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15/09/2025
La educación pública en Tierra del Fuego atraviesa un momento crítico. La prolongación de las medidas de fuerza del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), que incluyen paros, desobligaciones docentes y acampes, motivó que un grupo de padres autoconvocados decidiera movilizarse para exigir soluciones inmediatas.
Este miércoles, los padres se concentrarán frente a la Casa de Gobierno en Ushuaia a partir de las 10:00. Reclaman al gobernador Gustavo Melella y al ministro de Educación que garanticen la continuidad de las clases y detengan lo que consideran “atropellos contra la educación, un derecho fundamental de los estudiantes”. Según los organizadores, las constantes interrupciones afectan el aprendizaje y generan un desgaste significativo en la comunidad educativa.
Desde el lunes, el SUTEF mantiene nuevamente acampes en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, acompañados por paros de 48 horas y desobligaciones docentes. Estas medidas buscan presionar al gobierno para atender reclamos salariales y garantizar la sanción de la Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo Provincial, aún sin tratamiento legislativo.
El sindicato sostiene que las desobligaciones son un recurso legítimo para visibilizar sus demandas. Sin embargo, algunos sectores consideran que estas interrupciones afectan directamente el derecho de los alumnos a recibir clases. Incluso así lo admitió el propio gobierno.
En paralelo, la Legislatura provincial analiza un proyecto presentado por el legislador Pablo Villegas (MPF) que propone regular las desobligaciones docentes. La iniciativa establece que cualquier suspensión de tareas debe notificarse con al menos tres días de antelación y permite descontar los haberes si no se cumplen estas condiciones. Según Villegas, las desobligaciones funcionan como un paro encubierto, afectando la continuidad educativa sin consecuencias legales para quienes las implementan.
El SUTEF, en cambio, cuestiona la iniciativa, advirtiendo que vulnera la autonomía sindical y amenaza derechos laborales conquistados. Este debate legislativo se suma a la tensión que genera la continuidad de las medidas de fuerza en la provincia.
El acampe frente a la Casa de Gobierno y los cortes también provocaron críticas de cámaras empresariales y comerciantes, que advirtieron sobre pérdidas económicas y dificultades en la prestación de servicios. El empresario turístico Ángel Brisighelli calificó la medida de “una locura inentendible” y señaló que genera un “daño masivo” al turismo, al comercio y a los vecinos que no pueden transitar con normalidad.
La comunidad educativa se encuentra dividida. Algunos respaldan las medidas del sindicato como una herramienta legítima de presión, mientras que otros, especialmente padres y estudiantes, consideran que la continuidad de las clases queda comprometida. Según datos del SUTEF, más de 120 vacantes en escuelas primarias permanecen sin cubrir, lo que agrava la situación.
Por el momento, no se vislumbra una solución inmediata. El gobierno provincial mantiene un canal de diálogo, aunque sin avances concretos, mientras que el SUTEF anunció la continuidad de las medidas de fuerza hasta obtener respuestas satisfactorias a sus demandas. Los padres autoconvocados, en tanto, aseguran que seguirán movilizándose hasta que se garantice el derecho a la educación de sus hijos.
La falta de consenso entre gobierno y el sindicato que comanda Horacio Catena genera un escenario complejo que requiere medidas urgentes para asegurar la normalidad en las aulas y el derecho de los estudiantes a una educación efectiva.
