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05/08/2025
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Tierra del Fuego resolvió este martes 5 de agosto rechazar las demandas de inconstitucionalidad que buscaban frenar el proceso de reforma parcial de la Constitución provincial. Con esta decisión, quedó habilitada la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes, y se despejaron los cuestionamientos legales que pesaban sobre el decreto 1656/24, dictado por el Ejecutivo el 25 de julio de 2024.
La resolución del máximo tribunal, votada de manera unánime por los jueces María del Carmen Battaini, Carlos Sagastume, Edith Cristiano y Javier Muchnik, valida la legalidad de los pasos dados por el Gobierno provincial y deja sin efecto la medida cautelar que desde hace un año había suspendido el avance del proceso.
A través de un comunicado oficial, el gobernador Gustavo Melella celebró la resolución judicial y destacó el papel del STJ, afirmando que los jueces “despejaron cualquier tipo de duda” sobre el procedimiento. “Hoy estamos seguros de que los pasos que hemos venido dando están encuadrados dentro de la ley y de los requisitos que impone la propia Constitución”, expresó.
Melella consideró que el fallo abre “una oportunidad histórica para pensar la provincia a 30 o 50 años” e instó a un “debate de ideas serio, responsable, honesto y comprometido”. Si bien evitó responder a las críticas opositoras sobre la oportunidad de la reforma, afirmó que “esa etapa está superada” y que no se trata de una disputa política, sino de una instancia colectiva de deliberación sobre el futuro de Tierra del Fuego.
“El desafío es estar a la altura de los miles de fueguinos que hoy nos demandan un debate serio”, concluyó.
Uno de los principales opositores al proceso, el actual diputado nacional Ricardo Garramuño de Somos Fueguinos, reaccionó con dureza al comunicado oficial. A través de su cuenta en la red social X, calificó de “cínico” al mandatario y sugirió que la reforma ya estaba redactada de antemano, insinuando compromisos previos. “La población de TDF rehén de este personaje nefasto de nuestra historia”, sentenció.
La decisión del STJ se conoció en medio de un calendario electoral nacional ya en marcha. El 26 de octubre se celebrarán las elecciones legislativas, en las que se renovarán 130 bancas de Diputados y 24 de Senadores. El próximo 17 de agosto vence el plazo para la presentación de listas y la campaña comenzará oficialmente el día 27 del mismo mes.
Este año no habrá PASO, debido a su suspensión por única vez por el Congreso Nacional, lo que obliga a los partidos a definir candidaturas mediante internas cerradas o consensos previos.
En ese contexto, el aval judicial a la reforma fortalece al oficialismo fueguino de cara al armado electoral. Pero el apoyo judicial contrasta con un clima social adverso.
Una reciente encuesta de la consultora Vox Populi, realizada entre el 1 y el 3 de agosto de 2025, reveló un creciente malestar social con la gestión provincial. El sondeo, que relevó 730 casos en toda la provincia, arrojó los siguientes resultados clave:
Los datos reflejan una crisis de confianza generalizada. En Educación, los constantes paros docentes y desobligaciones han convertido a Tierra del Fuego en la provincia con menos días efectivos de clases del país. En Salud, los problemas estructurales de OSEF, con deudas y coberturas demoradas, son una fuente persistente de malestar. Y en Energía, los frecuentes cortes de luz y fallas en infraestructura deterioran la calidad de vida.
Más allá del aval judicial, la encuesta también reveló una escasa legitimidad social para el proceso constituyente impulsado por el oficialismo:
Los resultados sugieren un giro ideológico de la opinión pública, con mayor respaldo a posturas liberales en lo económico y un creciente rechazo al modelo estatista que ha predominado en la provincia durante las últimas décadas.
El fallo del Superior Tribunal de Justicia marca un punto de inflexión institucional: la reforma constitucional quedó habilitada formalmente y el Ejecutivo cuenta ahora con 210 días para emitir un nuevo decreto con fecha electoral. Pero la sentencia judicial no alcanza para despejar los interrogantes políticos y el malestar social que rodean al proceso.
