrido un fuerte revés cuando la Justicia provincial suspendió una convocatoria similar impulsada por el Ejecutivo.
Ahora, con la elección sin cronograma oficial, la ley base derogada y la incertidumbre judicial escalando día a día, el proyecto de reforma constitucional atraviesa el momento más delicado desde que fue lanzado por el Gobierno.
