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13/04/2026
Las declaraciones realizadas por el subsecretario Marzioni sobre la posibilidad de incorporar inversiones vinculadas a la acuicultura encendieron señales de alerta en sectores ambientalistas, ante el eventual desembarco de empresas de origen chileno con antecedentes en la salmonicultura intensiva.
Desde la asociación ambientalista Mane'kenk advirtieron que la provincia estaría avanzando en la posibilidad de incorporar inversiones vinculadas a la acuicultura, incluyendo firmas de origen chileno, lo que genera preocupación por los antecedentes ambientales y territoriales que presentan este tipo de emprendimientos en la región.
Según señalaron, distintas evidencias relevadas a partir de fuentes oficiales, registros sectoriales y documentación pública permitirían advertir el avance de empresas vinculadas a la salmonicultura chilena en territorio argentino. Entre ellas mencionaron al grupo empresarial Mar Andino, de origen chileno, que opera en Perú y Argentina a través de distintas sociedades, entre ellas Idris Patagonia.
El grupo está liderado por el empresario chileno Eduardo Kipreos, con trayectoria en la industria salmonera y vínculos con el núcleo histórico del sector en la región de Puerto Montt, considerado uno de los epicentros globales de la acuicultura intensiva. En ese marco, señalaron que la expansión de este tipo de empresas hacia nuevos territorios responde a una lógica conocida: trasladar modelos productivos altamente cuestionados hacia regiones con menor regulación o menor capacidad de control estatal.
Entre los antecedentes mencionados se encuentra lo ocurrido en Perú, donde la empresa Mar Andino fue objeto de intervención por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental tras registrarse un episodio de mortandad masiva de truchas en la laguna Punrún.
De acuerdo con evaluaciones técnicas citadas, se detectaron aportes excesivos de fósforo y nitrógeno, indicadores de procesos de eutrofización con impacto directo sobre el ecosistema acuático. Como consecuencia, se dispuso la paralización total de actividades en centros de producción acuícola.
Si bien la medida fue posteriormente anulada por cuestiones procedimentales, se indicó que el episodio confirma la existencia de un conflicto ambiental de magnitud y una fuerte intervención estatal. Además, la empresa registraría múltiples resoluciones de responsabilidad administrativa en materia ambiental en ese país.
En el plano nacional, también se mencionaron antecedentes en la provincia de Neuquén, donde organismos técnicos habrían objetado la falta de estudios de impacto ambiental definitivos para la introducción de material biológico, particularmente ovas de trucha, en proyectos acuícolas.
Estas observaciones generaron tensiones regulatorias y cuestionamientos sobre la viabilidad ambiental de este tipo de emprendimientos.
El planteo advierte que la salmonicultura chilena ha sido históricamente cuestionada por sus impactos ambientales, entre ellos la contaminación por nutrientes, el uso intensivo de antibióticos, la generación de residuos y la alteración de ecosistemas acuáticos.
En ese contexto, se remarcó que Tierra del Fuego constituye un territorio de alto valor ecológico, con ecosistemas marinos y costeros particularmente frágiles y estratégicos en términos de biodiversidad y soberanía ambiental.
“La eventual instalación de emprendimientos de salmonicultura en estas aguas implica riesgos significativos, ampliamente documentados a nivel internacional, que podrían afectar de manera irreversible los equilibrios ecológicos, los usos del territorio y las formas de vida locales”, se advirtió.
Asimismo, se señaló que “no se trata solo de nuevas inversiones, sino del posible ingreso de un modelo productivo con historial de conflictividad ambiental”, y que la decisión que se adopte tendrá consecuencias directas sobre el futuro de los territorios patagónicos.
