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10/07/2025
En Córdoba capital, el Concejo Deliberante se prepara para votar un proyecto de ordenanza que regula las plataformas digitales de transporte mediante un sistema de cupos. La propuesta —avalada por el oficialismo— establece un máximo de 3.998 vehículos habilitados, lo que limitaría de forma directa el acceso a aplicaciones como Uber, DiDi y Cabify. Además, exige que los autos sean modelo 2015 en adelante, y prohíbe que las tarifas sean inferiores al boleto del transporte urbano.
La respuesta de Uber fue inmediata. La empresa alertó que, de aprobarse el proyecto sin modificaciones, más de 11.000 conductores quedarían excluidos de la aplicación, lo que supondría un golpe directo a sus ingresos y una merma en la oferta para los más de 350.000 usuarios mensuales que utilizan la plataforma en esa ciudad.
Aunque Córdoba y Ushuaia transitan instancias diferentes, el modelo que se discute en la ciudad mediterránea refleja con precisión el escenario que podría repetirse en la capital fueguina si avanza la propuesta presentada por la Asociación de Propietarios de Taxis. En ese documento, se propone imponer un cupo similar al cordobés, acompañado de requisitos técnicos que hoy solo una parte minoritaria de los vehículos en circulación podría cumplir. La intención de fondo es la misma: restringir el crecimiento de las plataformas bajo el argumento de ordenar el sistema.
La diferencia está en el grado de avance institucional. En Córdoba, el tema se trata de forma abierta en el cuerpo deliberativo. En Ushuaia, en cambio, el oficialismo optó por desplazar la discusión del Concejo Deliberante hacia el Consejo Asesor de Seguridad Vial, un ámbito sin capacidad normativa, pero donde el Ejecutivo concentra el control de la agenda. Desde hace meses, el debate gira en torno a reuniones sin decisiones concretas.
Aun sin ordenanza, el riesgo es claro: si el Concejo retoma el tratamiento del tema con el proyecto de los taxistas como base, Ushuaia podría terminar aplicando una regulación muy similar a la cordobesa, con las mismas consecuencias para conductores y usuarios. El mensaje de Uber en Córdoba, más allá de sus intereses empresariales, expone el efecto práctico de legislar a partir de cupos: miles de personas quedarían afuera del sistema, y el servicio podría volverse menos accesible para quienes hoy eligen estas plataformas por necesidad o conveniencia.
En paralelo, en Ushuaia no se descartan otras soluciones alternativas —como una aplicación municipal que integre taxis, remises y transporte “punto a punto”—, pero ninguna de esas ideas avanzó en términos legislativos. Mientras tanto, la actividad de Uber sigue operando de hecho, sin un marco legal claro, sin controles efectivos, y sin participación formal en el debate institucional.
En Córdoba, la discusión sobre la regulación de las aplicaciones de transporte cobró impulso tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de esa provincia que habilitó el funcionamiento de Uber en la ciudad, luego de años de prohibición municipal.
La norma ya está en condiciones de ser tratada en el recinto durante la primera sesión de agosto, según anticipó el viceintendente Javier Pretto, quien confirmó que el proyecto cuenta con el respaldo del oficialismo municipal.
La empresa mantiene su posición de rechazo a las limitaciones propuestas y reafirma en su comunicado: "Queremos que puedas generar ganancias cómo y cuándo quieras. Siempre".
