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27/05/2026
La jueza Mariel Zanini declaró la nulidad del Decreto Provincial N.º 0751/26, mediante el cual el Gobierno de Tierra del Fuego había convocado a elecciones de convencionales constituyentes para avanzar con la reforma de la Constitución provincial. La resolución no sólo representa un fuerte revés judicial para el Ejecutivo fueguino, sino que además se produce en paralelo a otro golpe político clave: la derogación legislativa por insistencia de la ley que había declarado la necesidad de la reforma constitucional.
En su fallo, Zanini sostuvo que al momento del dictado del decreto no se encontraba cumplido el requisito de “firmeza” exigido previamente por el Superior Tribunal de Justicia en la causa “Lechman, Jorge Andrés c/ Provincia de Tierra del Fuego AeIAS s/ Acción Meramente Declarativa”, expediente N.º 4646/2024. Sobre esa base, resolvió declarar la nulidad del instrumento firmado por el Ejecutivo y extender los efectos de esa nulidad a todos los actos dictados como consecuencia “directa e inmediata” de la convocatoria electoral.
La magistrada también ordenó notificar la decisión al Poder Ejecutivo, al Ministerio Público Fiscal y a todas las agrupaciones políticas reconocidas en la provincia, remarcando la “incidencia institucional” de la medida. Además, dispuso su publicación en el Boletín Oficial y la difusión por los canales institucionales correspondientes.
El fallo llega en el marco de un creciente desgaste político del proceso constituyente impulsado por el gobernador Gustavo Melella. Lo que inicialmente fue presentado por el oficialismo como un proyecto estratégico para “modernizar” la Constitución provincial terminó derivando en una extensa disputa judicial, cuestionamientos opositores y una creciente resistencia institucional.
Ese escenario terminó impactando de lleno en la Legislatura provincial, donde finalmente avanzó la derogación de la ley que había habilitado la reforma constitucional. La decisión legislativa significó, en términos políticos, una ruptura del consenso mínimo que el oficialismo necesitaba para sostener el proceso y dejó al Ejecutivo prácticamente sin respaldo institucional para continuar con la iniciativa.
La combinación entre el fallo judicial y el retroceso legislativo configura un escenario particularmente adverso para el Gobierno provincial. Por un lado, la Justicia anuló el decreto que ponía en marcha la elección de convencionales; por otro, la propia Legislatura desactivó la herramienta legal que daba sustento político al proyecto reformista.
Más allá de las discusiones jurídicas, el episodio deja expuesta una fuerte crisis de conducción política alrededor de la reforma constitucional. El oficialismo no sólo enfrentó cuestionamientos de la oposición, sino también tensiones internas y crecientes reparos institucionales sobre la oportunidad y legitimidad del proceso en medio de un contexto económico y social complejo para la provincia.
La resolución de Zanini representa así mucho más que un fallo técnico sobre un decreto administrativo. En los hechos, termina consolidando el freno institucional a una reforma constitucional que, al menos por ahora, quedó políticamente desarticulada y jurídicamente debilitada.
