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23/05/2026
La sesión ordinaria de la Legislatura de Tierra del Fuego realizada este viernes 22 de mayo estuvo marcada por demoras, cuartos intermedios, tensión política y un nuevo capítulo en la disputa institucional por la reforma de la Constitución provincial impulsada por el gobernador Gustavo Melella.
Aunque la convocatoria oficial estaba prevista para las 15 horas, siendo las 17 todavía no había comenzado la sesión ni se había difundido públicamente el orden del día. Mientras tanto, en las afueras del recinto legislativo se concentraban vecinos y vecinas que reclamaban por el nuevo esquema del subsidio al gas envasado impulsado por el Gobierno provincial.
El reclamo estuvo centrado en la posibilidad de que se reduzcan los kilos subsidiados de GLP, una situación que preocupa especialmente a familias que todavía dependen del tubo para calefaccionarse durante el invierno. Los manifestantes advirtieron que contar con la red de gas cerca no implica necesariamente poder conectarse, debido a los altos costos de instalaciones internas, materiales y obras domiciliarias.
En ese contexto, los vecinos pidieron la intervención de la Legislatura y reclamaron la conformación de una mesa de trabajo entre funcionarios, parlamentarios y sectores involucrados para revisar el esquema propuesto por el Ejecutivo.
Finalmente, la sesión comenzó a las 19:37, es decir, cuatro horas y media después del horario previsto. El legislador Federico Sciurano no estuvo presente y comunicó su ausencia mediante una nota en la que argumentó “razones familiares”, por lo que la sesión se desarrolló con 14 legisladores.
Tras la lectura y aprobación del boletín de asuntos entrados, se solicitó el primer cuarto intermedio, que se extendió hasta las 20:40. Luego de la reanudación, el legislador Jorge Lechman, de Somos Fueguinos, pidió tratar la insistencia sobre la derogación de la Ley 1529, norma que había declarado la necesidad de la reforma constitucional y que había sido vetada posteriormente por el gobernador.
La discusión volvió a colocar a Lechman como uno de los principales protagonistas del conflicto político y judicial que atraviesa la provincia desde hace casi dos años. El parlamentario había sido uno de los primeros dirigentes en cuestionar el avance de una Convención Reformadora en el actual contexto económico y social, argumentando que la provincia enfrenta prioridades más urgentes vinculadas a salud, educación, salarios, infraestructura y servicios públicos.
El conflicto judicial se había iniciado en agosto de 2024, cuando Lechman presentó ante el Superior Tribunal de Justicia una acción declarativa de certeza y de inconstitucionalidad contra la Ley 1529 y el decreto de convocatoria a convencionales constituyentes. Además, solicitó una medida cautelar para frenar el proceso.
El planteo se apoyaba en la supuesta caducidad de los plazos previstos por la propia ley para convocar a elecciones de convencionales. Sin embargo, el 5 de agosto de 2025 el Superior Tribunal rechazó esa postura y habilitó la continuidad del proceso de reforma al considerar que tanto la Ley 1529 como el Decreto 1656/24 cumplían con los requisitos constitucionales y habían sido dictados dentro de los plazos legales.
Tras la decisión legislativa de este viernes, Melella expresó públicamente su rechazo y adelantó que recurrirá nuevamente a la Justicia. A través de sus redes sociales sostuvo que “hay sectores que no quieren perder privilegios en la política de Tierra del Fuego” y afirmó que la provincia “necesita reformarse, renovarse y mirar hacia adelante”.
El mandatario provincial aseguró además que “intentar frenar por ley un proceso de reforma constitucional que ya está en marcha vulnera derechos políticos y desconoce las reglas básicas del sistema democrático”.
Durante el debate legislativo, uno de los discursos más extensos y duros fue el del legislador Pablo Villegas, del Movimiento Popular Fueguino, quien defendió la derogación de la Ley 1529 y cuestionó severamente la postura del gobernador.
Villegas sostuvo que el Ejecutivo “insiste en priorizar un proyecto personal de construcción de poder político por encima de las verdaderas necesidades de los fueguinos” y remarcó que avanzar con una reforma constitucional implicaría destinar “millones de pesos” a una discusión que “no le cambia la vida a nadie”.
El legislador describió un escenario provincial crítico, atravesado por conflictos salariales, problemas en salud y educación, crecimiento de la desocupación y dificultades financieras del Estado. En ese marco, cuestionó que el Gobierno provincial continúe impulsando una elección de convencionales constituyentes.
En el plano jurídico, Villegas basó buena parte de su argumentación en los debates de la Convención Constituyente de 1991 y afirmó que allí quedó establecido que la declaración de necesidad de reforma constitucional debía tramitarse mediante una ley ordinaria, sujeta al procedimiento común de sanción y veto.
“El propio ejercicio del veto por parte del gobernador constituye un reconocimiento explícito de que estamos frente a una ley ordinaria”, argumentó durante la sesión.
También rechazó el planteo del Ejecutivo respecto a una supuesta afectación de derechos políticos y sostuvo que actualmente “no existe un proceso electoral consolidado”, ya que no hay cronograma electoral, listas oficializadas ni convencionales electos.
Finalmente, Villegas defendió la decisión adoptada por la mayoría legislativa y aseguró que la Cámara “estableció prioridades” frente a la situación económica y social que atraviesa la provincia.
“Elegimos defender el interés general y evitar que se gasten recursos millonarios en una aventura política que no resolverá ninguno de los problemas estructurales que hoy padecen miles de familias fueguinas”, concluyó.
